Dina Boluarte promulgó ampliación del Reinfo sin observaciones, pese a opinión en contra del Ministerio del Ambiente

Ante la masacre de Pataz, donde 13 mineros fueron asesinados, la mandataria Dina Boluarte y otros ministros se han mostrado en contra del Registro Integral de formalización Minera (Reinfo). Incluso, anunció la suspensión de la actividad minera por un plazo de 30 días donde se excluiría a todos ellos con condición de ‘suspendidos’. “Mano dura para estos delincuentes criminales”, dijo entonces, sin recordar que, en su momento, el Ejecutivo promulgó la ampliación de esta figura sin ninguna observación.

Si bien previo a su publicación el premier Gustavo Adrianzén aseguró que estaban esperando los informes de los especialistas, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, ya había adelantado que no la observarían y recomendaban su promulgación. “Esperamos que los distintos sectores terminen con las evaluaciones correspondientes y logremos el consenso para no observar la autógrafa de ley", dijo. No obstante, lo que no se conocía y se ignoró fue la opinión en contra del Ministerio del Ambiente (Minam).

El informe de la Dirección General de Diversidad Biológica del Minam advirtió el pasado 10 de diciembre, 17 días antes de ser promulgada, que “las iniciativas que se han promovido para el proceso de formalización minera, en los últimos veinte años, no han obtenido resultados específicos y sus prórrogas recurrentes han generado que los serios impactos al ambiente y a la salud se mantengan en el transcurso de todo este tiempo”.

Asimismo, mencionaron que los estudios realizados por la propia cartera en 2011 y evidencia recopilada en diversas regiones de la Amazonía, como Madre de Dios, dan cuenta de los serios impactos negativos sobre la biodiversidad. Estos efectos se manifiestan tanto en los ecosistemas como en sus componentes abióticos, que incluyen el suelo, el agua, el oxígeno, la temperatura y la luz, así como en los componentes bióticos, es decir, los organismos vivos que interactúan en estos entornos, como la flora, la fauna y los microorganismos. Es decir, la actividad minera aurífera afecta tanto los ambientes terrestres como los acuáticos, alterando profundamente su equilibrio natural.

La reciente matanza de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, ha puesto en evidencia la creciente violencia asociada a la minería ilegal. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una galería subterránea, con signos de haber sido torturados. Este trágico suceso no solo conmocionó al país, sino que también subrayó la incapacidad de las autoridades para controlar un fenómeno que se ha extendido por las regiones ricas en minerales.

El auge de la minería ilegal en Perú está estrechamente vinculado al incremento del crimen organizado y al Reinfo. Si bien fue concebido inicialmente como una herramienta temporal, con un plazo excepcional de 24 meses, para ordenar la actividad minera, desde su implementación, ha sido prorrogado en al menos cinco ocasiones por el Congreso y el Ejecutivo, lo que ha derivado en un sistema que, según críticos, no solo es ineficaz, sino que también ha sido utilizado para blanquear oro extraído de manera ilegal, dado que esta figura impide la incautación de materiales utilizados en la minería ilegal, lo que dificulta la lucha contra este delito.

Según una investigación publicada por Ojo Público, entre 2021 y 2023, más de 5.800 personas y empresas inscritas en este registro incumplieron con la obligación de presentar reportes semestrales sobre su producción de oro. Cabe mencionar que la minería ilegal no solo genera graves daños ecológicos, como la deforestación y la contaminación de ríos con mercurio, sino que también está vinculada a problemas como el trabajo infantil, la explotación laboral y el financiamiento de redes criminales.