Alejandro Muñante a favor que adolescentes, desde los 16 años, sean juzgados como adultos por delitos graves

El congresista Alejandro Muñante expresó su respaldo al dictamen que busca modificar el sistema penal juvenil para incluir a adolescentes de 16 y 17 años como penalmente responsables por la comisión de delitos graves. La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos de ley acumulados —entre ellos los PL 618/2021-CR y 6080/2023-CR—, que ya cuenta con dictamen favorable en la comisión correspondiente del Congreso.

Muñante argumentó que los adolescentes actuales tienen mayor capacidad de discernimiento en comparación con generaciones pasadas. Por ello, considera que si cometen delitos graves, deben recibir penas similares a las de un adulto, aunque con los beneficios de la responsabilidad restringida establecidos por la ley.

Durante una entrevista con Exitosa, el congresista indicó que el dictamen contempla que los menores que cometan delitos como homicidio, violación o robo agravado no sean procesados bajo el sistema de justicia juvenil, sino dentro del régimen penal ordinario. “El adolescente de hoy no es el mismo de hace 30 o 40 años atrás”, sostuvo, en referencia a la supuesta madurez que tendrían los menores de edad en la actualidad.

Además, indicó que se esperaba la oposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al considerar que el dictamen colisiona con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional al que el Perú está suscrito.

En respuesta, la Defensoría del Pueblo reiteró su rechazo al dictamen aprobado, y advirtió que la propuesta representa una afectación directa a los derechos fundamentales de los menores de edad. Según este organismo, las iniciativas legislativas vulneran principios contenidos en la Constitución peruana y en tratados internacionales ratificados por el Estado.

La Defensoría sostuvo que el dictamen no cuenta con el respaldo de organismos técnicos ni de organizaciones de la sociedad civil, y lo califica como una medida de corte populista, que no resuelve las causas estructurales de la delincuencia juvenil.

También se pronunciaron en contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer, y el propio Poder Judicial, quienes coincidieron en que el enfoque del dictamen contradice la política pública vigente orientada a la reinserción y rehabilitación de adolescentes infractores.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 40.3, establece que todo menor de 18 años debe ser juzgado bajo un sistema de justicia especializado. Esta norma obliga a los Estados firmantes a implementar procedimientos diferenciados que consideren el desarrollo físico, mental y emocional de los adolescentes.

En ese sentido, la Defensoría recordó que el dictamen aprobado ignora esta obligación y compromete la capacidad del Estado para brindar una protección especial a las personas menores de edad, como lo exige la normativa internacional. Además, plantea riesgos en términos de estigmatización y futuras barreras de reinserción social para los adolescentes procesados como adultos.

La modificación planteada por el dictamen marca un giro en la política penal juvenil aplicada en el Perú desde la ratificación de la CDN. El sistema especializado actual reconoce que los adolescentes cometen infracciones en contextos de vulnerabilidad y exclusión, por lo que prioriza medidas socioeducativas y terapéuticas por encima del castigo punitivo.

Con la aprobación del dictamen, se introduciría un modelo más severo que, según especialistas, no cuenta con evidencia empírica que demuestre una disminución efectiva de la criminalidad juvenil en países que lo aplicaron. En algunos casos, se han reportado efectos contrarios, como la reincidencia y el agravamiento del perfil delictivo.

El dictamen aún debe ser debatido en el Pleno del Congreso, donde se determinará si la propuesta avanza hacia su aprobación definitiva.