Adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados como adultos por delitos graves: Gobierno promulga nueva ley

Frente a la creciente ola de criminalidad, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32330 que fue aprobada recientemente por el Congreso de la República y que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de mayo de 2025.

Con esta reforma, el Estado peruano busca responder a los delitos cada vez más violentos en los que participan adolescentes, quienes hasta ahora eran sancionados con medidas socioeducativas incluso en casos de extrema gravedad. La ley también establece un tratamiento penitenciario diferenciado para este grupo etario, orientado a su posible rehabilitación.

La ley modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves. Entre los más de 30 tipos penales incluidos figuran el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas y delitos vinculados al terrorismo y al narcotráfico.

Asimismo, la responsabilidad penal se aplicará sin necesidad de un régimen especial, aunque se podrá considerar la edad del infractor para atenuar la pena en ciertos casos. Para delitos de alta gravedad, la sanción ya no será únicamente educativa, sino que podrá conllevar pena privativa de libertad según las reglas del sistema penal ordinario.

El cambio legal introduce un sistema de tratamiento penitenciario específico para internos de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y científico. Este sistema incluirá acciones terapéuticas, educativas y de desarrollo personal, con la finalidad de reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social de los jóvenes infractores.

Los adolescentes condenados serán separados de los adultos en los centros penitenciarios, y se implementarán programas adecuados a sus características personales. Esta separación —conocida como sistema de individualización científica— busca evitar influencias negativas y propiciar un entorno rehabilitador, sin que ello excluya sanciones severas para los crímenes más graves. En casos como el sicariato o la violación sexual seguida de muerte, la pena puede ser de hasta ocho años de internamiento.

El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, fue enfático en justificar la necesidad de esta reforma. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, expresó.

Además, destacó que este nuevo marco legal no solo endurece las penas, sino que también promueve una reinserción responsable: “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”. Desde el Congreso, la norma ha sido presentada como una respuesta firme frente a la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado y un paso clave para recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana.

Según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef), más de 640 homicidios se han reportado en el país solo en los primeros meses de 2025, una cifra que representa un incremento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte evidencia una preocupante escalada de violencia que ha generado alarma en las autoridades y en la población.

A pesar de las medidas adoptadas, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la criminalidad continúa creciendo y afectando a diversas regiones, lo que pone en duda la eficacia de las actuales políticas de seguridad. En este contexto, el Congreso ha buscado reforzar la legislación penal, como con la reciente ley que endurece las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves, con el objetivo de frenar una tendencia que no da tregua.