Suboficiales acusan a Comandante General de la PNP de usar policías como albañiles

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, enfrenta serias acusaciones de abuso de poder y mal manejo de recursos públicos. Seis suboficiales de la institución, que han declarado bajo la figura de testigos protegidos, afirman que fueron obligados a realizar trabajos de construcción durante la gestión de Zanabria como jefe de la Región Policial Arequipa en 2020. Según los testimonios, los efectivos fueron asignados a labores de albañilería, electricidad y gasfitería en diversas instalaciones de la PNP, sin que estas actividades fueran justificadas por documentación oficial.

Según reveló el dominical Panorama, los suboficiales relataron que fueron registrados de manera falsa como si estuvieran realizando patrullaje a pie, cuando en realidad estaban trabajando en la remodelación de espacios policiales. Los testimonios detallan que estos trabajos se realizaron bajo la supervisión directa de Zanabria, quien pidió voluntarios entre su personal para llevar a cabo estas labores. Sin embargo, los efectivos no recibieron compensación adicional por estos trabajos ni se les proporcionó la alimentación adecuada durante su realización.

A pesar de las graves acusaciones, Víctor Zanabria ha minimizado los hechos, defendiendo que las labores fueron “voluntarias” y en beneficio del bienestar del personal policial. Según sus declaraciones, no hubo abuso de autoridad ni manipulación de los registros, ya que los trabajos fueron realizados como una forma de apoyo entre compañeros y con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones policiales.

Los suboficiales que decidieron denunciar el caso explicaron que, tras una orden verbal del general Zanabria, comenzaron a trabajar en diversas obras de construcción dentro de la Región Policial Arequipa en junio de 2020. En un testimonio clave, Claudia Del Castillo, mayor de la PNP, relató que después de una formación, Zanabria solicitó voluntarios entre su personal para trabajar en la reparación de una capilla y un casino dentro de la región policial. A pesar de la falta de documentación formal que respaldara estas órdenes, los suboficiales aceptaron y fueron asignados a tareas de albañilería, gasfitería y electricidad.

En esos días, los efectivos comenzaron a realizar trabajos en horario completo, pero en los documentos oficiales se los registraba como si estuvieran realizando patrullaje a pie en diferentes puntos de Arequipa. Los testimonios de los suboficiales aseguran que esta falsificación de registros fue una estrategia para ocultar la verdadera naturaleza de las tareas que les fueron asignadas. De acuerdo con el abogado José Palacios, quien representa a los denunciantes, existen documentos oficiales que prueban que los efectivos estaban registrados como parte del patrullaje, mientras en la realidad se encontraban realizando labores de albañilería en las instalaciones policiales.

Otro testimonio importante fue el de Claver Colquehuanca, un maestro de obra contratado para la refacción de la capilla en la región policial, quien también hizo fuertes acusaciones. Colquehuanca afirmó que, tras recibir el pago acordado de S/ 4.700, fue sorprendido con una transferencia de más de S/ 17.000, muy por encima del monto pactado. Según su relato, Zanabria le dijo que cobrara todo el monto y que devolviera la diferencia en efectivo. Este pago irregular levantó serias sospechas sobre el manejo de los fondos destinados a las obras.

La denuncia contra Víctor Zanabria también involucra una posible malversación de fondos. El maestro de obra, Claver Colquehuanca, detalló que la suma transferida a su cuenta fue de S/ 17.000, cuando su pago acordado era de solo S/ 4.700. Este pago aparentemente excesivo fue justificado por Zanabria como un error, pero el maestro de obra alegó que el general le pidió devolver la diferencia en efectivo. Esta transacción ha sido vista como una posible maniobra para ocultar el mal manejo de los recursos destinados a la remodelación de las instalaciones de la PNP.

El testimonio de José Palacios, abogado de los suboficiales denunciantes, apuntó a una irregularidad sistemática en la administración de los fondos para obras dentro de la región policial. De acuerdo con Palacios, el dinero destinado a las reparaciones de las instalaciones policiales podría haber sido mal administrado, y los fondos no fueron utilizados adecuadamente. Además, los suboficiales que trabajaron en las obras, a pesar de no recibir la compensación adecuada, eran registrados oficialmente como parte de los patrullajes, lo que constituyó una falsificación de documentos oficiales y un intento de ocultar el uso indebido de recursos.

La investigación por estos hechos ya está en manos de la fiscalía, que ha iniciado un proceso formal por los presuntos delitos de peculado doloso, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. De ser hallado culpable, Zanabria podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Las pruebas acumuladas, incluidos los testimonios de los suboficiales y el maestro de obra, podrían tener implicaciones significativas para su carrera y para la PNP en general, dada la gravedad de las acusaciones de corrupción y abuso de poder.