ATU pagó más de 13 millones de soles en adelantos a consorcio que presentó cartas fianza falsas, alertó la Contraloría

Con el dinero invertido se planea reubicar el centro de entrenamiento de canes de la Policía Nacional, que operaba en un espacio que interfería con los trabajos del patio taller Bocanegra de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Guardar
Contraloría detectó irregularidades. (Foto: Infoba
Contraloría detectó irregularidades. (Foto: Infoba Perú / Contraloría)

Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pagó más de S/ 13 millones en adelantos a un contratista que presentó garantías financieras falsas, en el marco de un proyecto relacionado con la construcción del nuevo complejo de adiestramiento canino de la Dirandro.

La obra, financiada con S/ 19.5 millones, forma parte del proceso de reubicación del centro de entrenamiento de canes de la Policía Nacional, que operaba en un espacio que interfería con los trabajos del patio taller Bocanegra de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Según el Informe de Hito de Control N.º 003-2025-OCI/6402-SCC, el contratista habría entregado cinco cartas fianza y una de fiel cumplimiento no válidas, lo que pone en riesgo la seguridad del dinero público transferido como adelanto para la ejecución del proyecto.

Avance del 39% con el 100% del presupuesto entregado

Aquí se planean construir los
Aquí se planean construir los túneles de acceso al patio taller Bocanegra, en el Callao. (Foto: Facebook)

La Contraloría señaló que, hasta febrero de 2025, el avance físico de la obra era del 39%, pero ya se había desembolsado el 100% del presupuesto total: S/ 19 500 000. Este monto incluye pagos por expediente técnico, valorizaciones y adelantos directos y de materiales.

El contrato original fue suscrito en noviembre de 2023 por S/ 8.6 millones, pero fue modificado por dos adendas sucesivas. La primera, en marzo de 2024, elevó el monto a S/ 13.6 millones, y la segunda, en noviembre de 2024, lo llevó a su cifra actual.

A pesar del lento avance y las observaciones técnicas pendientes, se suscribieron estas modificaciones contractuales que habilitaron mayores desembolsos anticipados.

El hallazgo más crítico del informe corresponde a la verificación de las cartas fianza presentadas por el consorcio a cargo del proyecto. En marzo de 2025, la Unidad de Tesorería de la ATU solicitó al banco supuestamente emisor que confirmara su autenticidad. La entidad financiera respondió que no había emitido ninguno de esos documentos.

Contraloria - obras paralizadas
Contraloria - obras paralizadas

Las garantías falsas representaban en total S/ 14 889 873, incluyendo:

  • Una carta de fiel cumplimiento del contrato por S/ 1 574 242
  • Tres cartas de adelanto directo por S/ 10 017 709
  • Dos cartas de adelanto de materiales por S/ 3 297 922

Además, el informe detectó que las cartas incluían correos electrónicos ajenos al banco, así como códigos QR que redirigían a una página web no oficial, diseñada para simular autenticidad, utilizando recursos digitales que imitaban la apariencia institucional de una entidad financiera.

Expediente técnico con observaciones y adenda cuestionada

A pesar de que el expediente técnico presentaba observaciones en la parte presupuestal y general, la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias (SAPLI) de la ATU firmó en noviembre de 2024 una tercera adenda con el contratista por un monto adicional de S/ 5.9 millones.

Dicha adenda incluyó una cláusula de adelanto directo por S/ 8.2 millones, a pesar de que el avance de obra acumulado era bajo y que la supervisión técnica advertía un atraso del 61% respecto al cronograma inicial.

Estos pagos completaron el total del presupuesto de la obra, sin que el contratista hubiera amortizado más de S/ 11.1 millones otorgados como adelantos. La fecha límite de ejecución venció el 31 de marzo de 2025, lo que complica la recuperación de esos fondos.

Un caso de control preventivo con impacto estructural

El caso forma parte de un control concurrente ejecutado por la Contraloría entre el 20 de marzo y el 9 de abril de 2025, cuyos resultados ya fueron comunicados a la alta dirección de la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El informe advirtió que lo ocurrido vulnera los principios de legalidad y buena fe contractual, y que los hechos podrían constituir infracciones de carácter penal, al simular documentos con la intención de acceder a pagos anticipados con dinero del Estado.