23 años de formalización minera fallida: del oro ilegal al crimen organizado y la impunidad del Reinfo

“Juntos, unidos, como patriotas, daremos batalla contra el crimen organizado y contra la minería ilegal que está matando a nuestras hermanas y hermanos”. Esas fueron las palabras que la presidenta Dina Boluarte dio en la reunión que sostuvo con el escuadrón especial de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que llegaron a Pataz para resguardar la zona y evitar el avance, la minería ilegal.

La llegada de la presidenta a la provincia de La Libertad se da en medio de una creciente tensión por los anuncios del Ejecutivo con el fin de brindar más seguridad: Toque de queda y la suspensión de actividades mineras por 30 días.

Estas medidas se dan luego de la ejecución de 13 trabajadores de seguridad en un socavón de la minera Poderosa, en lo que sería una represalia de las bandas criminales de mineros ilegales que existen en la región.

La mandataria atribuyó esta masacre a Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como ‘Cuchillo‘, un delincuente con amplio historial criminal y operador de mineros informales. Alias ‘Cuchillo’ logró huir a Colombia.

Lo cierto es que, durante más de dos décadas, el Perú ha vivido bajo la ilusión de que la minería artesanal e informal puede ser formalizada progresivamente con acompañamiento técnico y legal.

Sin embargo, ese objetivo ha derivado en un sistema colapsado que, lejos de frenar la ilegalidad, ha servido para blindar actividades criminales y generar una ola de violencia que, en lugar de parar, se incrementa. El corazón de este problema tiene un nombre: Reinfo, el Registro Integral de Formalización Minera.

La masacre en Pataz ha generado un terremoto en el Ejecutivo. Mientras que en el Congreso, las bancadas se enfocaban en reunir firmar para la censura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pocos era los parlamentarios que pedían el fin del Reinfo.

Otra noticia que pasó casi desapercibida es que el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Reinfo.

La sentencia se emitió el 22 de abril, 3 días después, el 25 las familias de los 13 trabajadores denunciaban su desaparición ante las autoridades y los medios de comunicación. Sus cuerpos fueron rescatados por sus mismos compañeros, casi una semana después, el 5 de mayo.

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) nació con la intención de acompañar a los mineros en el cumplimiento progresivo de las exigencias legales. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta herramienta se ha convertido —en palabras de la abogada y vocera ilegal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Karina Garay— en un “escudo legal” para la minería ilegal y, en consecuencia, para el crimen organizado.

Según explicó la abogada en una entrevista con Infobae Perú, basta con que un minero se inscriba en el Reinfo para estar protegido de procesos penales, incluso si no cumple con las obligaciones ambientales, laborales o técnicas. El artículo 307-A del Código Penal impide sancionar penalmente a quien figure en dicho registro, aunque incurra en prácticas propias de la minería ilegal.

“Se le pone un límite a las autoridades como son la Fiscalía, la policía, los mineros en el Reinfo no pueden ser sancionados penalmente y es ahí donde se convierte esta actividad minera formal, entre comillas, se convierte en ilícita. Porque aprovecha de estos beneficios de la ley, tanto de formalización minera, como de como el propio artículo 307 - A del Código Penal para realizar la minería ilegal, a diestra y siniestra, sin que te pueda caer una sanción penal. Entonces, este es el desorden que ha ocasionado este proceso de formalización minera interminable, que ya lleva consigo 22 años” señaló la especialista.

Este problema se traslada a las empresas mineras formales o aquellos mineros que tienen una concesión con todos los permisos cuando tercerizan sus zonas de explotación.

“Estos terceros no son responsables de ningún requisito legal, ningún deber ambiental, ni laboral. Es más, quienes extraen pagan a estas personas que les han alquilado y en muchos casos no quieren retirarse. Invadieron el lugar, no se retiran y ahí ya se empiezan a formar como organizaciones criminales. Estas mafias empiezan a tener personas de seguridad, por ejemplo, quienes les dan protección, quienes se enfrentan incluso a fuerzas del orden, se enfrentan a ellos y se empieza a convertir en un caos”, agregó.

Lo que explica Karina relata lo ocurrido en Pataz. Los 13 trabajadores asesinados que eran parte de una empresa de seguridad R&R, que casualmente pertenece a Policías en actividad.

Los testimonios de la masacre, que salieron a la luz días después, señalan que los trabajadores fueron emboscados después de tener un enfrentamiento con mineros ilegales. También indican que los dueños de la empresa y la minera Poderosa estaban al tanto de la situación.

Lo que hace más indignante esta matanza, es que cuando los compañeros de los mineros asesinados fueron a reportar el hecho a sus jefes, les ordenaron no decir nada, pues estaban negociando el “rescate”.

Luego se supo que el mismo día del secuestro, los mataron.

En este punto surge otra pregunta: ¿Cómo es que armamento de guerra cae en manos de mineros ilegales y de las personas que los protegen?

La respuesta está en el Congreso de la República y el uso de explosivos. Una norma eliminada por presión de grupos mineros permitía excluir del Reinfo a quienes no declaraban adecuadamente el uso de materiales peligrosos.

Su derogación facilitó el acceso de mineros informales e ilegales a dinamita y otros insumos, que ahora también son usados con fines delictivos, como atentados contra infraestructuras eléctricas.

“¿Qué hizo el Congreso? La derogó. Por propia presión de los mineros. Entonces, no es posible que se permita que personas que se supone realizan una actividad económica para bien de ellos, que es la minería, tengan todo este tipo de explosivos, que vemos que se están utilizando para actos criminales", agregó.

A esto se suma la falta de fiscalización efectiva. A pesar de que existen normas para el control de insumos químicos, maquinaria y combustible, las autoridades no tienen capacidad logística ni recursos para supervisar el movimiento de estos elementos, fundamentales en la cadena de extracción y procesamiento del oro ilegal.

El caso de Pataz, en La Libertad, donde recientemente se perpetró la masacre de 13 trabajadores mineros, es solo uno de muchos ejemplos. Garay indica que este patrón se repite en otras regiones como Cusco, Puno, Huánuco, Amazonas y, sobre todo, Madre de Dios, donde el control del Estado es casi inexistente y la violencia vinculada a la minería ilegal es cotidiana.

“La minería ilegal no viene sola. Trae consigo sicariato, trata de personas, extorsiones y homicidios. Se convierte en un foco de criminalidad extrema”, comentó.

El abogado y consultor en temas ambientales César Ipenza, una de las voces más autorizadas en la materia, sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional —que mantiene el actual marco normativo del Reinfo— no solo es un retroceso en la protección ambiental, sino también una “carta blanca para la minería ilegal disfrazada de informalidad”.

“El fallo va en contra de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y contradice el mandato de promover el desarrollo sostenible de la Amazonía”, advirtió Ipenza en entrevista reciente. Para el especialista, la norma vigente no solo perpetúa el desorden, sino que promueve prácticas que afectan directamente a comunidades vulnerables, recursos naturales y el Estado de derecho.

Uno de los puntos más críticos que señala Ipenza es el uso del Reinfo como un documento que “blanquea” oro ilegal. Los mineros informales extraen material en zonas no autorizadas, como ocurrió en Pataz, y lo transportan o comercializan amparándose en papeles del Reinfo, dando una apariencia de legalidad a un producto ilícito.

“El Reinfo permite que se blanquee oro de origen ilegal. No es solo un registro de buena fe, se ha convertido en una herramienta para disfrazar y mover el producto del crimen”, advirtió.

Este uso fraudulento tiene consecuencias graves. El oro que se extrae en zonas prohibidas o mediante prácticas destructivas termina en mercados formales, locales o internacionales, sin que exista un mecanismo efectivo de trazabilidad que permita conocer su origen real.

Para Ipenza, el fracaso del proceso de formalización tiene causas estructurales. La primera es la incapacidad del Estado para diferenciar entre verdaderos mineros artesanales y operadores vinculados a redes criminales. La segunda, una burocracia ineficiente, alojada principalmente en el Ministerio de Energía y Minas, que hizo inviable la exclusión de quienes no cumplían los requisitos del proceso.

“El Estado no ha tenido capacidad para identificar a los informales auténticos y excluir a los que se beneficiaban del sistema. El Reinfo fue capturado por quienes querían operar con total impunidad”, sostuvo.

En paralelo, ninguna autoridad política —ni en el Congreso ni en el Ejecutivo— ha sido capaz de cerrar el ciclo y presentar una alternativa eficaz. Pese a que el proceso de formalización vence el 30 de junio de este año, ya se ha anticipado una nueva ampliación hasta diciembre. Así, el círculo vicioso se prolonga por vigésimo tercer año consecutivo.

El abogado también envía una contundente respuesta para aquellos que exigen que este registro continúe y que usan como argumento central que afecta el medio de vida de los mineros que no han logrado formalizarse.