Masacre en Pataz: Gobierno Regional de La Libertad exige declarar estado de sitio

El Gobierno Regional de La Libertad manifestó su “profundo dolor e indignación” ante el asesinato de trece trabajadores cuyos cuerpos fueron hallados en un socavón en la provincia de Pataz, y exigió al Estado una respuesta inmediata para frenar la violencia atribuida a mafias vinculadas a la minería ilegal.

A través de un comunicado oficial, las autoridades regionales afirmaron que esta tragedia “enluta no solo a nuestra región, sino a todo el país”, y subrayaron que “la paz y la vida de nuestros ciudadanos no pueden seguir siendo amenazadas por mafias criminales vinculadas a la minería ilegal”.

El gobierno regional instó al Poder Ejecutivo, a través de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, a desplegar “de inmediato personal y recursos que refuercen la seguridad en toda la provincia de Pataz”. En ese sentido, se solicitó una intervención urgente que garantice “la seguridad de todos”.

Asimismo, se exigió una respuesta contundente del Ministerio Público y del Poder Judicial. “Estos crímenes no pueden quedar impunes. Exigimos que se investigue y capturen a los responsables de este acto sanguinario”, indica el texto. En referencia a la gravedad del crimen, el gobierno regional enfatizó: “No puede haber contemplación frente a semejante brutalidad. La justicia debe actuar con todo el peso de la ley y sin titubeos”.

El pronunciamiento también pidió que el Ejecutivo considere declarar el Estado de Sitio en la zona. “Solicitamos al Poder Ejecutivo que evalúe decretar el Estado de Sitio en la provincia de Pataz, como medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado”.

Por otro lado, se reafirmó el compromiso del gobierno regional con las víctimas. “Reafirmamos que el Gobierno Regional de La Libertad no abandonará en ningún momento a las familias de las víctimas”, señaló el comunicado, en el que se adelantó que se activarán “todos los mecanismos regionales disponibles para brindar apoyo legal, psicológico y económico”.

Finalmente, el mensaje concluye con una advertencia directa: “No permitiremos que el miedo ni la violencia se impongan en nuestra tierra. Actuaremos con firmeza, por la memoria de las víctimas y por el futuro de nuestra región”.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores secuestrados en Pataz, región La Libertad, ha desatado una fuerte indignación entre los familiares de las víctimas, quienes denuncian que la Policía Nacional del Perú (PNP) conocía la ubicación de los cadáveres desde días antes, pero no tomó las acciones necesarias para rescatarlos. Según los allegados, fueron ellos, y no las autoridades, quienes finalmente encontraron los cuerpos en el mismo lugar donde fueron secuestrados.

Los 13 hombres eran empleados de la empresa R&R, dedicada a la minería artesanal formal y legal en la zona. Según los testimonios, las víctimas fueron secuestradas y ejecutadas poco después, en la noche misma del secuestro. Sin embargo, los familiares afirman que la policía nunca atendió sus alertas. “En general, las autoridades competentes que han tenido el caso, desde un comienzo, han sabido todo. Ellos ya sabían que los muchachos ya estaban fallecidos... desde un comienzo les dijimos que ellos se encontraban en el mismo punto porque a ellos nunca los movieron”, afirmó uno de los familiares en declaraciones a Exitosa.

A pesar de los esfuerzos de los familiares por informar a la Policía sobre el paradero de los cuerpos, las autoridades no habrían tomado medidas inmediatas. Los allegados afirman que la policía ya conocía la existencia de un video, grabado por los propios secuestradores, en el que se muestra cómo los trabajadores eran ejecutados a tiros. “Ese video lo teníamos hace dos o tres días. La Policía también lo tiene. Desde mi punto de vista, la Policía ya sabía esto. Los familiares de los secuestrados nos comunicábamos con ellos, pero no hacían caso, se hacían de la vista gorda”, expresaron.

Finalmente, tras días de incertidumbre, fueron los compañeros de trabajo de las víctimas, empleados de la minera Poderosa, quienes localizaron los cuerpos y notificaron a las familias. “Ellos (la Policía Nacional) sabían la situación. No sé por qué esperaron hasta el último momento a que los compañeros encuentren los cuerpos para que ellos salgan a decir que los han encontrado”, concluyó otro familiar.