Susana Villarán: PJ definirá este 9 de mayo si procesó contra la exalcaldesa por el Caso Lava Jato pasa a juicio oral

Mañana, viernes 9 de Mayo, el Poder Judicial tomará una decisión clave sobre el futuro del proceso judicial contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, por su presunta implicación en el caso Lava Jato. En una audiencia convocada para las 9:00 a.m. en la sede de la Corte Superior Nacional, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluará si las imputaciones presentadas por la Fiscalía están completas y si el proceso está listo para ingresar a la etapa de juicio oral.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una pena de 29 años de prisión para Villarán, acusada de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros delitos, todos relacionados con la gestión de la exalcaldesa y el financiamiento irregular de sus campañas políticas. La solicitud se enmarca dentro de una investigación que involucra a varias personas y empresas, entre ellas las constructoras brasileñas Odebrecht y O.A.S.

La acusación sostiene que, a través de estos pagos ilegales, Villarán habría recibido más de 10 millones de dólares para financiar su campaña del 2013, en la que promovió el “NO” a su revocatoria, y su campaña de reelección en 2014. De acuerdo con el Ministerio Público, dichos aportes habrían sido realizados por las mencionadas empresas brasileñas a cambio de contratos con la Municipalidad de Lima durante su gestión.

La acusación del fiscal Pérez señala que las empresas Odebrecht y O.A.S. habrían entregado recursos financieros a la campaña de Villarán de manera irregular, lo que constituye un acto de corrupción en el contexto del escándalo conocido como Lava Jato. La investigación sostiene que estos aportes no fueron reportados adecuadamente ante las autoridades electorales y, además, no cumplieron con los requisitos legales para ser considerados legales.

Este financiamiento habría tenido un impacto directo en el curso de las elecciones y en la administración municipal, dado que las empresas beneficiadas habrían recibido contratos con la municipalidad durante la gestión de Villarán. Los fiscales acusan a la exalcaldesa de haber participado activamente en una red de corrupción que involucra a otros exfuncionarios de la municipalidad.

La acusación no solo incluye a Villarán, sino también a otros exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, como José Miguel Castro, Domingo Arzubialde y Gabriel Prado. Junto con Villarán, estos exfuncionarios enfrentan cargos por diversos delitos, incluyendo la asociación ilícita para delinquir y el lavado de activos.

En total, la acusación involucra a 18 personas naturales y a 12 personas jurídicas, entre las cuales destacan las mencionadas empresas Odebrecht y O.A.S., que habrían jugado un papel central en la trama de corrupción. Las penas solicitadas para los exfuncionarios varían entre 9 y 25 años de prisión, dependiendo del grado de implicación de cada uno en los delitos cometidos.

En el marco de este proceso, el juez Jorge Chávez Tamariz llevará a cabo una audiencia de subsanación este viernes, en la que se corregirán algunas omisiones en las imputaciones presentadas por la Fiscalía. En particular, se revisarán las acusaciones contra Domingo Arzubialde, exfuncionario de la municipalidad, y la empresa J. Walther Thompson Peruana, a quienes se les imputa el delito de lavado de activos.

Este proceso de subsanación fue requerido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que advirtió algunas deficiencias en las imputaciones anteriores. El objetivo de la audiencia es asegurar que todas las partes involucradas en el caso cuenten con la oportunidad de defenderse adecuadamente antes de que el caso avance a juicio oral.

Tras esta audiencia, el magistrado emitirá un pronunciamiento decisivo sobre el futuro del proceso. Si las subsanaciones son aceptadas y el proceso avanza, el caso será remitido al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que programará la fecha de inicio del juicio oral.

El juez Chávez Tamariz había solicitado previamente al Ministerio Público que subsanara algunas omisiones en las imputaciones que habían sido planteadas por los abogados de los acusados. Este requerimiento fue resultado de un fallo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que identificó ciertos errores en los cargos presentados.

El Ministerio Público tuvo que realizar esta subsanación en un plazo improrrogable de cinco días, vencido el 29 de abril, para poder avanzar con el proceso judicial sin contratiempos. El objetivo es asegurar que todas las acusaciones estén correctamente fundamentadas y que las partes procesales puedan presentar su defensa de manera justa.

El caso ha tenido una gran repercusión en la opinión pública debido a la implicación de figuras políticas de alto nivel y las empresas involucradas en el escándalo de Lava Jato. Según fuentes judiciales, el proceso cuenta con más de 4.000 medios probatorios que incluyen testimonios, documentos y otros elementos clave para probar la comisión de los delitos.