El nuevo aeropuerto Jorge Chávez no tendría las instalaciones adecuadas para la unidad antidrogas

A pocos días de la apertura oficial del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el congresista Alfredo Azurín Loayza denunció que la sede de la División de Prevención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú presenta serias deficiencias que comprometen la labor operativa contra el narcotráfico.

El parlamentario afirmó que, pese a las alertas realizadas en tres oportunidades a Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del terminal aéreo, no se han corregido los problemas que afectan directamente a los efectivos policiales asignados a la zona. La ausencia de duchas, el uso de drywall en los calabozos y habitaciones son algunos de los puntos críticos.

Durante su más reciente inspección, el congresista Alfredo Azurín alertó sobre las condiciones en las que deberá operar la unidad antidrogas de la PNP en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Según denunció, los ambientes previstos inicialmente como celdas de detención temporal han sido adaptados como dormitorios "improvisados", ante la falta de espacios acondicionados para albergar al personal. “Lo que han puesto para el calabozo se ha convertido obligadamente en cuartos”, afirmó.

El parlamentario también cuestionó que estas áreas estén construidas con paneles de drywall, un material que, según explicó, pueden funcionar para una retención momentánea pero no para el resguardo seguro de detenidos.

A diferencia del anterior terminal, que contaba con un calabozo apropiado, el nuevo espacio carecería de infraestructura que garantice condiciones mínimas de seguridad en este aspecto. Para Azurín, operar en estas condiciones compromete tanto la seguridad como la efectividad de las intervenciones policiales.

Otro punto observado es la ausencia de duchas para el personal de la División Antidrogas, quienes manipulan sustancias ilícitas durante los operativos. El legislador advirtió que esta carencia representa un riesgo sanitario para los agentes, ya que quedan expuestos a residuos contaminantes y agentes tóxicos sin contar con un lugar adecuado donde asearse tras cada intervención. “Abren la droga y se contaminan con el polvo que contiene la cocaína. No tienen ni una ducha”, declaró.

Además, los efectivos deben recorrer largas distancias dentro del terminal para realizar tareas básicas como el lavado de manos o el aseo corporal. Según explicó Azurín, los policías deben desplazarse hasta zonas como los counters o salas de embarque, lo que no solo afecta su bienestar, sino que también retrasaría su tiempo de respuesta frente a situaciones críticas.

Este no es el primer llamado de atención sobre el tema. En febrero de este año, Azurín ya había advertido que la ubicación de la Dirandro dentro del nuevo Jorge Chávez generaría problemas logísticos. La distancia entre su sede y las zonas de control operativo puede superar el kilómetro de recorrido interno, lo que dificultaría una reacción inmediata en casos de incautaciones o detenciones.

La denuncia no es nueva. Azurín recordó que esta es la tercera vez que visita el nuevo terminal para verificar las condiciones de trabajo de la unidad antidrogas. Indicó que, desde su primera inspección, ha hecho llegar las observaciones tanto a LAP como al Ejecutivo, sin obtener respuestas ni correcciones. “Han pasado más de tres meses desde mi primera visita y la situación no ha cambiado”, señaló.

En ese sentido, el congresista exigió públicamente al Ministerio del Interior (Mininter), al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y a los representantes de Lima Airport Partners que atiendan los reclamos. “No podemos permitir que un aeropuerto de primer nivel funcione sin condiciones mínimas de seguridad y operatividad para la Policía Nacional”, subrayó.

La inauguración oficial del nuevo aeropuerto Jorge Chávez está prevista para el 1 de junio, y se espera que concentre el 100 % de vuelos internacionales en una primera fase. Sin embargo, las condiciones actuales de la Dirandro generan preocupación sobre la capacidad de respuesta frente al tráfico ilegal de drogas en uno de los puntos de ingreso más importantes del país.