Casi una semana luego de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad; fuentes de Infobae Perú confirmaron que todas las víctimas fueron halladas sin vida al interior de un socavón. La confirmación coincide con la difusión de un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, muestra cómo cada uno de los mineros era ejecutado por sus captores con disparos a quemarropa. Todos fueron encontrados en el mismo lugar.
Los 13 hombres fueron identificados como trabajadores que fueron contratados por la empresa R&R, cuyo dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia y que también fue blanco de ataques en su contra por parte de mineros ilegales que buscan el control de la zona.
Los familiares de las víctimas no recibieron la confirmación de la muerte de sus seres queridos por parte de las autoridades, sino que un grupo de ellos, que viajaron a Pataz, avisaron de este hallazgo a quienes se quedaron en Trujillo.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó al área donde fueron hallados los cuerpos de los 13 mineros secuestrados en la provincia de Pataz, La Libertad. El operativo, en el que participaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), la División de Investigación Criminal (Divincri) y otras dependencias de la PNP, se llevó a cabo con el apoyo del Ejército del Perú. En los videos del rescate se puede observar el trabajo coordinado de los agentes, quienes ingresaron al socavón en busca de pistas.
Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida, la PNP comenzó el proceso de identificación de los restos, mientras se recogían evidencias con el fin de esclarecer lo sucedido.
El Gobierno Regional de La Libertad manifestó su “profundo dolor e indignación” ante el asesinato de trece trabajadores cuyos cuerpos fueron hallados en un socavón en la provincia de Pataz, y exigió al Estado una respuesta inmediata para frenar la violencia atribuida a mafias vinculadas a la minería ilegal.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, condenó enérgicamente la muerte de 13 mineros secuestrados en Patáz, región La Libertad, y señaló que estos crímenes serán castigados con todo el peso de la ley. Durante su participación en el segundo encuentro de la macrorregión sur sobre la masificación de gas en Arequipa, Montero destacó que en Perú no existen “zonas liberadas” y que el gobierno tomará medidas drásticas para recuperar el orden y la gobernabilidad en la zona. Aseguró que la criminalidad en Patáz, que busca imponer su ley mediante el secuestro y asesinato, no será tolerada y que las autoridades actuarán con contundencia.
Montero también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayó que los responsables de este crimen, a los que calificó de “no peruanos”, serán identificados y enfrentados por las fuerzas del orden.
El Colectivo PAS – País Seguro, que agrupa a los gremios privados más importantes del país, expresó su enérgico rechazo al asesinato de trece trabajadores en Pataz, región La Libertad, y demandó que este crimen no quede impune. En su pronunciamiento, el colectivo señaló que este acto violento, perpetrado por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, es parte de una ola de violencia que está afectando diversas regiones del Perú.
La organización civil-empresarial instó al Gobierno, al Congreso de la República y a la administración de justicia a tomar medidas urgentes y efectivas para combatir la minería ilegal. Señaló, además, que el país no puede seguir siendo rehén de economías ilegales que atentan contra la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Asimismo, exigió la identificación y sanción de los responsables de estos asesinatos, subrayando que el Estado tiene el deber de proteger a todos los peruanos. El colectivo instó a las autoridades a actuar con firmeza para garantizar la seguridad y erradicar las actividades ilícitas que afectan a las comunidades del país.
La permanencia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, tambalea. Luego de confirmarse el asesinato de 13 mineros en Pataz, que, según él, no habían sido secuestrados, distintos parlamentarios le recordaron sus expresiones y se mostraron a favor de su salida, ya sea a través de una renuncia o censura.
La madrugada del 3 de mayo, la Policía Nacional confirmó la recuperación de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores secuestrados en Pataz, región La Libertad. Las víctimas, vinculadas a labores legales de minería en convenio con la empresa Poderosa, fueron brutalmente ejecutadas por mineros ilegales asociados con organizaciones criminales. Este crimen —uno más en una serie de ataques violentos en la zona— encendió las alarmas sobre el descontrol en una provincia que, pese a estar en estado de emergencia, parece abandonada por el Estado.
El hallazgo de los cuerpos de los 13 mineros secuestrados y asesinados en Pataz ha despertado las críticas de los familiares de las víctimas en contra de la labor de la Policía Nacional, e incluso afirmaron que en realidad fueron los compañeros de labores de la empresa R&R quienes les informaron del hecho y no las autoridades.
A menos de una semana de que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificara de “inexistente” el secuestro de 13 mineros, se confirmó el hallazgo de los cuerpos. Al respecto, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos especializados a fin de investigar y capturar a los responsables de la masacre en la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad.
Este nuevo atentado se produce a pesar de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió ampliar el estado de emergencia en la provincia de La Libertad y que se determinó un incremento del personal policial y militar en la zona para tomar el control territorial en Pataz. Sin embargo, al ser consultado sobre el tema, el ministro Gustavo Adrianzén deslizó la posibilidad de que el secuestro no fuese real.
“Sobre el supuesto secuestro de trabajadores en Pataz, se había dicho que pertenecían a la minera Poderosa. La propia empresa ha descartado que se trate de sus trabajadores. Nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia que el suceso que se informó ayer (29 de abril) sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, indicó Adrianzén el pasado miércoles en conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.