
Los esfuerzos por fomentar el crecimiento y desarrollo de nuestra economía, más aún en un escenario externo revuelto producto de las decisiones de política arancelaria de los EE. UU., no se hacen esperar. No obstante, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento del 4% para 2025, el Banco Mundial estima que la economía peruana crecería apenas un 2.9%, debido a la desaceleración de la economía global.
En este contexto, la colaboración público-privada resulta fundamental para identificar aspectos de mejora que impulsen diversas actividades productivas, así como para acelerar la ejecución de proyectos y obras públicas, contribuyendo así al cierre de brechas sociales. Hacia 2024, la cantidad de obras paralizadas superaba las 2,600, de las cuales el 70% se concentraban en municipalidades del interior del país.
Desde el Ejecutivo se promueven espacios colaborativos donde se exponen aportes y experiencias, además de herramientas y medidas de política adecuadas para agilizar el dinamismo de nuestra economía. No obstante, también existen casos en los que se plantean acciones dominadas por tentaciones proteccionistas: la suspensión de negociaciones comerciales en curso, como en el caso del TLC con la India, o el establecimiento de derechos específicos a las importaciones de confecciones, particularmente desde China.
Con total irresponsabilidad, y tratando de sorprender a técnicos de línea como los del Mincetur y el Ministerio de Economía y Finanzas, algunos pretenden imponer medidas fallidas que terminan perjudicando al consumidor y al bienestar general de la economía, bajo el pretexto de la coyuntura de guerra comercial que atraviesa el mundo.
Parte del éxito de la política comercial de apertura e integración con el mundo han sido los TLC. Estos han permitido diversificar nuestra oferta exportable —especialmente en productos de mayor valor y generación de empleo— y acceder a bienes a precios competitivos, tanto para el consumo como para fortalecer la industria local. Hoy contamos con 22 acuerdos comerciales que nos conectan con 58 países, accediendo a sus mercados con preferencias arancelarias y atrayendo inversiones.
Aprovechar la coyuntura para encarecer las importaciones de determinados productos no solo es irresponsable, sino que también atenta contra la imagen de un país que respeta las reglas de juego del mercado. Sugerir la imposición de medidas de este tipo sin una evaluación técnica previa por parte de las entidades competentes —que investigue y compruebe la existencia de prácticas desleales en el comercio internacional— nos expondría a represalias comerciales por parte de uno de nuestros principales socios.
Quienes proponen estas medidas dicen querer combatir la subvaluación y el contrabando. Nada más alejado de la realidad. Esos son delitos que deben combatirse en las aduanas, a través de fiscalizaciones e intervenciones de la Policía Nacional, no mediante la imposición de sobrecostos a las importaciones, que finalmente pagarían los consumidores.
Los espacios público-privados son fundamentales para contribuir a la mejora de la competitividad de nuestra economía. Funcionarios del Ejecutivo y representantes del sector privado trabajan arduamente por mejorar el desempeño económico desde su experiencia. Mal haríamos en darle cabida al proteccionismo. Peor aún, mal hacen algunos en dejarse llevar por sus tentaciones proteccionistas.

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