Organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y expertos en salud han emitido una alerta sanitaria nacional frente a una ley aprobada por el Congreso del Perú que podría permitir el ingreso de medicamentos al país sin un control sanitario adecuado.
Según el pronunciamiento, dirigido a la presidenta Dina Boluarte, la norma representa una amenaza directa a la salud pública al debilitar los mecanismos de evaluación técnica y control de calidad de los medicamentos. El congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, lidera la iniciativa legislativa que ha generado esta controversia.
Medicamentes sin control sanitario local: el Perú como patio de experimentos
De acuerdo con el pronunciamiento, la ley en cuestión, que engloba los Proyectos de Ley N° 1422/2021-CR, 1880/2021-CR, 2273/2021-CR y 4995/2022-CR, establece que si la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) no evalúa un expediente en un plazo de 45 días, el registro sanitario se otorgará automáticamente.
Esto significa que medicamentos podrían ser aprobados sin una revisión técnica exhaustiva, lo que, según los voceros de las organizaciones, pone en riesgo la seguridad de los pacientes. “Nunca antes en el Perú se había pretendido registrar medicamentos por silencio administrativo. Ni siquiera los países con alta vigilancia sanitaria permiten una medida tan irresponsable”, señalaron.
Ser un país de “alta vigilancia sanitaria” no garantiza nada
El pronunciamiento también advierte que la norma permitiría la entrada de productos fabricados en cualquier parte del mundo, siempre que se comercialicen en países considerados de alta vigilancia sanitaria. Sin embargo, no se garantiza que estos productos provengan de plantas reguladas bajo los mismos estándares de calidad, lo que podría exponer a los pacientes peruanos a medicamentos sin garantías reales de eficacia ni seguridad.
Además, las organizaciones denunciaron que la ley desconoce normas recientemente aprobadas, ignora el marco constitucional y elimina salvaguardas sanitarias mínimas, sin prever un reglamento técnico para su implementación.
Farmacéuticas: el Gobierno debe observar la ley Bustamante
Víctor Dongo, representante del Colegio Médico del Perú y Gerente General del Instituto de Gestión y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, enfatizó que la salud de los peruanos está en riesgo si esta ley se promulga. Según el pronunciamiento, el acceso a tratamientos no puede lograrse sacrificando vidas ni reduciendo la salud pública a un simple trámite administrativo.
Las organizaciones han solicitado a la presidenta Boluarte que observe la autógrafa de ley y convoque de inmediato a una mesa técnica multisectorial. Esta mesa debería incluir a representantes de DIGEMID, el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), colegios profesionales, universidades, asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica, con el objetivo de construir una norma técnica, viable y responsable.
¿Quiénes ganan realmente con esta ley? Los pacientes, no
Los voceros también señalaron que la aprobación de esta ley podría abrir la puerta a productos de alto riesgo que no han sido sometidos a una revisión adecuada. Según el pronunciamiento, esta situación no solo vulnera los derechos de los pacientes, sino que también pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad sanitaria.
“La salud de los peruanos está en juego. Si esta norma se promulga, los medicamentos podrían entrar al país sin ningún filtro real”, advirtieron.
El debate sobre esta ley ha generado una fuerte oposición por parte de diversos sectores, que consideran que su implementación podría tener consecuencias devastadoras para la salud pública. Las organizaciones han insistido en la necesidad de un enfoque técnico y riguroso para garantizar que los medicamentos que ingresen al país cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios.
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