El alcalde del distrito de Pataz, Segundo Armas Villalobos, expresó su descontento tras la reciente visita de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de las acciones para reforzar el estado de emergencia y combatir la minería ilegal y el crimen organizado en la región. El burgomaestre acusó a la mandataria de desairar a las autoridades locales, mineros artesanales y pobladores que buscaban dialogar con ella.
En declaraciones a Exitosa, manifestó su indignación al señalar que Boluarte ingresó a las instalaciones de la empresa minera Poderosa, ignorando a la comisión que había sido formada para transmitirle las preocupaciones de la población. “Nos ven la cara de cholitos o nos ven la cara de cojudos, y debo decir en este tono: hoy, indignado, voy a decir que Dina no nos representa”, afirmó.
Según detalló el alcalde, las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la minería ilegal, entre ellas la suspensión de toda actividad minera durante 30 días en los distritos de Pataz, Tayabamba y Parcoy, han generado un profundo malestar en la población, que se siente ignorada y afectada. “No hay un cambio real. Por eso, hoy en día existe un resentimiento total en la población que ha llevado a tomar decisiones como paralizar todo tipo de actividad”, declaró.
Al respecto, el alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, denunció que es víctima de graves amenazas de muerte en los últimos días. En declaraciones a Canal N, el burgomaestre responsabilizó al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte en caso de que se concreten los ataques. “Estoy siendo amenazado por delincuentes, criminales, terroristas. No voy a decir minería ilegal, porque si un minero ilegal empieza a amenazar o extorsionar, deja de ser minero ilegal y pasa a ser criminal”, expresó.
“Me han llegado mensajes que me van a asesinar con balas en la nuca. No tengo miedo. Sé que Dios me cuida. Si eso ocurriese, el único responsable creo que es el Gobierno central por hacer cero contra la criminalidad”, agregó.
El burgomaestre señaló que los responsables de estas amenazas no pueden ser considerados simplemente como mineros ilegales, sino como delincuentes y terroristas. “No voy a decir minería ilegal, porque si un minero ilegal empieza a amenazar o extorsionar, deja de ser minero ilegal y pasa a ser criminal”, declaró. Además, criticó la falta de acción por parte del Estado frente al avance de la criminalidad en su provincia y en otras partes del país. Según Mariño, la situación de inseguridad que se vive en Pataz no es un caso aislado, sino que refleja un problema generalizado en el Perú, mencionando específicamente a ciudades como Trujillo y Lima.
Al respecto, la psicóloga Rossmary Malpartida aseguró que entre las medidas enfocadas en combatir la criminalidad en la zona también es urgente garantizar la salud mental de los familiares de las víctimas, autoridades e incluso de la misma población, pues la tragedia ocurrida arrastra secuelas. Consideró que el Ministerio de la Mujer y el Minsa, a través de los Centros Comunitarios de Salud Mental, ubicados en las diferentes partes del país, deben contactarse con los familiares cercanos de las víctimas e iniciar un proceso de acompañamiento.
Asimismo, indicó que se les debe dar atención psicológica a los trabajadores de la minera, ya que una situación de violencia genera estrés y ansiedad. “Está demostrado que la terapia grupal ayuda a los trabajadores a reducir el estrés, miedo, ansiedad y fortalecer su salud emocional y mental”, sentenció.
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