Policías son implicados en el caso de 13 asesinados en Pataz: salen a la luz estos nuevos detalles

Una nueva línea de investigación ha puesto en la mira a dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de conocerse su presunta participación en la empresa de seguridad R&R, a la que pertenecían las 13 personas asesinadas en una bocamina en Pataz, en la región de La Libertad, al norte del país.

Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, confirmó que dos policías en actividad se encuentran bajo sospecha de ser los responsables de la empresa de seguridad R&R, cuyos trece trabajadores fueron hallados sin vida en un socavón el pasado domingo 4 de mayo. Las víctimas, contratadas para proteger operaciones auríferas en la sierra liberteña, estuvieron desaparecidas varios días hasta que se confirmó su brutal ejecución.

Para las autoridades de Pataz, la revelación no solo ha expuesto una grave transgresión a la Ley de la Policía Nacional, que prohíbe el ejercicio de actividades empresariales sin autorización, sino que también plantea interrogantes sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Una de las fuentes de Infobae Perú identificó a uno de los policías como un agente que fue pasado al retiro en marzo “por abandono de destino”. Este exuniformado tendría vínculos con la organización criminal ’La Gran Alianza‘, liderada por el fallecido delincuente ’Gato Coté’ (Josué Oliver Blas Lezama), y habría sido quien contactó a los familiares de las víctimas para informarles que el secuestro fue ordenado por un sujeto conocido como ‘Cuchillo’ (Miguel Rodríguez Díaz).

El segundo policía, aún en servicio y destinado en una comisaría de Trujillo, mantendría una relación sentimental con una familiar de alias “Gato Coté”, señalaron las mismas fuentes consultadas por este medio.

En las últimas horas, América Noticias reveló que los nombres de Gianpaul Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas fueron proporcionados por un colaborador ante la Fiscalía. Ambos policías habrían estado detrás de R&R, una empresa de seguridad informal que ofrecía servicios sin estar registrada en la SUNARP, operando de forma encubierta.

El colaborador aseguró haber trabajado con las víctimas y afirmó que la empresa reclutaba personal bajo presión y amenazas. R&R habría brindado servicios a la compañía minera Libmar SAC, cuyo representante legal sería Segundo Nicolás Cuevas Rojas.

De acuerdo con ese testimonio, la estructura de esta organización no se limitaba a la seguridad privada. También identificó a sujetos que habrían cumplido roles en la logística, dirección y manejo de armas. Entre ellos figuran José Ramiro Lozano Perche, alias ‘Técnico’; Luis Alberto Chuquizuta Guerra, ‘Piscis’; y Gianpierre Eduardo Baca Infante, ‘Norteño’. Alias Técnico habría negociado con ‘Cuchillo’ la entrega de un nivel aurífero en disputa, en un supuesto pacto por intereses económicos.

El testimonio del colaborador también aportó datos sobre el robo de un arma a uno de los agentes asesinados. Señaló que ‘Piscis’ habría despojado de su arma a un agente a fines de abril. Días después, el 2 de mayo, Luis Chuquizuta fue detenido en San Juan de Lurigancho con dos armas en su poder. Una de ellas, una pistola Glock, no contaba con documentación. La Policía identificó que esta arma pertenecía a Juan Joel Ñaupari, uno de los 13 agentes asesinados en Pataz.

Infobae Perú conoció que Chuquizuta continúa detenido, investigado por tenencia ilegal de armas y su presunta participación en el asesinato múltiple.

La provincia de Pataz ha permanecido en estado de emergencia durante más de un año. A pesar de la presencia policial y militar, el control estatal es insuficiente. Más de una decena bandas criminales armadas operan en esta zona, entre ellas ’Los Pulpos’, ’Los Ochenta’, ’La Jauría’ y ‘Los Buitres‘, todas en pugna por las rutas y vetas auríferas.

La existencia de empresas como R&R, que operan con protección informal o participación directa de policías en servicio, revela una estructura paralela de control, fuera del alcance de las leyes. Los fiscales y periodistas en la zona también enfrentan represalias. Alex Pino Torres, reportero que denunció estos hechos, ha recibido amenazas de muerte.

La minera Poderosa ya informó que los fallecidos no eran empleados directos, sino personal de un minero artesanal con el que tenían contrato. Este tercero fue quien habría subcontratado los servicios de R&R. No obstante, el Ministerio Público ya revisa ese contrato para determinar si existía una obligación de supervisión directa por parte de la empresa.

El alcalde de Pataz, Carlos Mariño, exigió que la empresa se haga responsable por las familias afectadas. Al menos diez menores quedaron huérfanos tras el ataque. Hasta el momento, la empresa ha ofrecido colaborar con la justicia, pero no ha asumido compromisos formales con las víctimas.

Actualmente, la Fiscalía ya inició una investigación preliminar sobre R&R y su presunto nexo con policías activos. Las declaraciones de Luis Guillermo Bringas han expuesto la gravedad del caso, pero hasta ahora el general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, no ha emitido declaraciones oficiales.

Mientras tanto, las operaciones policiales continúan en la zona sin avances concluyentes, y las 13 familias afectadas siguen esperando justicia. Además, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que dispondría el toque de queda en Pataz, pero aún no se ha oficializado la medida con la publicación del decreto respectivo en el Diario El Peruano.

Perú se destaca como uno de los principales proveedores globales de minerales, particularmente de oro y cobre, pero también sobresale por las particularidades de su enfoque sobre la explotación minera.

El Gobierno peruano es el único a nivel mundial que ofrece respaldo a los mineros informales, permitiéndoles continuar con sus actividades bajo la condición de que planeen formalizarse en el futuro.

Mediante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aquellos mineros que operan fuera de la ley tienen la opción de comenzar su proceso de legalización, mientras mantienen sus labores. Según el Ministerio de Energía y Minas, solo un 4% de los 85.000 mineros que intentan regularizar su actividad poseen las concesiones que explotan, y la entidad reconoce que algunos aprovechan este proceso únicamente para acceder a los beneficios estatales.

A pesar de los esfuerzos por la formalización, los elevados costos asociados con el proceso y las estrictas normativas ambientales lo convierten en un obstáculo significativo. Este escenario ha hecho que la minería ilegal siga siendo una actividad muy rentable, generando en 2024 aproximadamente 3.000 millones de dólares.

En zonas ricas en recursos minerales, como Pataz, la violencia ha aumentado, alimentada por grupos criminales que han identificado las lucrativas ganancias de la minería ilegal. Estos actores buscan intimidar tanto a las grandes compañías mineras como a los productores artesanales ya formalizados para forzarlos a abandonar sus operaciones y apropiarse de los yacimientos.

Ante esta situación, el comunicado de Poderosa destacó que resulta urgente que el Gobierno, las empresas privadas y la sociedad civil colaboren para enfrentar y erradicar este fenómeno antes de que cause daños irreparables.