Gobierno implementa medidas extraordinarias para combatir la minería ilegal en Pataz y La Libertad

El Ejecutivo ha emitido un Decreto de Urgencia que establece una serie de medidas urgentes y extraordinarias para enfrentar la creciente minería ilegal en el distrito de Pataz, en la región La Libertad. Este distrito, declarado en estado de emergencia, ha sido escenario de violencia y crimen organizado vinculado a la minería ilegal, lo que ha generado un clima de inseguridad y ha impactado gravemente en el desarrollo social y económico de la zona. Ante este panorama, el Gobierno ha decidido intervenir de forma coordinada, con un presupuesto de más de S/ 52 millones, destinados a fortalecer las acciones de fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos y productos mineros.

Las acciones incluyen la implementación de nuevos mecanismos de control y la instalación de puestos de fiscalización, así como la revocación automática del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para aquellos involucrados en irregularidades. Además, se ha autorizado la creación de un sistema piloto de trazabilidad para el oro, con el objetivo de controlar todas las etapas de su comercialización, desde la extracción hasta su venta final. El Decreto también contempla la contratación excepcional de personal y el refuerzo de las capacidades operativas de diversas instituciones clave para la lucha contra la minería ilegal.

El Gobierno ha establecido una serie de medidas enfocadas en frenar la minería ilegal en la región de Pataz, principalmente a través de un control más riguroso de las actividades mineras. El Decreto de Urgencia autoriza la creación de rutas fiscales obligatorias y la instalación de puntos de control estratégicos en lugares clave como Shicun, Calquiche y Pamparacra, donde se controlará el transporte de insumos químicos, explosivos, maquinaria y productos mineros. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tendrá la responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, con el apoyo de las fuerzas de seguridad y otras entidades del Estado.

Estas acciones se suman a un enfoque integral que incluye la fiscalización de las actividades mineras y la revocación de las inscripciones en el REINFO de aquellas empresas o individuos que no cumplan con los requisitos establecidos. Se buscará principalmente evitar el uso de recursos fuera de los límites permitidos y la comercialización de minerales cuya procedencia no sea clara.

Para ejecutar estas medidas, el Ejecutivo ha dispuesto la transferencia de S/ 52,5 millones del presupuesto público 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta suma se distribuirá entre diversas entidades del Estado involucradas en la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado. Entre los recursos asignados, se destacan S/ 14,6 millones para personal y obligaciones sociales, S/ 34,1 millones para bienes y servicios, y S/ 2,2 millones para otros gastos corrientes. Asimismo, S/ 1,4 millones se destinarán a la adquisición de activos no financieros, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones involucradas.

El financiamiento permitirá que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y otras entidades esenciales participen activamente en la implementación de las medidas de control. Esta movilización de recursos tiene como objetivo recuperar el control territorial en la región y garantizar la trazabilidad de las actividades mineras.

Una de las medidas más destacadas de la norma es la revocación automática del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para aquellos titulares de concesiones mineras que presenten inconsistencias en sus declaraciones de producción o en la procedencia de los minerales transportados. El MINEM verificará estos datos a través de informes técnicos y legales, junto con las autoridades correspondientes como la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

Además, el Decreto de Urgencia establece sanciones severas para quienes no cumplan con los requisitos establecidos, como la imposición de multas y la suspensión de la habilitación vehicular. Las autoridades tendrán la potestad de aplicar medidas preventivas, como la retención y el internamiento de los vehículos involucrados en actividades ilegales, garantizando así un control más estricto del transporte de minerales y productos relacionados con la minería ilegal.

El control de la comercialización del oro es otro de los aspectos clave de la nueva estrategia. En este sentido, el MINEM implementará un sistema piloto de trazabilidad en un plazo de 90 días. Este sistema permitirá rastrear el oro a lo largo de toda la cadena productiva, desde su extracción hasta su venta, garantizando que los productos comercializados provengan de fuentes legales. El proceso será supervisado por la SUNAT y la SUTRAN, quienes se encargarán de verificar que todas las operaciones de compra y venta sean transparentes y registradas adecuadamente.

El oro extraído de manera ilegal será identificado y segregado mediante un sistema de seguimiento digital, lo que facilitará su trazabilidad. Además, todas las operaciones deberán ser registradas en la plataforma “QORI”, que funcionará como un sistema de declaración jurada para los involucrados en la comercialización del oro. Este sistema piloto, que abarcará todo el proceso, permitirá a las autoridades detectar rápidamente cualquier irregularidad en la cadena de comercialización y aplicar las sanciones correspondientes.