
A menos de una semana de que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificara de “inexistente” el secuestro de 13 mineros, se confirmó el hallazgo de los cuerpos. Al respecto, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos especializados a fin de investigar y capturar a los responsables de la masacre en la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad.
La cartera liderada por Julio Díaz Zulueta dispuso el envío de unidades de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, junto con divisiones especializadas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), enfocadas en secuestros, extorsiones y homicidios, las cuales trabajarán en coordinación con las Fuerzas Armadas.
A través de un comunicado, la entidad expresó su pesar por las pérdidas humanas y reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en la región. Subrayó que los agentes involucrados en el operativo cuentan con autorización para emplear sus armas de fuego en caso de ser necesario, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. “¡Estas muertes no quedarán impunes!”, enfatizó sin hacer mayor referencia, rectificación o mea culpa ante lo anunciado en Consejo de Ministros por el premier.

Al respecto, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) invocó a las autoridades a implementar acciones concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores mineros y de la ciudadanía en general, sobre todo ante el registro de “sucesivos atentados, generados por mafias de la minería ilegal, que buscan ejercer un control total en la zona”.
“Expresamos nuestra total preocupación por el predominio territorial que vienen logrando estos grupos ilegales a través de la violencia, pese al estado de emergencia establecido por las autoridades y al despliegue policial de la zona. En las últimas horas se ha reportado otro caso, en donde la Policía tuvo un enfrentamiento con un grupo criminal que había tomado como rehenes a trabajadores de la minera Caravelí, también en Pataz, hiriendo a dos efectivos policiales”, escribieron.
Agregaron que los trabajadores asesinados estaban vinculados a una operación minera artesanal que operaba bajo contrato en una concesión de la minera Poderosa. Por su parte, la empresa indicó que desde el año 2020, diversos frentes de minería ilegal han ocupado terrenos, lo que ha provocado la suspensión de actividades y ha puesto en riesgo la integridad física tanto de sus colaboradores como de mineros artesanales en proceso de formalización.
Asimismo, lamentaron que en los recientes operativos policiales no incluyeran interdicciones en bocaminas ilegales ubicadas en zonas de enfrentamiento. Según la firma, esta omisión ha permitido que las organizaciones criminales mantengan el control de ciertas áreas.

¿Cómo fue el hallazgo de los mineros?
De acuerdo a fuentes de Infobae Perú, las víctimas, trabajadores de la empresa R&R, habrían sido torturadas y ejecutadas por sus captores, quienes difundieron un video en redes sociales mostrando los asesinatos. En las imágenes, se observa cómo los mineros fueron ejecutados con disparos a quemarropa. Este hallazgo se produjo casi una semana después de los primeros reportes de su desaparición.
El descubrimiento de los cuerpos no fue comunicado inicialmente por las autoridades. Fueron los propios familiares de las víctimas quienes, tras viajar a Pataz, confirmaron el hallazgo a sus allegados en Trujillo, ciudad de origen de muchos de los trabajadores. En días previos, medios regionales habían identificado a ocho de los mineros desaparecidos, cuyos nombres fueron difundidos en los reportes iniciales. Entre ellos se encontraba un hombre cuya familia confirmó su fallecimiento y el traslado de su cuerpo, junto con los de sus compañeros, a la morgue de Trujillo para su identificación oficial.
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