MTC y Córpac envueltos en irregular proceso de adjudicación para la remodelación del aeropuerto Velasco Astete del Cusco

Los recientes procesos de adjudicación llevados a cabo por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), unidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), están siendo materia de serias preocupaciones luego de conocerse dos graves denuncias que involucran la remodelación del terminal del aeropuerto Velasco Astete en Cusco, donde se habría filtrado información confidencial sobre la oferta económica de uno de los postores antes de que concluyera el proceso de selección, así como la adquisición de un radar secundario por un valor de 6,3 millones de dólares para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, un precio significativamente superior al estimado en el mercado, que ronda los 2,5 millones de dólares.

Según una investigación publicada por el periodista Henry Cotos del portal HCC Noticias, esta compra fue adjudicada a una empresa que ya enfrenta investigaciones fiscales por actos de corrupción y sobrevaloraciones en procesos previos. A pesar de las advertencias, tanto la presidenta de Corpac, Tabata Vivanco del Castillo, como el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, han guardado silencio sobre el tema.

La reciente adjudicación de la buena pro para la remodelación del terminal del aeropuerto Velasco Astete enfrenta inconsistencias críticas. Según la investigación de HCC Noticias, antes de que concluyera el proceso de selección, se filtró la oferta económica del Consorcio Internacional, integrado por las empresas Corporación Internacional San Antonio SAC y Corporación Internacional Venus SAC, que era señalado como el posible ganador.

Esta filtración, que constituye una violación al principio de confidencialidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado peruano (Ley N.º 30225), debió haber provocado la anulación del proceso. Sin embargo, el procedimiento continuó y culminó con la entrega de la buena pro el pasado 6 de mayo de2025.

De acuerdo con la normativa vigente, las ofertas económicas y técnicas presentadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) deben permanecer en estricta confidencialidad hasta que se otorgue la buena pro. La ley establece que cualquier acceso no autorizado a esta información puede derivar en sanciones administrativas, civiles e incluso penales, además de la nulidad del procedimiento de selección.

A pesar de ello, la presidenta de Corpac, al ser consultada sobre la filtración, afirmó que el proceso aún se encontraba en la etapa de admisión y que no se había definido un ganador. Sin embargo, el mismo 6 de mayo, fecha en que supuestamente culminaba dicha etapa, se otorgó la buena pro, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.

El Consorcio Internacional, cuya oferta económica fue filtrada, quedó en segundo lugar. Según la investigación, si se detectara algún inconveniente con la empresa ganadora, el Consorcio Sur, la adjudicación podría pasar al consorcio que quedó en segundo lugar. Esta situación ha generado suspicacias sobre posibles irregularidades en el manejo del proceso.

HCC Noticias explica que estos hechos no son aislados y que involucran a funcionarios que ya han sido cuestionados por su desempeño en otros proyectos. Uno de los nombres mencionados es el de Ronald Espinosa Icaza, gerente central de aeropuertos, quien fue criticado por su gestión en las obras del aeropuerto de Jaén, que aún no opera vuelos comerciales de manera regular.

A pesar de que su renuncia fue solicitada públicamente por el ministro de Transportes, Espinosa continúa en su cargo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de acciones correctivas en la entidad.

“El detalle es que la empresa que estaba voceada como la ganadora por adelantado (Consorcio Internacional) quedó en segundo lugar y si por algún motivo o denuncia, se encuentra algún inconveniente con la empresa ganadora (Consorcio Sur), se le puede descalificar y la buena pro pasaría al que quedó como segundo en el proceso”, revela el informe de HCC Noticias.

En cuanto a la adquisición del radar secundario, el contrato fue adjudicado a Consortium Indra Sistemas S.A. and Indra T&D S.A.C, una empresa que, según la investigación, ya había sido señalada por irregularidades en la compra de un radar transportable para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

El valor referencial de la convocatoria, realizada a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), era de 3,46 millones de dólares, incluyendo servicios adicionales como montaje y garantía. Sin embargo, el contrato se cerró por casi el doble de esa cifra, lo que ha generado sospechas de sobrevaloración.

A pesar de que toda esta información fue trasladada tanto a la presidenta de Corpac como al ministro de Transportes, no se han tomado acciones concretas ni se han emitido respuestas oficiales. Según el medio, el ministro Pérez Reyes se limitó a responder que “responderemos en breve”, pero no se ha pronunciado desde entonces.

“Una empresa que registra investigaciones fiscales junto a funcionarios de Corpac por actos de corrupción y sobrevaloraciones en procesos previos”, añade el informe. El problema se agrava si tomamos en cuenta que, en el mercado, la compra no pasaría de $2,5 millones de dólares.

La investigación de HCC Noticias señala que estos hechos ocurrieron con pleno conocimiento de la presidencia del directorio de Corpac y del ministro de Transportes, quienes no han tomado medidas al respecto pese a haber sido informados. Estas irregularidades, que incluyen filtraciones de información confidencial y sobrecostos en adquisiciones, ponen en entredicho la transparencia de los procesos de contratación en Corpac y la capacidad de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la ley.

Así, la situación descrita no solo afecta la credibilidad de las instituciones involucradas, sino que también podría tener implicancias legales para los responsables. Según la Ley de Contrataciones del Estado, las filtraciones de información y las irregularidades en los procesos de selección pueden derivar en sanciones para los funcionarios implicados, así como en la nulidad de los contratos adjudicados. Sin embargo, hasta el momento, no se han tomado acciones concretas para investigar o corregir las irregularidades denunciadas.