Dina Boluarte ganará 30 veces el sueldo mínimo: así funciona el método “subjetivo” aplicado por el MEF para subir el monto a S/35.568

Contra todo pronóstico, y en medio de la conmoción por el avance de la criminalidad en el país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto más que duplicar el salario de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que pasaría de 15.600 a 35.568 soles, lo que equivale a más de 30 veces el sueldo mínimo en el Perú, fijado apenas en 1.130 soles.

Según un documento firmado por Fernando Jachilla Villanueva, director de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, esta propuesta se basa en un análisis comparativo de salarios presidenciales en América Latina y en la jerarquía de los funcionarios públicos de mayor rango en el país. ¿Cómo se llegó a este monto?

De acuerdo con el informe del MEF, la metodología para determinar la compensación económica de la presidenta incluye dos componentes principales. El primero es un análisis comparativo de los salarios de los jefes de Estado de 12 países de la región, seleccionados por su similitud económica y política con Perú. Este análisis, ajustado por el Poder de Paridad Adquisitiva (PPA), establece un promedio de 37.361 soles como referencia para los salarios presidenciales en estas economías. Los sueldos en dólares de los presidentes de la región evaluados son estos:

• Uruguay 22.289
• Guatemala 19.062
• Costa Rica 10.915
• México 9.994
• Chile 8.092
• Panamá 7.000
• Colombia 9.513
• Brasil 6.205
• Honduras 5.577
• Argentina 4.785
• Ecuador 5.072
• Perú 4.327
• Bolivia 3.014

A continuación, el análisis comparativo del MEF destaca que el salario presidencial de Boluarte, ajustado por PPA, es uno de los más bajos de la región. Actualmente, el salario bruto mensual ajustado por PPA de la presidenta peruana es de 2.015 dólares, cifra inferior a la de otros mandatarios de países como México (5.565 dólares), Chile (4.199 dólares) y Colombia (3.197 dólares), todos ellos miembros de la Alianza del Pacífico. Incluso países con menor población, como Panamá (3.286 dólares) y Costa Rica (6.578 dólares), registran salarios más altos en términos relativos.

Para el segundo componente, el MEF considera que la presidenta Boluarte debería ganar más que un ministro de Estado, que gana 30.000 soles, o un viceministro o presidente de organismos reguladores -como el Osiptel, Ositrán, o Sunass, entre otros), además de los titulares del Tribunal Fiscal, la SMV y la ONP. En este segundo grupo, los titulares ganan 28.000 soles cada uno.

El informe del MEF, que coloca el sueldo presidencial solo por debajo de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, usa este piso de 30.000 soles para aplicar un “factor de progresión remunerativa promedio” de 1,096, resultando, para este segundo componente, un sueldo potencial de 32.880 soles para Boluarte.

Todo esto, “en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas".

No obstante, debe anotarse que el MEF menciona la Ley 28212 solo en su extremo referido a que la mandataria debe tener “la más alta remuneración en el servicio de la Nación”, pero obvia que la misma ley exige que un jefe de Estado no gane más de 10 Unidades de Ingreso del Sector Público (URSP). ¿Cuánto es una URSP? Para 2025, asciende a 2.600 soles.

Pero, ¿de dónde aparece, entonces, el monto de más de 35.568 soles? Aquí ya viene la muñeca del MEF. El despacho del ministro José Salardi reconoce la aplicación de un “método de ponderación subjetiva” en el informe para promediar los dos componentes en favor de una jefa de Estado reconocida como la de menor aprobación presidencial de la historia reciente.

¿Cómo funciona un “método de ponderación subjetiva”? De acuerdo a Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, se trata de un método que asigna pesos a los criterios o factores de decisión basándose solo en la experiencia y el juicio del tomador de las decisiones. Es decir, en lugar de basarse en datos cuantitativos, se basa en la opinión y juicio del MEF para asignar pesos a cada criterio. Un método que linda lo arbitrario.

“Es parte de un proceso de regularización. Recordemos que el expresidente Alan García redujo de 40.000 a 16.000 soles el sueldo presidencial, un ahorro que en realidad no generaba mayor impacto para los gastos y necesidades que tiene el Estado”, asevera el experto.

Al final, el MEF fusiona ambos componentes y combina el promedio de los salarios presidenciales en la región (37.361 soles) con el salario ajustado de los altos funcionarios públicos en Perú (32.880 soles), ponderándolos en un 60% y 40%, respectivamente, resultando el colosal monto de 35,568 soles, hoy sujeto a debate.

“¿Por qué no 50% y 50%, ó 70% y 30%? Básicamente, lo que el MEF está tratando de hacer es darle una fórmula técnica a algo que, seguramente, ya estaba decidido. Es un método absolutamente discrecional para intentar justificar el monto", relata Odar.

Para el reconocido economista Juan José Marthans, este aumento podría interpretarse como una preparación para una liquidación máxima al término del mandato presidencial. De esta manera, el economista cuestionó si algún ciudadano peruano, ya sea en el sector público o privado, ha recibido un incremento salarial similar al que se propone para la presidenta.

“Estamos frente a una situación donde, la verdad, es que da la impresión de que únicamente está preparando su liquidación para que, de acá a 11 meses [fin del mandato presidencial], sea la la máxima posible”, dijo.

Marthans puso en duda si la mandataria ha demostrado en el pasado un nivel de eficiencia, productividad o talento que justifique un salario de esta magnitud, ya sea en su experiencia previa en el sector privado o en su desempeño en instituciones públicas como la Reniec. En sus palabras, “esto va contra la línea de lo que significa el mínimo respeto al poblador medio de Perú”.

El economista también destacó que el momento elegido para plantear este aumento es inadecuado, considerando la situación económica y social del país. Según Marthans, los resultados de la gestión actual no respaldan una medida de este tipo. En términos de seguridad, describió los resultados como “calamitosos”, mientras que en el ámbito económico, señaló que el crecimiento del país depende más de factores externos, como los precios internacionales de las materias primas, que de una orientación efectiva de la política económica interna.

En cuanto al manejo fiscal, Marthans criticó la falta de acciones concretas para corregir el frente fiscal y generar mayor credibilidad en el sector privado. Según explicó, los ingresos del sector público están siendo sostenidos principalmente por los beneficios derivados de los precios internacionales, mientras que los gastos se han ampliado con un enfoque político. En este contexto, afirmó que no se han tomado medidas significativas para inducir una mayor inversión privada ni para resarcir los desequilibrios fiscales existentes.

El economista también subrayó que el aumento salarial propuesto no está alineado con las condiciones actuales del país. Según su análisis, “estamos premiando más a un trabajador que menos produce y que menos eficiencia genera en su ambiente laboral”. Por ello, instó a las autoridades a reconsiderar esta propuesta y a enfocarse en una revisión integral del escalafón de remuneraciones del sector público en un futuro gobierno.

Finalmente, Marthans dijo que la medida no solo es contraproducente, sino que también podría generar un impacto negativo en la percepción ciudadana respecto a la gestión pública. En su opinión, cualquier revisión salarial debería estar basada en resultados concretos y en un análisis exhaustivo de las condiciones económicas y sociales del país.