La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó licencia institucional a la Universidad Politécnica del Perú, una nueva casa de estudios vinculada directamente a la Universidad Alas Peruanas, clausurada tras dos denegatorias por incumplir las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).
Esta autorización se da en el marco del nuevo proceso de licenciamiento promovido por la actual gestión del consejo directivo de la Sunedu, modificada tras la controvertida ley de contrarreforma universitaria que debilitó la autonomía y rigurosidad del organismo supervisor.
La Resolución de Consejo Directivo N.° 0012-2025-SUNEDU-CD, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, indica que, luego de verificar el cumplimiento de los 27 indicadores aplicables, la Sunedu concluyó que la Universidad Politécnica del Perú cumple con las CBC exigidas por ley. De este modo, la universidad queda habilitada oficialmente para brindar el servicio educativo superior universitario.
La UPP, constituida el 13 de abril de 2023, iniciará operaciones con un local autorizado en el distrito de Pueblo Libre, Lima. Ofrecerá siete programas de pregrado en modalidad presencial en los campos de Administración y Negocios Internacionales, Ciencias Contables y Financieras, Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería, Estomatología, Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación, y Psicología.
Vínculos con la Universidad Alas Peruanas
Un reportaje de OjoPúblico, publicado en marzo de 2024, reveló que la Universidad Politécnica del Perú comparte directivos, gerente general, entidad promotora e incluso infraestructura con la Universidad Alas Peruanas, institución que no logró obtener licencia en dos ocasiones: primero, el 24 de diciembre de 2019 y luego el 16 de noviembre de 2022. Entre los incumplimientos se encontraba la falta de sostenibilidad financiera, deficiencias en investigación y problemas con la contratación docente, según resoluciones de la propia Sunedu.
La entidad promotora de la UPP es la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, la misma que promovió a la UAP. En conversación con OjoPúblico, el gerente general de ambas universidades, César Augusto Cabrera Escudero, admitió que la creación de la UPP fue una estrategia para superar el “daño reputacional” que arrastraba la Alas Peruanas tras la incautación de sus locales y la pérdida de licencia.
Un contexto de reconfiguración del sistema universitario
La solicitud de licenciamiento de la UPP fue presentada el 15 de enero de 2024 en físico y el 28 de febrero del mismo año vía el sistema digital LINU. El trámite se dio bajo la actual gestión de Sunedu, reconfigurada tras la aprobación de la Ley 31520, que reformó su estructura y debilitó sus facultades. Esta nueva etapa permitió que universidades denegadas o con vínculos cuestionables vuelvan a intentar su ingreso al sistema universitario peruano.
Además de la UPP, otras casas de estudio como la Universidad Alfred Nobel también se encuentran en proceso de licenciamiento. Sin embargo, al menos cinco universidades con procesos anteriores fueron nuevamente denegadas por incumplimientos persistentes.
El cierre de universidades sin licencia continúa
Mientras se otorgan nuevas licencias, otras universidades continúan en proceso de cierre definitivo tras no cumplir con las CBC. La Universidad Alas Peruanas tiene programado su cierre total para el 22 de septiembre de 2025, luego de una prórroga otorgada por Sunedu. En 2025 también cesarán sus actividades otras seis universidades: la José Carlos Mariátegui (31 de julio), la Católica Los Ángeles de Chimbote (12 de julio), la Científica del Perú (16 de agosto), la Privada San Carlos (30 de agosto) y la Andina Néstor Cáceres Velásquez (31 de diciembre).
La Sunedu, organismo adscrito al Ministerio de Educación, sigue siendo la entidad encargada de garantizar la calidad de la educación superior en el país. Su misión es verificar que las universidades cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad —como infraestructura adecuada, capacidad docente, sostenibilidad financiera e investigación— antes de autorizar su funcionamiento.
No obstante, los cambios legislativos recientes han generado preocupación en diversos sectores académicos, que advierten un debilitamiento de los mecanismos de control y fiscalización.
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