Osiptel nuevamente en la mira de la PCM y Adrianzén: Rafael Muente es sometido a otra suspensión irregular

Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), ha sido nuevamente apartado de sus funciones por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según informó el propio Muente a Infobae Perú, la notificación recibida esta semana establece una “exoneración” que le impide asistir a su centro de trabajo, lo que en la práctica constituye una nueva suspensión. Este hecho ocurre a pesar de que no existe una sanción formal en su contra, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de la medida.

Esta nueva acción de la PCM está vinculada a una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación del “Programa de Alta Dirección” (PAD) de la Universidad de Piura, un caso que ya había sido resuelto a favor de Muente en febrero de 2025.

En esa ocasión, el Tribunal del Servicio Civil (Servir) declaró nula la sanción impuesta por la PCM en septiembre de 2024, argumentando que se habían vulnerado garantías procesales. Sin embargo, la reciente notificación reactiva el caso, lo que Muente calificó como un “ensañamiento” y un intento de apartarlo del regulador a toda costa.

Muente, quien asumió la presidencia de Osiptel en 2017 tras un concurso público y fue reelegido en 2022, denunció que la medida carece de sustento legal. En declaraciones a Infobae Perú, explicó que la resolución de la PCM incluye una medida cautelar que le prohíbe asistir a las oficinas de Osiptel, bajo el argumento de que su presencia podría influir en la investigación.

Según el funcionario, esta lógica es “absurda” y “arbitraria”, ya que el caso fue previamente investigado y archivado por falta de pruebas. Además, señaló que la Oficina de Control Institucional, dependiente de la Contraloría General de la República, ya había determinado que no existían irregularidades en la contratación del programa de capacitación.

Muente expresó para Infobae Perú su preocupación por el impacto que estas acciones tienen en la autonomía de Osiptel y en su funcionamiento como regulador técnico. Afirmó que la PCM busca retomar el control político de la institución, lo que, según él, se evidencia en las decisiones tomadas durante su suspensión anterior, como la contratación de 53 personas sin análisis previo y la apertura de nuevas oficinas. Estas medidas, aseguró, fueron revertidas tras su reincorporación en febrero de 2025.

El presidente de Osiptel también vinculó las acciones en su contra con intereses económicos y políticos. Según explicó, su gestión ha sido firme en la lucha contra la informalidad en la venta de líneas telefónicas, una medida que ha afectado los ingresos de las empresas operadoras.

Además, señaló que existe un “encono personal” por parte del actual premier, derivado de conflictos laborales ocurridos hace dos décadas. Muente afirmó que este conflicto personal fue reconocido por Servir en su resolución de febrero, que determinó que el premier debía haberse abstenido de participar en el proceso sancionador.

La situación actual de Muente es incierta. Aunque no ha sido formalmente suspendido, la medida cautelar le impide ejercer plenamente sus funciones, lo que, en sus palabras, equivale a una suspensión encubierta.

El funcionario indicó que está analizando la resolución de la PCM, que consta de cerca de 70 páginas, para determinar los pasos legales a seguir. También hizo un llamado a los medios de comunicación y a las instituciones para que se pronuncien en contra de lo que considera un abuso de poder.

Para Muente, su caso pone en el centro del debate la autonomía de los organismos reguladores en el Perú y la relación entre el poder político y las instituciones técnicas. Mientras tanto, el futuro de su gestión en Osiptel permanece en suspenso, a la espera de una resolución definitiva.