
Detalles importantes arroja la sentencia del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que condena al expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos agravado. Ello por los aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela y Odebrecht a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011, respectivamente.
El viernes 2 de mayo, tres días después de la lectura de la sentencia, Humala a través de su cuenta en X (antes Twitter) denunció que aún no se le notificaba el texto íntegro de la sentencia condenatoria. El mensaje fue publicado a las 7:18 de la noche.
A las 10:57 de la noche de ese mismo días, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada comunicó que la resolución se "notificó formalmente (...) cumpliendo los plazos procesales y considerando la complejidad del contenido". Se adjuntó en el mensaje el enlace a la sentencia.

Pues bien, la sentencia da cuenta que los jueces Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Juana Caballero García plasmaron sus firmas digitales entre las 7:58 y 8:01 de la noche. Es decir, minutos después de la queja pública de Humala y tres días después de que se efectuó la lectura del texto.

El inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal establece que las partes “inmediatamente recibirán copia” de la sentencia luego de la lectura integral en audiencia pública.

Humala pide revisión de equipos del PJ
Al presentar su queja funcional contra los jueces que lo condenaron, el expresidente Ollanta Humala solicitó a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público un “un registro informático de las computadoras” asignadas al colegiado.
Ello con el objetivo de “saber hasta qué día y hasta qué hora se siguió corrigiendo dicha sentencia”.

Recién cuando las partes reciben el texto íntegro de la sentencia pueden apelar, así como conocer a detalle los argumentos de los magistrados para condenar al expresidente y la exprimera dama a 15 años de prisión.
“El artículo 2, numeral 24, literal f) de nuestra Constitución, establece que nadie puede ser detenido, sino, por mandato escrito y motivado del juez. Se trata de un derecho fundamental que en este caso se viola de manera irreparable desde el 15 abril", dijo en su oportunidad el exministro de Humala y abogado, Wilfredo Pedraza, en referencia a que su cliente fue ingresado a un penal con un adelanto de fallo.
“Condena política”
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Ollanta Humala calificó la sentencia como una medida de carácter político y afirmó que está “alejada del derecho”. Según el exmandatario, la resolución judicial no logró demostrar un desbalance patrimonial ni el origen ilícito del dinero presuntamente involucrado en el caso. Además, sostuvo que no se ha probado que dichos fondos hayan ingresado al país o que hayan sido recibidos por él o su esposa.
El expresidente también cuestionó la validez de los documentos utilizados como pruebas en el proceso judicial, señalando que algunos de ellos habían sido anulados previamente por la Corte Suprema de Brasil. Este punto ha sido uno de los principales argumentos de la defensa, que insiste en que el fallo carece de fundamentos sólidos y responde a intereses políticos.
La condena contra Humala y Heredia se enmarca en una serie de investigaciones relacionadas con presuntos aportes irregulares a campañas políticas en Perú, un tema que ha salpicado a varias figuras públicas y partidos políticos en el país.
La defensa de los condenados ha reiterado su intención de agotar todas las instancias legales para revertir la sentencia. Mientras tanto, la jueza Coronado ha enfatizado que el proceso de apelación se llevará a cabo conforme a las normativas vigentes, garantizando el derecho a la defensa de los implicados.
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