Dina Boluarte llegó a Pataz en medio de tensión con mineros informales por toque de queda y suspensión de actividades

La presidenta Dina Boluarte llegó alrededor de las 15 horas a la provincia de Pataz, en La Libertad, en un contexto de alta tensión social tras el asesinato de 13 trabajadores de seguridad, presuntamente a manos de sicarios vinculados a la minería ilegal.

Esta visita era ampliamente esperada por la población. Los rumores sobre su inminente llegada se intensificaron el jueves por la tarde, cuando residentes de la zona reportaron el constante sobrevuelo de un helicóptero. Finalmente, se confirmó su presencia en la provincia.

Según reportaron medios locales, la mañana del viernes, un grupo de mineros artesanales se congregó en la plaza de armas de Pataz a la espera de la mandataria. En paralelo, un contingente policial de aproximadamente mil efectivos ejecutaba operativos de control en distintos puntos del distrito.

El ambiente en la zona es tenso. Mineros informales inscritos en el Reinfo han anunciado movilizaciones contra el Gobierno, en rechazo a la reciente suspensión de actividades mineras y a también apuntan a la minera Poderosa, que opera en la región.

Ese mismo día, el diario oficial El Peruano publicó la prórroga del estado de emergencia en Pataz, medida que transfiere el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Como parte de la disposición, se impuso un toque de queda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., durante el cual solo podrán circular trabajadores de salud, servicios básicos, limpieza y telecomunicaciones.

Asimismo, se oficializó la suspensión total de la actividad minera en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, zonas donde operan redes vinculadas al crimen organizado. El objetivo de la medida es frenar la violencia creciente en la región.

Los pobladores de Pataz esperan que Boluarte, de concretar su arribo, brinde explicaciones claras sobre las decisiones tomadas por el Ejecutivo.

Tras el hallazgo de los cuerpos de 13 agentes de seguridad en una mina de la empresa Poderosa, en Pataz, la presidenta Dina Boluarte responsabilizó al Ministerio Público por la liberación del presunto autor intelectual del crimen.

“Probablemente, quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y fue liberado por el Ministerio Público”, declaró la mandataria.

Posteriormente, se conoció que alias ‘Cuchillo’ huyó hacia Colombia en un vuelo comercial.

Pese a que el delincuente contaba con antecedentes penales y la PNP le seguía los pasos, no tenía ninguna restricción pendiente en la justicia, como orden de captura o impedimento de salida, por lo que no fue detenido por las autoridades del país cafetero.

La decisión de liberar a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto cabecilla detrás de la masacre en Pataz, continúa generando indignación.

El fiscal Edwin Ramos Herrera, quien ordenó su liberación en 2023, sostuvo que la Policía Nacional del Perú (PNP) actuó sin coordinación con el Ministerio Público, lo que debilitó todo el procedimiento.

“La Policía no notificó de manera oportuna la intervención”, explicó, indicando que la comunicación oficial llegó más de cuatro horas después de que se ejecutó la captura. Esta demora, según el fiscal, impidió que su despacho participara desde el inicio en las diligencias, como exige la ley. Además, Ramos Herrera cuestionó que la detención se realizara sin haber informado al fiscal de turno, lo que, afirmó, afectó la legalidad del proceso.

A pesar de que los intervenidos portaban armas de fuego, el fiscal sostuvo que “los dispositivos estaban inoperativos”, y ese detalle fue determinante para no solicitar prisión preventiva. La versión de Ramos se da en un contexto en el que la violencia vinculada a la minería ilegal ha escalado dramáticamente en la sierra liberteña.