El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados con sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, ha solicitado acogerse a la Ley N.º 32181 para cumplir su condena desde su domicilio.
Su abogado, Roberto Su, confirmó este viernes a Perú21 que el pedido fue presentado días después de que su cliente cumpliera 80 años, el pasado 28 de marzo. La norma en mención, promulgada en diciembre de 2024, modificó el Código Penal y estableció que “los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal”.
El artículo 288 contempla medidas restrictivas de libertad como comparecencia obligatoria, prohibición de salida del país, limitación de contacto con determinadas personas o acceso a ciertos lugares, vigilancia supervisada, caución económica o fianza. Por su parte, el artículo 290 regula las condiciones para conceder arresto domiciliario.
“Hemos presentado el pedido hace más de un mes. El juez puede resolver directamente o convocar a una audiencia previa. Lo que ya debió hacer es notificar a la Fiscalía para que emita su opinión”, declaró Su al diario.
La solicitud se encuentra en el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Perú21 señala que otros condenados, como Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, podrían beneficiarse también de esta ley.
En octubre pasado, Toledo requirió ser procesado en libertad y expresó a los magistrados: “Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, tras señalar que sufre de cáncer y problemas cardíacos.
“Pido a la Justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, dijo a la agencia EFE en abril de 2023, cuando se entregó a las autoridades estadounidenses como paso previo a ser extraditado. “Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas diarias, tengo hipertensión y sufro por los remanentes del cáncer (…). Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel".
El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde también están los expresidentes Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, y Pedro Castillo, juzgado por rebelión tras el fallido golpe de Estado de 2022.
La semana pasada, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Rómulo Peñaranda, directivo de Alpha Consult S.A., a 35 años de prisión por lavar cerca de 3 millones de dólares de Odebrecht. Sin embargo, cumplirá su pena en arresto domiciliario por tener 82 años.
Críticas
En entrevista con Exitosa, el abogado penalista y constitucionalista James Rodríguez expresó su preocupación por el impacto de la Ley N.º 32181, tras la solicitud de Toledo. “Esta norma no hace distinción alguna, es decir, personas sentenciadas por corrupción, por homicidio, violación, terrorismo y otros van a ser beneficiados con esta ley que ha sido aprobada por el Congreso y el Ejecutivo”, señaló.
Rodríguez advirtió que la ley “no hace más que generar un mal precedente de impunidad frente a personas que han delinquido, que han aprovechado el erario nacional, que se han enriquecido ilegalmente y después, en buena forma, ya no van a estar en el penal sino en su domicilio”.
Agregó que aunque fue aprobada con argumentos humanitarios, la norma podría abrir la puerta a beneficios indebidos para condenados por delitos graves. “Toledo va a terminar beneficiándose con el dinero recibido por Odebrecht. Con esta ley, el Congreso está generando un mal precedente. Esperemos que el próximo Congreso, donde podría entrar gente más honorable, pueda cambiarla, ya que se le está dando una mala utilización”, anotó.
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