El Gobierno de Perú ha establecido un nuevo marco normativo para eliminar las barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad en las entidades del Poder Ejecutivo.
Según el Decreto Supremo Nº 059-2025-PCM, publicado este jueves 8 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, las instituciones gubernamentales deberán modificar o derogar aquellas disposiciones administrativas que hayan sido identificadas como barreras burocráticas por el Indecopi. Este proceso busca garantizar la eficiencia administrativa y la legalidad en los procedimientos del sector público.
Indecopi publicará la lista de barreras aplicadas por el Estado en los próximos 10 días
De acuerdo con el decreto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene un plazo máximo de diez días calendario para publicar un listado de las disposiciones administrativas que han sido declaradas barreras burocráticas ilegales o irrazonables.
Estas resoluciones provienen de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas o de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 1256, que regula la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
Solo 30 días para eliminar las barreras burocráticas declaradas por Indecopi
El decreto establece que los titulares de las entidades del Gobierno Nacional tienen un plazo de treinta días calendario, contados desde la publicación del listado, para derogar expresamente las disposiciones identificadas o, en su defecto, subsanar los defectos legales mediante su modificación.
En el caso de normas sectoriales o multisectoriales de carácter general, los funcionarios deberán gestionar la derogación o modificación ante la autoridad competente dentro del mismo plazo. No obstante, quedan exceptuadas de esta obligación aquellas disposiciones que se encuentren impugnadas en procesos contencioso-administrativos o en trámite para la interposición de demandas de este tipo.
Barreras burocráticas: entidades públicas tienen 60 días para adecuar sus TUPA
Una vez cumplido el plazo de treinta días, las entidades deberán informar al Indecopi, en un periodo adicional de diez días calendario, sobre el estado de las disposiciones administrativas incluidas en el listado.
Este informe deberá detallar las disposiciones derogadas, las modificadas y aquellas que estén sujetas a procesos legales en curso. Además, se deberá enviar una copia de este reporte a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El decreto también contempla la actualización de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades afectadas. En un plazo máximo de sesenta días hábiles, las instituciones deberán reflejar los cambios normativos derivados de la derogación o modificación de las disposiciones administrativas en sus TUPA, conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, deberán incorporar estos procedimientos al Sistema Único de Trámites (SUT), en cumplimiento del reglamento correspondiente.
Indecopi preparará, trimestralmente, un listado de barreras buroráticas
Por otro lado, el Indecopi publicará trimestralmente un listado actualizado de las disposiciones administrativas que hayan sido declaradas barreras burocráticas ilegales o irrazonables y que hayan quedado firmes en sede administrativa durante el trimestre anterior. Este listado será difundido en la sede digital del Indecopi, y las entidades del Poder Ejecutivo deberán proceder conforme a lo estipulado en el artículo 2 del decreto.
El Decreto Supremo Nº 059-2025-PCM fue refrendado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. De esta manera, el nuevo marco normativo que pone plazos para el Indecopi y el resto de entidades gubernamentales buscará fortalecer la transparencia y la legalidad en la administración pública, eliminando trabas burocráticas que puedan afectar la eficiencia de los servicios estatales.
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