Liberación de ‘Cuchillo’ en 2023 habría sido producto de una intervención policial deficiente, según fiscal

Luego de que la presidenta Dina Boluarte hiciera referencia a él como el responsable de la liberación de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, en el año 2023; y que la mandataria criticara la labor de la Fiscalía en el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, el fiscal provincial del distrito fiscal de Santa, Edwin Ramos Herrera; respondió y dio detalles sobre lo que ocurrió hace dos años en Casma, región Áncash.

En una entrevista con Epicentro, el representante del Ministerio Público indicó que en el año 2023 la Policía Nacional intervino a Miguel Rodríguez Díaz y a otras personas a las afueras de un hotel en Casma, provincia del Santa, en la región Áncash. Sin embargo, no se comunicó a la Fiscalía sobre la intervención hasta cuatro horas después.

“Los intervienen en la parte externa cuando salían. 10:30 a.m. aproximadamente (...) fueron a las habitaciones, revisaron. En todo ese tiempo no se tomaron la molestia de avisar al fiscal de turno para que participe en la diligencia. Ya tenían a las personas detenidas ¿Por qué no nos comunicaron? Ese hotel está muy cerca a la sede de la Fiscalía en Casma. En 5 minutos hubiera estado la Fiscalía ahí. Quizás no en la intervención, pero sí en las diligencias posteriores. Peor aún, después de 4 horas recién llaman al fiscal de turno, a las 2:30 p.m. (...)”, afirmó

El fiscal Ramos Herrera también indicó que al momento de llegar a la comisaría, se encontró con que la información del reporte de la Policía sobre la intervención a ‘Cuchillo’ no correspondía con lo que se encontró en el auto.

Según el documento oficial, al interior de los vehículos debía encontrarse armas de largo alcance y municiones, pero lo único que había era un revolver calibre 22, municiones, y una granada tipo piña.

“La policía da un reporte preliminar de armas de fuego de largo alcance. Nosotros vamos, si es un caso de Pataz con mayor razón. Vamos de inmediato, pero no encontramos nada de ello. Personalmente, me sorprendió que se hablara de un tal Cuchillo, una muerte en Pataz, armas largas y encontrar un revolver calibre 22... no era usual en personas que hacen este tipo de actividades. Aun así, hay que creer en la Policía. Se hizo eso y el arma se puso en un peritaje balístico con la propia Policía y dicen “inoperativo”. Tanto el revólver como la granada no tenían detonantes (...)”, sostuvo en el medio digital.

En pocas palabras, alias ‘Cuchillo’ llevaba en su auto un revólver que no se podía disparar, según el peritaje hecho por la propia Policía plasmado en el informe pericial balístico forense N° 1399-2023, según indicó el fiscal del Santa.

“Esa pericia dice que esa arma no tiene características de haber sido usada para efectuar disparos. Esa es la única arma que se encuentra al señor conocido como Cuchillo. Nosotros, como Fiscalía, como representantes de la legalidad, posteriormente cumplidas las 48 horas, no quedaba más que darle su libertad”.

El fiscal Ramos Herrera indicó que al momento de consultar cuál era el sustento para que la PNP detuviera a alias ‘Cuchillo’, no recibió una respuesta adecuada. “Me dijeron que no tenían ninguna fuente de información, que no tenían nada, que solo se basaban en comentarios”.

Aun así, mientras el presunto criminal continuaba detenido, consultó formalmente a la PNP cuál era la información que había llevado a la captura de ‘Cuchillo’ y que lo vinculaba con la muerte de nueve personas en Pataz, pero que la respuesta formal de la Policía fue que no había un sustento.

“La PNP me responde con un oficio. En la parte final dice que “no se tomó conocimiento, mediante informes, notas de inteligencia, que las personas detenidas en dicha intervención, se encontraran involucradas presuntamente en hechos criminales en la ciudad de Pataz””, leyó el fiscal Ramos.

Es decir que, pese a que la Policía detuvo al criminal, no tenía cómo sustentar cómo se obtuvo la información, ni siquiera por datos de inteligencia, sobre la presunta participación de ‘Cuchillo’ en ningún acto delictivo.

Al ser consultado sobre si el hecho de haber tenido en su poder un revólver calibre 22 no debía ser un motivo suficiente para mantenerlo bajo custodia, el fiscal Ramos Herrera aclaró que, según la ley, solo se puede acusar a una persona de tenencia ilegal de armas solo si esta se puede disparar.

“En el delito de tenencia ilegal de armas es importante que estén operativas. Esas armas causan daño a la persona. Si esta arma es inoperativa es incapaz de causar daño. Eso dice la ley. Si no está operativa, no es un arma que causa daño a la sociedad (...)”, sostuvo en Epicentro.

Por lo pronto, el registro migratorio de Miguel Rodríguez Díaz indica que dejó el Perú el pasado 5 de mayo, unas horas antes de que la presidenta Dina Boluarte lo haya señalado como involucrado en el crimen de los 13 trabajadores de la empresa R&R en Pataz. Lo hizo legalmente, pasando por los controles migratorios, y sin tener una requisitoria o pedido de captura vigente.