Exministro de Energía y Minas cuestiona suspensión de operaciones mineras en Pataz: “Parar por parar no tiene sentido”

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, expresó sus dudas respecto a la reciente decisión del Ejecutivo de suspender por 30 días las operaciones mineras en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La medida fue parte de un paquete de acciones del Gobierno tras la masacre de 13 trabajadores mineros, que incluyó también el anuncio de un toque de queda y la exclusión de mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para quienes figuran como “suspendidos”.

En entrevista con Canal N, Herrera cuestionó este tipo de disposiciones que, sin planificación previa, terminan siendo contraproducentes para las empresas que sí cumplen con las normas. “No le encuentro mucho sentido el suspender por suspender. La medida es bastante dura, especialmente si no tiene un plan que lo acompañe”, afirmó.

A juicio del exfuncionario, la decisión afecta directamente al grupo de mineras legales. Herrera explicó que un mes de paralización representa una pérdida significativa para las compañías. “Significa un 8% de los ingresos, pero los gastos siguen siendo los mismos”, detalló, añadiendo que en contextos de inseguridad, los costos se incrementan aún más debido a la necesidad de reforzar la vigilancia y el pago de lo que denominó el “salario del miedo”, es decir, cobrar en base al riesgo de trabajar.

Además, frente a la paralización de la actividad formal, Herrera advirtió que quienes operan ilegalmente no están sujetos a esta disposición. “Los ilegales no tienen necesidad de acatar la norma”, apuntó. Esta diferencia, considera, genera un desbalance que termina favoreciendo precisamente a quienes operan al margen de la ley.

Bajo la perspectiva de Herrera, el Ejecutivo no tiene la capacidad de revertir la situación en Pataz y en toda la región de la Libertad, que está consumada por la criminalidad y extorsión.

A su entender, la delincuencia ha ganado terreno al punto de desafiar abiertamente a las autoridades. “La delincuencia siente que es ella la que manda”, aseveró.

Finalmente, propuso que las medidas deben incluir no solo un combate frontal contra las bandas criminales, sino también un monitoreo riguroso a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. “Debe haber un mecanismo de seguimiento no solo a los delincuentes sino a la policía y fiscal, así como quieren levantar una base de datos de cómo se mueven los insumos/productos, también deberían hacerlo sobre las personas que están involucradas”, recomendó.

Herrera también se refirió a las deficiencias del Registro Integral de Formalización Minera, señalando que, en la práctica, este sistema ha servido más como un mecanismo de encubrimiento que de regulación. “El Reinfo se creó para que mineros en proceso de formalización sigan trabajando. Pero en la práctica, se ha convertido en un ‘pasaporte’ para la ilegalidad. Si no hay voluntad de fiscalizar y cruzar datos, el sistema seguirá siendo cómplice”, declaró.

El Gobierno ha anunciado la exclusión del Reinfo de aquellos mineros que figuren como “suspendidos”. No obstante, el exministro considera que las acciones deben ir más allá de las listas. “No se necesita Reinfo para que el Estado controle, pero no se quiere controlar porque hay amigos”, afirmó.

Entre las medidas anunciadas también se encuentra un toque de queda nocturno en la provincia. Si bien el exministro reconoce que esta acción puede tener cierto efecto inmediato, considera que no responde a la raíz del problema. “Yo creo que el toque de queda en algo ayuda, pero el tema es más profundo”, sostuvo. Para el exministro, se necesita una intervención estatal mucho más firme y sostenida en el tiempo.

Tras la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, el Gobierno anunció una serie de medidas extraordinarias con el objetivo de recuperar el control del territorio y enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona. Entre las principales disposiciones figura la suspensión total de las actividades mineras durante 30 días.

En paralelo, también se planea implementar una base de seguridad tipo VRAEM, un modelo de intervención en zonas de alto conflicto. Esta base estará conformada por personal militar y policial con dotación especial, y tendrá carácter permanente, con la misión de combatir la minería ilegal y desarticular a las redes delictivas vinculadas al crimen organizado.

Además, la presidenta Dina Boluarte decretó el toque de queda en el distrito de Pataz, restringiendo la circulación de personas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. La medida busca contener posibles represalias y facilitar las labores de control en una zona que ha sido infiltrada por economías ilegales.