Ministro de Trabajo respalda incremento de sueldo de Dina Boluarte y dice que disminuirlo sería un “acto populista”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, respaldó el aumento salarial propuesto para la presidenta Dina Boluarte, señalando que este es acorde a las funciones que desempeña en su cargo y está en línea con lo establecido por la Constitución Política del Perú. Además, enfatizó que reducir la remuneración presidencial sería un “acto populista”.

Según informó RPP, el titular del MTPE, indicó que la Carta Magna señala que el salario de la máxima autoridad del país debe ser proporcional a su nivel de competencia. Sin embargo, la propuesta ha generado amplias críticas, especialmente en el contexto de las investigaciones en curso contra la mandataria y la creciente crisis de inseguridad que afecta al país.

Con respecto a una posible interpelación al primer ministro, Gustavo Adrianzén, Maurate indicó que no es el momento adecuado para esta acción debido a la situación política actual del país. Según el ministro, la crisis política que vive el Perú requiere de atención y no es oportuno generar más conflictos en este contexto.

El titular del MTPE también se refirió al asesinato de los trece trabajadores en Pataz, en la región La Libertad, y afirmó que hubo un error del Ejecutivo en relación con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que, según el ministro, podría haber contribuido a la trágica muerte de los trabajadores.

En el marco de la sesión descentralizada de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, realizada en la Universidad Católica Santa María en Arequipa, varios trabajadores se manifestaron en contra de la intención de incrementar el salario de la presidenta, exigiendo la homologación de sus sueldos y cuestionando la decisión del Ejecutivo.

La protesta se desarrolló mientras el ministro Daniel Maurate ofrecía sus declaraciones, en las que reiteró la necesidad de cumplir con lo que dicta la Constitución, incluso en medio de las críticas y las demandas de los trabajadores.

La propuesta de aumentar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/ 35.568 mensuales ha generado controversia, y la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez advierte que este incremento sería ilegal. Según Ramírez, el monto propuesto contraviene lo establecido en la Ley 28212, que regula los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado. La abogada destacó que la ley establece un límite claro para las remuneraciones.

En el artículo 4 de dicha Ley, se reconoce que el presidente de la República debe recibir la mayor remuneración dentro del servicio público. Sin embargo, esta misma norma especifica que el sueldo del presidente no puede superar las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), lo que establece un límite a la remuneración presidencial. De acuerdo con este artículo, cualquier aumento que sobrepase ese monto sería inconstitucional.

Para el año 2025, el Gobierno de Dina Boluarte ha fijado el valor de la URSP en S/ 2.600, según el Decreto Supremo 087-2024-PCM. De acuerdo con la Ley 28212, si el salario del presidente no puede superar las 10 URSP, la remuneración máxima que podría recibir la mandataria sería de S/ 26.000 mensuales, un monto considerablemente inferior a los más de S/35 mil propuestos.

Según informó Panorama, el informe que justifica el aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte fue solicitado directamente por el premier Gustavo Adrianzén. Este encargó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la elaboración de un análisis técnico que respaldara la decisión. El informe asegura que el cálculo del nuevo salario no se basa en criterios arbitrarios, sino en fórmulas técnicas que consideran tanto los sueldos nacionales como comparaciones internacionales.

El principal argumento presentado por la jefa de Estado para respaldar el incremento es que la mandataria actualmente percibe un salario inferior al de varios de sus ministros y al de la mayoría de los presidentes de América Latina. Según el informe del MEF, este hecho justifica la necesidad de ajustar la remuneración presidencial, con el fin de equipararla a los estándares salariales regionales.