El edificio abandonado de Tacna y Emancipación: décadas en ruinas, un expresidente involucrado y un juicio sin fin

A unos pasos de la Plaza San Martín, sobre el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, se alza un edificio monumental cubierto de óxido, muros grafiteados y rejas metálicas que impiden cualquier intento de acceso. La construcción, que originalmente fue concebida como un complejo de oficinas y departamentos, lleva más de treinta años sumida en el deterioro, sin puertas, sin ventanas y sin una función concreta en la ciudad.

Más que una estructura abandonada, el inmueble se ha convertido en una pieza clave dentro de un extenso entramado judicial, plagado de irregularidades, identidades inexistentes y decisiones políticas controvertidas. Su historia involucra a una empresa inmobiliaria que se quedó sin fondos, un préstamo estatal que nunca se resolvió con claridad y hasta una orden presidencial que desató una batalla legal que persiste hasta hoy.

Durante la década de 1980, cuando el Perú atravesaba una profunda crisis económica y una ola de violencia interna, la Inmobiliaria Oropesa emprendió la edificación de una torre de 19 pisos en pleno centro de Lima. En su momento, la apuesta fue arriesgada pero visionaria: revitalizar una zona histórica con infraestructura moderna. Sin embargo, el sueño se desmoronó cuando los fondos se agotaron antes de finalizar la obra.

Frente a la falta de liquidez, la inmobiliaria solicitó un crédito al entonces Banco Central Hipotecario. La deuda, sin embargo, no trajo consigo una solución, sino una cadena de litigios que se extienden hasta el presente. El caso adquirió giros inesperados en 1982, cuando un personaje identificado como Fernando Ponce Salomón apareció en escena como representante legal de la entidad financiera. El problema: no existía ningún registro oficial de su identidad en los padrones del país.

Ponce alegó que la deuda había sido cancelada por completo y que el edificio debía ser transferido a su representada. La operación nunca fue transparente, y el presunto abogado jamás volvió a dar la cara. Desde entonces, el conflicto por la propiedad del inmueble quedó atrapado en un limbo jurídico del cual no ha podido salir.

La historia dio un giro inesperado en noviembre de 1986, cuando el entonces presidente Alan García realizó un comentario que aún hoy genera controversia. Según el relato de Jesús Linares Cornejo, propietario de la inmobiliaria, García calificó al edificio inconcluso como “una bofetada a la pobreza”. Poco después, el mandatario firmó un decreto supremo que ordenaba el traspaso del terreno y la construcción al Ministerio del Interior.

La medida, adoptada sin una resolución judicial firme, desencadenó una serie de recursos legales presentados por Linares. El caso llegó al Tribunal Constitucional, fue debatido en el Congreso y derivó en una larga lista de denuncias cruzadas. Linares asegura que, por no abandonar su reclamo, fue blanco de persecuciones y procesos penales durante el régimen de Vladimiro Montesinos, y que incluso tuvo que esconderse para evitar represalias.

Pese a los múltiples fallos judiciales que han surgido a lo largo de los años, ninguno ha logrado resolver de forma definitiva el futuro del inmueble. La propiedad permanece en disputa, mientras el edificio continúa deteriorándose sin que ninguna entidad pueda intervenir de forma directa.

La imagen actual del edificio es desoladora. En su base no hay puerta, ni ingreso, ni siquiera una rendija que permita observar el interior con claridad. La estructura fue completamente cercada durante la gestión del exalcalde Alberto Andrade, quien decidió bloquear su acceso tras descubrir que el lugar servía como refugio para personas en situación de calle.

En una reciente visita realizada por el creador de contenido @kvnn, se reveló que el interior del edificio está invadido por basura, bolsas acumuladas, neumáticos abandonados y restos de actividades humanas. Los muros están cubiertos de grafitis y en la azotea aún se conserva un tanque de agua oxidado. No hay electricidad, ni barandas seguras, ni señales de mantenimiento. Solo ruinas.

La falta de acceso no ha impedido que se filtre información sobre lo que ocurre adentro. Ex trabajadores municipales, vecinos y antiguos funcionarios han confirmado que en el pasado hubo intentos fallidos por demoler la estructura o remodelarla. Ninguno prosperó por la compleja red legal que lo rodea.

En entrevista con un medio nacional hace más de una década, Jesús Linares confesó que no estaba dispuesto a renunciar a su derecho sobre la propiedad, a pesar del tiempo transcurrido. “Me dicen que ya fue mucho tiempo y que debería olvidarlo, pero sigo luchando”, declaró. Desde entonces, no se ha registrado ningún avance significativo en el caso.

El edificio de Tacna y Emancipación se mantiene como una cicatriz urbana y legal en pleno corazón de Lima. Nadie lo ocupa, nadie lo reclama públicamente, nadie lo cuida. Mientras las autoridades municipales, judiciales y políticas no logren llegar a una resolución definitiva, seguirá siendo parte del paisaje como un fantasma moderno: un símbolo de abandono, poder y promesas incumplidas.