Censura a Gustavo Adrianzén: Razones del Congreso que podría marcar el fin del premier del gobierno de Boluarte

Tres mociones de censura han sido presentadas formalmente contra el presidente del Consejo de Ministros, mientras que una está en camino

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Foto de archivo del presidente
Foto de archivo del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén. EFE/Paolo Aguilar

Estos podrían ser los últimos días de Gustavo Adrianzén como presidente del Consejo de Ministros. Tres mociones de censura ya han sido presentadas ante el Congreso de la República, y una más está en camino, lo que podría marcar su salida del Ejecutivo.

Hasta el momento, las mociones formales han sido promovidas por las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular y Renovación Popular. Además, una moción multipartidaria ya cuenta con las firmas necesarias para ser ingresada, según confirmaron sus impulsores.

Las críticas al premier giran en torno a su incapacidad para combatir el crimen organizado, su rol político en defensa de la presidenta Dina Boluarte,y sobre todo, su respuesta ante la reciente masacre en Pataz, donde 13 trabajadores secuestrados por mineros ilegales fueron hallados sin vida el pasado 4 de mayo en La Libertad. Este último evento sería el gatillador del descontento del Parlamento.

Se requieren al menos 66 votos para aprobar una moción de censura. De concretarse, esta medida obligaría a la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y, con ello, de todo el gabinete ministerial, el cual ya ha sido interpelado por el Congreso previamente.

Razones de las mociones

En los tres documentos se menciona entre los argumentos la masacre ocurrida en la mina “Poderosa” en Pataz. También se abordó el incremento por la criminalidad y los pocos resultados de las medidas tomadas por el premier, así como su actitud ante la rendición de cuentas de las acciones de su gabinete.

La última moción de censura
La última moción de censura presentada contra Gustavo Adrianzén fue impulsada por Renovación Popular tras criticar su inacción y falta de estrategia frente a la masacre en Pataz. (Congreso de la República)

La bancada de Podemos Perú, la primera en presentar la moción, señala directamente el “fracaso” de las políticas del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Tal como la carta lo detalla, las muertes cobradas por la minería ilegal en Pataz “confirman el fracaso de las políticas en la lucha contra la criminalidad”, así como el incremento sostenido de asesinatos durante su gestión al frente de la PCM.

La bancada pide la restitución de todo el gabinete del Gobierno de Dina Boluarte. “No basta con el cambio de un ministro”, se lee en el documento, “sino que el gabinete en pleno debe ser reestructurado con un enfoque frontal e integral contra la inseguridad, el principal problema del país”.

Por su parte, Acción Popular se centra en la tragedia de Pataz como un ejemplo de la falta de capacidad de respuesta del Gobierno. En su sustentación, también se hace referencia a los 475 homicidios reportados por el Sinadef en lo que va del año. Además, acusan a Adrianzén de no haber dado “respuestas satisfactorias” ante el pliego interpelatorio sobre seguridad ciudadana al que fue citado el pasado 9 de abril. Este lunes por la mañana, la congresista María del Carmen Alva, del partido naranja, adhirió su firma a esta moción de censura.

La más reciente moción formal fue presentada este miércoles 7 de mayo por la bancada de Renovación Popular. En esta, se le imputa a Adrianzén haber descartado públicamente el secuestro de los trabajadores en Pataz, pese a que ya había denuncias hechas por sus familiares. También se cuestiona que, a pesar de la vigencia del estado de emergencia en esa zona, no se ejecutaron acciones de inteligencia ni control en la bocamina donde fueron asesinadas las víctimas. Para esta bancada, las declaratorias de emergencia en distintas regiones del país han sido carentes de una estrategia eficaz.

Premier se refirió a los señalamientos por poner en duda secuestro de 13 mineros. | RPP

En paralelo, la moción multipartidaria, impulsada por los congresistas Edward Málaga y Roberto Sánchez , y que incluye legisladores del Bloque Democrático Popular, la Bancada Socialista y otros no agrupados, argumenta una “falta de liderazgo”.

Así como, desarticulación con los gobiernos regionales y locales, baja ejecución presupuestal y uso de la Presidencia del Consejo de Ministros como “plataforma de propaganda” y “escudero político” de la presidenta, en lugar de un órgano dedicado a la solución efectiva de los problemas nacionales.

Además, se cuestionan hechos como la desinformación en torno al derrame de petróleo en Ventanilla, el abandono de los afectados por ese desastre ambiental, y críticas por los casos de intoxicación masiva en colegios tras el consumo de alimentos del programa Qali Warma (Wasi Mikuy).