Julio Vargas, el último peruano condenado a pena de muerte: ¿espía de Chile o víctima del régimen militar?

A lo largo de la historia del Perú, la pena de muerte ha sido un tema polémico y cargado de controversia. La ejecución de Julio Vargas Garayar, el último peruano condenado a muerte, marcó el final de una etapa en la que esta sanción se aplicaba bajo circunstancias excepcionales y, en muchos casos, cuestionadas. En enero de 1979, con apenas 29 años, Vargas fue fusilado tras ser hallado culpable de espionaje a favor de Chile, un crimen que, según la versión oficial, habría amenazado la seguridad nacional. Sin embargo, las condiciones en las que se llevó a cabo su juicio, el secretismo que rodeó el proceso y las acusaciones de tortura que recibió durante la investigación han hecho que su historia permanezca envuelta en misterio y debate.

El contexto histórico de 1979 es clave para entender la gravedad de la condena y su trascendencia. En aquel entonces, Perú vivía bajo el gobierno de facto de Francisco Morales Bermúdez, quien había asumido el poder tras un golpe militar en 1975. Durante su régimen, el país atravesaba una tensa relación con Chile, especialmente en el ámbito militar, debido a las diferencias heredadas por el conflicto limítrofe del siglo XIX. Esta situación de alta tensión internacional, sumada a la dictadura interna, alimentó un ambiente de desconfianza y represión, donde las acusaciones de traición y espionaje se volvieron peligrosamente fáciles de formular.

Julio Vargas Garayar nació en Lima y, desde joven, mostró interés por la carrera militar. Sin embargo, su baja estatura le impidió ingresar a la academia militar, lo que lo llevó a estudiar una especialización técnica en la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Tras terminar su formación, Vargas fue destinado a diversas bases aéreas del país, donde desempeñó funciones de menor rango. En la base de Pisco, donde se encargaba de las guardias nocturnas, sufrió varios reveses en su carrera, siendo rechazado en dos ocasiones para el ascenso. Estos fracasos profesionales marcaron el inicio de una etapa en la que su vida daría un giro inesperado.

A finales de los años 70, Vargas se trasladó a Lima, donde encontró trabajo en la embajada de Chile. Su labor consistía en tareas de limpieza y mantenimiento, como lavar autos y realizar trabajos menores para el personal diplomático. Sin embargo, su destino cambió cuando, según las investigaciones posteriores, comenzó a establecer contacto con oficiales chilenos. Los cargos en su contra indicaban que Vargas había sido reclutado por el gobierno de Chile para realizar labores de espionaje a cambio de importantes sumas de dinero.

El 12 de octubre de 1978, la Fuerza Aérea del Perú denunció la desaparición de información confidencial relacionada con varias bases aéreas estratégicas, incluyendo la de La Joya en Arequipa. En este contexto, se descubrió que un buque chileno había desembarcado en el puerto de Talara, lo que levantó sospechas de espionaje. Durante esa misma visita, dos oficiales chilenos, el capitán Sergio Jarpa y el teniente Alfredo Andoázegui, fueron sorprendidos fotografiando aviones peruanos de combate. Ambos militares señalaron que cumplían órdenes del embajador chileno en Perú, Francisco Bulnes.

A raíz de este incidente, las autoridades peruanas comenzaron una serie de investigaciones que apuntaron a Vargas Garayar como el posible responsable de haber filtrado información sensible a los chilenos. Según los informes, Vargas habría entregado a sus contactos chilenos planos y fotografías de la base aérea de La Joya, utilizando una cámara Kodak 125, todo a cambio de dinero. Tras la detención de Vargas, su caso fue rápidamente elevado a un tribunal militar y, en un proceso de poco más de dos meses, fue declarado culpable de traición a la patria y espionaje.

El juicio de Julio Vargas fue llevado a cabo en el marco de un régimen militar, donde la censura y la represión eran moneda corriente. Las audiencias fueron secretas, y las condiciones de su defensa fueron extremadamente limitadas. Según testimonios de su hija, María Consuelo Vargas, su padre fue sometido a torturas físicas y psicológicas durante el proceso de investigación. Se le habría aplicado corriente eléctrica y fue golpeado en diversas ocasiones, con la intención de forzarlo a confesar. En ese contexto, muchos sostienen que la autoinculpación de Vargas fue producto de los maltratos sufridos.

En diciembre de 1978, tras una rápida condena por parte del tribunal militar, el caso de Vargas fue apelado, pero la decisión fue ratificada. A pesar de los esfuerzos de su defensa para obtener un indulto, el 20 de enero de 1979, Julio Vargas Garayar fue ejecutado por fusilamiento en el campo de concentración de la base de la FAP en Lima. A los 29 años, se convirtió en el último peruano en ser sentenciado a la pena capital en el país.

La versión oficial sostiene que Vargas fue un traidor que puso en riesgo la seguridad del Estado peruano al vender información clave a un gobierno extranjero. Sin embargo, diversos actores de la sociedad, incluidos los familiares de Vargas, han puesto en duda esta narrativa. La hija de Vargas, María Consuelo, ha declarado que no cree que su padre haya sido un espía. En su opinión, su padre fue víctima de un régimen autoritario que utilizó su caso como ejemplo para intimidar a otros posibles disidentes. Además, las circunstancias en las que se desarrolló su juicio —marcado por la tortura y la falta de un proceso justo— alimentan las dudas sobre la legitimidad de su condena.

A pesar de los años transcurridos desde su ejecución, el caso de Julio Vargas Garayar sigue siendo un tema de discusión en la memoria histórica del Perú. Su condena a muerte se produjo en una época de tensiones políticas y militares tanto internas como externas, y es vista por muchos como un reflejo de la arbitrariedad y el abuso de poder del régimen militar de la época.