Colombia confirma que alias ‘Cuchillo’ ingresó a su territorio sin “ningún requerimiento” que obligara su detención

El Gobierno colombiano confirmó este martes que Miguel Rodríguez Díaz, señalado por la presidenta Dina Boluarte como el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz (La Libertad), ingresó su territorio sin que existiera “ningún requerimiento judicial que obligara su retención o impedimento de entrada”.

A través de un comunicado, la oficina de Migración de ese país refirió que alias ‘Cuchillo’ llegó el 5 de mayo a las 9:30 a.m. en un vuelo procedente de Lima, “tras cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente”.

“Al no presentarse ninguna alerta migratoria en los sistemas de control, se procedió a su admisión conforme a los protocolos establecidos”, señaló el organismo.

De igual modo, indicó que “los controles migratorios se rigen por la información disponible en tiempo real y que, en caso de surgir nuevas solicitudes de autoridades judiciales”, Colombia “actuará conforme a la ley y a los requerimientos de las autoridades peruanas e internacionales”.

El implicado ya había estado en esa nación el 5 de enero y el 3 de febrero de este año. Antes, el 25 de octubre de 2024, había entrado a Chile, de acuerdo con su registro migratorio. Su reciente salida se produjo solo horas después de que la mandataria denunciara que fue capturado por la Policía Nacional (PNP) en 2023, pero liberado posteriormente por decisión fiscal.

“Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, capturado por nuestra Policía y puesto en libertad por el Ministerio Público”, declaró Boluarte en una rueda de prensa, al criticar el accionar del sistema fiscal.

“¿En qué quedamos? (...) Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos los liberan (...) Decir esto con las letras que corresponden no es lavarnos las manos. Sencillamente, estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando”, agregó.

El fiscal provincial Edwin Ramos ha informado que la intervención policial contra ‘Cuchillo’ en 2023 no cumplió los protocolos legales. En diálogo con Epicentro, mencionó que la Policía realizó la detención en un hotel de Casma, pero “no se tomaron la molestia de avisar al fiscal de turno” sino hasta cuatro horas después, a pesar de que “ese hotel está muy cerca” de la sede fiscal.

Ramos indicó que no existía sustento para la captura. “Me dijeron que no tenían ninguna fuente de información, que no tenían nada, que solo se basaban en comentarios”. Añadió que, según información policial, no había “conocimiento” ni “notas de inteligencia que las personas detenidas en dicha intervención” estén involucradas “en hechos criminales en Pataz”.

Detalló, finalmente, que las armas incautadas (un revólver calibre 22 y una granada) estaban inoperativas, lo que impidió proceder con la acusación. Como resultado, el Ministerio Público decidió liberarlo. “Cumplidas las 48 horas, no quedaba más que darle su libertad”, dijo.

‘Cuchillo’ es conocido por sus nexos con estructuras delictivas en Pataz, donde desde agosto de 2023 se han registrado 39 asesinatos relacionados con la minería ilegal. Se le ha vinculado con homicidios, sicariato, posesión ilegal de armamento, uso de explosivos y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Su historial figura en expedientes que documentan algunos de los ataques más feroces a instalaciones mineras de la región.

Según Canal N, un colaborador ha declarado que la masacre en Pataz estaría vinculada a un enfrentamiento armado ocurrido el último 25 de abril entre el personal de seguridad de la empresa R&R y un grupo denominado ‘parqueros’, liderado por ‘Cuchillo’.

“(Este grupo) buscaba tomar control del nivel 2520 del socavón. Como resultado del enfrentamiento, habrían fallecido cinco sujetos del grupo contrario. Posteriormente, ante la amenaza de un nuevo ataque, algunos trabajadores abandonaron el lugar, mientras que otros fueron reubicados en zonas de mayor vulnerabilidad (nivel 2300) por orden del alias ‘Técnico’”, señaló.

El colaborador, citado por la televisora, indicó que estos hechos habrían llevado al secuestro de los trabajadores. “En este tipo de confrontaciones es común que los capturados sean ejecutados o usados como rehenes para negociaciones entre los cabecillas, lo que no se habría concretado en esta oportunidad”, zanjó.