Colaborador eficaz involucra al general Víctor Zanabria en red criminal del ‘Pataz del Sur’ y pagos a mineros ilegales

El nombre del general Víctor Zanabria figura con fuerza en las conferencias del Gobierno y en las ruedas de prensa sobre seguridad. Representa la autoridad de la Policía Nacional del Perú, sostiene reuniones con la presidenta Dina Boluarte y es presentado como pieza clave en las operaciones del Estado. Pero fuera de los salones oficiales, otro relato circula por los pasillos de la Fiscalía. Uno que lo vincula directamente con redes criminales en una de las zonas más conflictivas del sur del país.

En la provincia de Caravelí, Arequipa, la disputa por las minas de oro generó una cadena de asesinatos, corrupción y violencia. En medio de ese escenario, en 2020, Zanabria fue designado jefe policial regional. Desde entonces, su figura aparece en varios testimonios de quienes dicen conocer el funcionamiento interno de los grupos criminales, algunos de ellos hoy testigos protegidos y colaboradores eficaces. Según informó Panorama, las versiones apuntan a que Zanabria favoreció a mineros ilegales, encubrió delitos y manipuló información clave para garantizar impunidad.

El reportaje emitido por el dominical reunió varios de estos testimonios y documentos presentados ante la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Arequipa. La versión que emerge es frontal: el jefe policial habría sido parte de una red que operaba en favor de intereses privados, entrelazando a la fuerza pública con grupos de extracción ilegal de oro.

La primera versión contundente proviene de un colaborador eficaz que formó parte de los sicarios encargados de eliminar a quienes se interponían en las concesiones mineras. En su declaración fiscal, sostiene que “el general Sanabria arreglaba con todos, con ambos mandos. Por eso, antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuando subía la PNP y todos fugábamos”. La coordinación con ambos lados del conflicto –mineros informales y formales, muchos también señalados por actividades delictivas– habría permitido un funcionamiento sin interrupciones para el negocio.

Un testigo policial, actualmente con identidad protegida, explicó que la policía intervenía solo para simular seguridad o establecer un supuesto orden. Según su testimonio, se manipulaban registros de ataques o amenazas en zonas de conflicto, con el objetivo de justificar estados de emergencia. “Así es que se registraban en los cuadernos de ocurrencia o las denuncias en las comisarías del sector, para de esa manera poder justificar tener el estado de emergencia permanente”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles de las acusaciones se relaciona con los presuntos pagos al general Zanabria. Según el colaborador eficaz, los beneficios para el jefe policial no eran solo políticos. “Él cobraba directamente, él viajaba todas las semanas, cada 15 días en forma directa a la zona de conflicto”, declaró un testigo policial en Panorama. Cuando se le preguntó qué tipo de pagos se realizaban, fue directo: “Efectivo y mineral. Oro en oro”.

La acusación más grave llega con un episodio fechado en diciembre de 2020. En medio de un tiroteo entre grupos rivales, un hombre fue asesinado y luego enterrado con explosivos en un terreno controlado por una de las mineras involucradas. La versión del colaborador eficaz, presentada ante la Fiscalía, detalla que “en una frazada lo botan al hueco que se había hecho con explosivos. Luego, le meten y vuelven a dinamitar”.

Tras este crimen, uno de los implicados –conocido como Kalule– se comunicó, según la declaración, con representantes legales de la minera. La respuesta fue clara: “La abogada le dice que no hay problema. Acá está controlado con la policía”. La policía, según los testimonios, estaba presente en el campamento y no intervino. “Es imposible que no hayan escuchado desde el campamento el tiroteo”, añade el colaborador.

El general Zanabria respondió a las acusaciones cuando fue consultado por el equipo del dominical. Negó su participación y sostuvo que la Fiscalía ya archivó la investigación en su contra. “La Fiscalía archivó el caso porque el colaborador dio una fecha en la que yo estaba en Jordania y se cayó toda la investigación”, declaró.

Pero varios de los policías que testifican aseguran que las declaraciones que involucran al general continúan en evaluación. Además, se cuestiona cómo Zanabria conoce detalles específicos de las versiones protegidas, como fechas y lugares, si estas son reservadas

El reportaje también señala que, durante la investigación, Zanabria habría cambiado al personal clave en la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) en Arequipa, designando a un oficial cercano a su entorno personal. Este movimiento encendió alertas dentro del Ministerio Público sobre una posible interferencia en las pesquisas.