Toque de queda en Pataz: el Gobierno impone inmovilización nocturna en tres distritos mineros

El Gobierno del Perú prorrogó, mediante el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, el estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, por un período adicional de 30 días calendario, a partir del 9 de mayo de 2025. La medida fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte junto a los ministros del Interior, Defensa, Justicia, Energía y Minas, y el presidente del Consejo de Ministros.

Durante este nuevo periodo, las Fuerzas Armadas asumen nuevamente el control del orden interno, con apoyo operativo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Esto incluye la posibilidad de restringir derechos fundamentales, como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la seguridad personal.

La decisión fue sustentada en informes reservados emitidos por la Policía Nacional y la Región Policial La Libertad, los cuales advirtieron sobre la continuidad de graves amenazas al orden interno, principalmente asociadas a la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos que involucran violencia extrema con fines de dominio territorial.

En el marco de la prórroga del estado de emergencia, el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM establece la inmovilización social obligatoria, también conocida como toque de queda, en tres distritos clave de la provincia de Pataz: Pataz, Parcoy y Tayabamba. Esta medida rige diariamente desde las 18:00 hasta las 06:00 horas, restringiendo completamente la circulación de personas durante ese horario.

Las disposiciones excepcionales detalladas en el artículo 3 del decreto contemplan ciertas excepciones limitadas:

• Personal de servicios esenciales: salud, energía, agua, telecomunicaciones, limpieza pública, combustibles, seguridad, y servicios funerarios.
• Atención médica urgente: se permite el desplazamiento peatonal o vehicular para personas en riesgo de vida o salud, así como para adquirir medicamentos.
• Farmacias y boticas: pueden operar de acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes.

La medida tiene como finalidad disuadir las operaciones nocturnas de redes criminales, y fue impulsada tras los informes de inteligencia policial que identificaron la noche como franja horaria crítica para el movimiento de actores armados vinculados a la minería ilegal y otras actividades delictivas.

La decisión del Ejecutivo de prorrogar el estado de emergencia en Pataz se fundamenta en informes oficiales que describen una escalada de violencia armada, protagonizada por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y sus actividades conexas. Según el Informe N.º 113-2025-COMOPPOL-PNP y otros documentos reservados citados en el decreto, estas organizaciones emplean fuerza letal para asegurar el control territorial, afectando gravemente la seguridad ciudadana y el orden interno.

Las autoridades señalan que la provincia de Pataz —particularmente en distritos como Parcoy, Tayabamba y el propio Pataz— se ha convertido en un foco de operaciones criminales, donde bandas armadas se enfrentan por el dominio de zonas auríferas. Este fenómeno ha desbordado la capacidad de la PNP, lo que ha motivado que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en cada extensión del estado de emergencia desde febrero de 2024.

El nivel de violencia en la zona incluye secuestros, ejecuciones, amenazas a civiles y a trabajadores mineros, además de la manipulación de infraestructura y caminos rurales para obstaculizar intervenciones estatales. La Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, así como la Región Policial La Libertad, destacan que el accionar de estos grupos presenta características de crimen organizado transregional, lo que exige medidas excepcionales de contención.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores mineros en un socavón de Pataz reveló la dimensión extrema de la violencia que afecta la zona. Según el Ministerio Público de La Libertad, los resultados de las necropsias indican que los mineros habrían sido ejecutados entre el 25 y 26 de abril de 2025, es decir, unos ocho días antes de ser encontrados. Todos presentaban disparos en el cuello, estaban desnudos y con los brazos atados, según un video difundido en redes sociales y entregado por familiares a la Policía Nacional.

Los familiares denunciaron públicamente que la PNP ya tenía conocimiento previo del paradero y la situación de los secuestrados, pero no actuó de manera oportuna. En declaraciones a Exitosa, uno de ellos afirmó: “Desde un comienzo les dijimos que ellos se encontraban en el mismo punto porque a ellos nunca los movieron. Fueron asesinados la noche del secuestro. Nunca hicieron caso a la información que les brindamos”.

El caso generó un amplio rechazo social cuando se conoció que, según las propias víctimas indirectas, la Policía no fue quien encontró los cuerpos, sino que fueron los compañeros de trabajo de la empresa minera R&R, quienes dieron aviso a las familias. Posteriormente, recién se oficializó el hallazgo por parte de las autoridades.

La indignación aumentó luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sugiriera en una conferencia de prensa que el secuestro podría no haber sido real. “Nos preocupa que esta información sea cierta (...) No hay ninguna denuncia hasta el momento”, declaró el 29 de abril, pese a que los familiares ya reportaban la desaparición de los trabajadores.