Asesinato de 13 mineros en Pataz: ANGR exige con urgencia una reunión del Conasec

La provincia de Pataz, en la región de La Libertad, fue escenario de una tragedia que ha conmocionado al país. Trece trabajadores de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, fueron hallados sin vida en un socavón en el sector Las Tolvas, en el distrito de Tayabamba. Los cuerpos, desnudos y maniatados, presentan signos de ejecución, presuntamente a manos de sicarios vinculados a la minería ilegal.

Los trabajadores habían desaparecido el 25 de abril, pero tanto el gobierno peruano como la Policía Nacional del Perú (PNP) inicialmente dudaron de la veracidad del secuestro. La situación cambió drásticamente con el hallazgo de los cuerpos, lo que evidenció la magnitud del crimen organizado en la zona.

La minera Poderosa denunció que la región ha sido tomada por bandas criminales relacionadas a la minería ilegal, convirtiéndola en un territorio sin ley donde prevalecen la violencia y el terror.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos criticó la respuesta estatal, enfatizando la necesidad de presencia efectiva y voluntad política. Además, el día anterior al hallazgo, otros 50 trabajadores fueron tomados como rehenes en una planta de la minera Caravelí en la misma zona, dejando ocho heridos, incluidos dos policías.

Ante las muertes descubiertas este domingo 4 de mayo, la Asociación de Gobiernos Regionales del Perú (AGNR) emitió un pronunciamiento urgente. En su comunicado, la AGNR expresa su preocupación ante la “intolerable violencia criminal” que afecta a la región.

Según el texto, los hechos no son aislados, pues desde hace varios meses, medios de comunicación y líderes locales han denunciado altos niveles de inseguridad, extorsión y sicariato, lo que ha incrementado el riesgo para las comunidades y empresas que operan legalmente.

Ante esta grave situación, la AGNR solicita con urgencia al Gobierno Central tomar medidas concretas para restaurar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entre las demandas se destacan: “la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en Pataz”, la “intervención inmediata de las Fuerzas Armadas” y la instalación de una “base militar permanente en la zona”.

Además, se exige una “investigación integral bajo fiscalía especializada” para identificar a los responsables de la masacre y sancionarlos debidamente. “No habrá desarrollo sostenible sin seguridad”, concluye el comunicado, resaltando que la vida de los peruanos y la soberanía del Estado no son negociables.

Para la Asociación de Gobiernos Regionales, la situación en Pataz refleja un problema estructural en el país, donde la minería ilegal y el narcotráfico vienen generando un clima de inseguridad que afecta a las comunidades más vulnerables.

En tanto, diversos congresistas también se manifestaron al respecto y le recordaron al premier Gustavo Adrianzén sus expresiones y se mostraron a favor de su salida, ya sea a través de una renuncia o censura.

“Esto es de sólo hace cuatro días. En la luna. No hay razón objetiva para no censurarlo”, dijo el parlamentario no agrupado Edward Málaga Trillo. “¿De qué han servido los estados de emergencia? ¿De qué sirvió que Adrianzén vaya a Pataz a prometer más bases policiales? El despliegue de policías y militares no tiene sentido si no hay órdenes contundentes de acabar con esa delincuencia. Adrianzén debe dejar el cargo”, agregó.

Por su parte, Silvana Robles, integrante de la Bancada Socialista, criticó duramente al Ejecutivo. “Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo. Ni los estados de emergencia ni el cuarto de guerra han sido eficaces. Una presidenta y ministros que no actúan frente a la violencia, no pueden seguir en el cargo”, afirmó.