No hubo aviso previo ni señales que anticiparan lo ocurrido. En una zona remota del distrito de Totora Oropesa, en la provincia de Antabamba, región Apurímac, tres jóvenes mineros fueron hallados sin vida al interior de una bocamina abandonada. Las víctimas eran naturales de la región Arequipa, de la localidad de Huayanacotas, y se encontraban realizando trabajos de extracción artesanal en condiciones aún no esclarecidas.
La mina Puchungo, situada en el cerro Lomo, fue el lugar donde se produjo el hallazgo. Hasta allí llegaron familiares y autoridades luego de que los compañeros de los fallecidos alertaran sobre la situación. A unos 40 metros de profundidad, en un ambiente sin ventilación y con un generador eléctrico en funcionamiento, fueron encontrados los cuerpos sin signos vitales.
Según información preliminar brindada por la Policía Nacional del Perú (PNP), los fallecidos llevaban aproximadamente dos semanas dentro del socavón, presuntamente participando en actividades de minería informal. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa de muerte estaría relacionada con la inhalación de gases tóxicos, posiblemente monóxido de carbono o cianuro.
Todo indicaría que hubo una mala manipulación de los equipos dentro del túnel. El generador en uso generó gases que se acumularon, y no había ninguna salida de aire adecuada.
Los nombres tras la tragedia
Las víctimas fueron identificadas como Abraham Pérez Huanacchiri (21), Darío Huanacchiri Pérez (26) y Pablo Huanacchiri Pérez (20). Todos compartían lazos familiares y provenían de una zona andina de la provincia de La Unión, Arequipa.
Los restos fueron recuperados por personal policial, en coordinación con el Ministerio Público. El fiscal provincial de Grau acudió al lugar junto con peritos y familiares para proceder con el levantamiento de los cuerpos. Las diligencias continuaron en la zona hasta bien entrada la tarde.
La investigación preliminar del caso contempla la posibilidad de intoxicación con cianuro, una sustancia química utilizada frecuentemente en procesos de lixiviación para separar oro del material extraído. Esta hipótesis aún se encuentra bajo análisis por parte del personal especializado, quienes deben determinar con precisión si hubo presencia de dicho compuesto en el interior del socavón.
No es la primera vez que se reportan casos similares en zonas alejadas donde la minería artesanal opera sin control técnico ni medidas básicas de seguridad. La falta de ventilación, el uso de combustibles en espacios cerrados y la manipulación de sustancias químicas sin protección adecuada forman parte de un patrón que se repite en distintas regiones.
Familiares reclaman justicia y traslado de cuerpos
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la provincia de Cotabambas para la necropsia legal. Posteriormente, serán llevados a la región de Arequipa para el entierro. Las familias aguardan los resultados oficiales, pero también pidieron que se investigue si existía alguna organización detrás de la actividad minera donde murieron sus hijos.
En tanto, la Policía continúa con las diligencias y no descarta citar a personas del entorno de las víctimas que podrían aportar información clave sobre las condiciones de ingreso al socavón. El Ministerio Público también investiga si hubo incumplimiento de normas de seguridad o si existe responsabilidad penal por parte de terceros involucrados en la operación minera.
La minería ilegal en el Perú
Un escalofriante video de 13 trabajadores de una mina de oro que habían sido secuestrados, torturados y asesinados en un socavón en el norte de Perú por parte de delincuentes ha evidenciado la “ola de terror” que ha desplegado las bandas de mineros ilegales, una actividad que cada vez tiene un mayor impacto social y ambiental.
Según lo reportado por EFE, la minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.
En el sur, esta actividad es particularmente intensa en la región de Puno y el departamento amazónico de Madre de Dios, donde se han destruido miles de hectáreas de selva y está la Pampa, una zona devastada por la minería, donde no hay presencia de autoridades y abunda la trata de personas y narcotráfico.
En el norte, se ubica la provincia de Pataz, donde los criminales perpetraron los últimos ataques y, pese haber sido declarada en emergencia en febrero de 2024, ha aumentado la violencia.
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