Así se perdió una flota aérea valorizada en US$1.000 millones: aviones del narco más grande del Perú están hechos chatarra

Trece aeronaves que en su momento conformaron la flota de la desaparecida aerolínea Aero Continente y estuvieron valorizadas en más de mil millones de dólares hoy yacen olvidadas, corroídas por el tiempo, dentro de una base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el Callao. Su propietario fue Fernando Zevallos, sindicado como el narcotraficante más poderoso del país, quien fundó la compañía aérea en los años 90 y fue condenado por delitos relacionados al tráfico de drogas.

La historia detrás del abandono de estos aviones fue reconstruida en una investigación del medio El Foco, a cargo del periodista José Carlos Pérez, quien reveló cómo la negligencia estatal, las trabas institucionales y la inacción del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) permitieron que este patrimonio se deteriore sin que nadie asuma responsabilidad.

Durante la década de los noventa, Aero Continente se consolidó como la aerolínea más dominante del país. Su flota, compuesta por aeronaves Boeing 727, Boeing 737 y Fokker F28, cubría tanto rutas nacionales como internacionales. El ascenso fue veloz y sostenido, impulsado también por la salida de competidores del mercado peruano.

Sin embargo, mientras la compañía ganaba terreno en el sector aéreo, comenzaron a surgir sospechas sobre el origen de su financiamiento. En enero de 1995, la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) de la Policía Nacional decomisó más de tres toneladas de cocaína en Piura, en una operación vinculada al cartel de Guadalajara. Según informes publicados por El Comercio, las pesquisas revelaron comunicaciones entre Jorge López Paredes, líder de la organización criminal “Los Norteños”, y Fernando Zevallos, quien ya poseía aeronaves comerciales. Las autoridades descubrieron que algunas de estas naves habrían sido utilizadas para transportar droga.

La situación escaló en 2004, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Zevallos en su lista de narcotraficantes internacionales. Un año después, el Poder Judicial del Perú lo sentenció a 20 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Zevallos rechazó los cargos desde entonces, denunciando una supuesta persecución política.

Tras el fallo judicial, el Estado tomó control de Aero Continente e incautó todos sus bienes, entre ellos trece aviones que hoy permanecen en estado de abandono.

La Procuraduría Anticorrupción señaló que estos bienes representaban un potencial ingreso para el Estado, hoy irrecuperable por el deterioro. Muchos de estos aviones han sido canibalizados o presentan daños irreversibles. Algunos incluso fueron desmantelados sin autorización formal, según fuentes del Ministerio Público.

Las aeronaves fueron llevadas a una base de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao. En 2013, esa institución asumió la custodia formal de los bienes, pero solo por dos años. Desde 2015, la responsabilidad pasó al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), aunque nunca se concretó del todo la transferencia operativa, tal como reveló la investigación publicada en el medio El Foco.

La permanencia de los aviones en la base aérea se ha prolongado por más de una década sin que el Estado haya logrado darles uso, venderlos o retirarlos. Según el medio mencionado, los intentos por coordinar su traslado han fracasado debido a diferencias entre la FAP y Pronabi. La Fuerza Aérea sostiene que ya no son de su competencia, mientras que Pronabi no ha ejecutado su retiro físico.

La falta de mantenimiento ha hecho que las estructuras metálicas sufran un deterioro progresivo. Muchos aviones tienen las compuertas abiertas, sin componentes internos ni piezas recuperables. La exposición prolongada al clima ha acelerado el proceso de corrosión.

En diversas reuniones sostenidas entre entidades del Estado, incluyendo la Dirección General de Aeronáutica Civil, se discutió la posibilidad de movilizar las aeronaves, pero nunca se llegó a una decisión final. Según el reportaje de Pérez, no existe un plan oficial para su reubicación, remate ni reciclaje.

La ubicación actual de las naves no solo representa una pérdida económica. También obstruye el avance de las obras del nuevo terminal aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las trece aeronaves ocupan parte del terreno donde se ejecuta la ampliación del aeropuerto, administrado por Lima Airport Partners (LAP).

En 2023, LAP solicitó formalmente a las autoridades que se libere esa zona, pero los aviones siguen allí. La falta de acción del Estado pone en riesgo los plazos establecidos para la expansión, una de las obras más importantes de infraestructura del país.

Mientras tanto, lo que alguna vez fue símbolo de poder y de conexión internacional hoy yace oxidado, sin motor, sin destino y sin responsables que respondan por el abandono.