Ser niña, no madre: más de 170 menores de 14 años fueron sometidas a un parto en lo que va del año

A su corta edad, ella debió estar aprendiendo, jugando, creciendo sin preocupaciones más allá de la escuela o sus amistades. Pero su infancia fue interrumpida abruptamente al ser víctima de violación sexual. En lugar de soñar con su futuro, fue obligada a asumir una responsabilidad que no le correspondía: ser madre. Sin embargo, hoy la niña de solo 13 años lucha por su vida en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos en Ucayali. Su familia denuncia que se le negó al acceso al aborto terapéutico.

Al igual que esta adolescente, 176 niñas menores de 14 años se han convertido en madres en lo que va del año 2025 en el Perú, según el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo -cifras que solo son reportadas-. Lima encabeza la lista con el mayor número de casos con 27 registros. Le siguen Loreto con 19 partos, Ucayali con 18 y La Libertad con 12.

En los últimos cinco años la cifra alcanzó en 6.782 casos de menores de edad que se convirtieron en madres, pero se evidencia un incremento entre los años 2020 y 2023.

Infobae Perú conversó con Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, enfatizó la importancia de implementar una educación sexual integral como una herramienta fundamental para prevenir estos abusos y garantizar mejores condiciones para las infancias.

“Las cifras son alarmantes. Hay tres factores que llaman la atención, sobre todo en relación con niñas, quienes tienen que enfrentar embarazos y maternidades no deseadas. Una de ellas es la falta y la ausencia al acceso a una educación sexual integral, debido a que es sumamente importante en países como el nuestro”, declaró.

Por su parte, Marta Rondón, psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal, señaló que el 70 % de denuncias por violación sexual son contra niñas y adolescentes.

“Entonces, es una violencia sexual a repetición, por tanto, la posibilidad de quedar embarazada por violencia sexual es muy alta. El 45% de las mujeres que acudieron por violencia sexual en un año se embarazaron, y de esas, el 70% eran menores de edad”, revela.

Álvarez señala que la escuela debería ser un espacio formativo clave para los estudiantes, debido a que una educación sexual integral no solo busca prevenir embarazos, sino también a que las niñas, niños y adolescentes dispongan de conocimientos para reconocer y denunciar situaciones de abuso.

“Cuando hablamos de la educación sexual como una herramienta de protección estamos hablando de que la educación sexual dota de herramientas para identificar. Por ejemplo, qué situaciones constituyen agresiones sexuales. Desde mi experiencia que trabajo con víctimas, inicialmente no consideraban o no era claro que el hecho era de una violencia sexual o era una expresión de violencia sexual”, enfatiza.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente cuando resulta en un embarazo, suele permanecer oculta durante largos periodos. La especialista Rondón señala que el caso se conoce cuando la menor está gestando; caso contrario, el agresor continúa abusando de la víctima.

En los últimos cinco años, entre el 2020 y lo que va del 2025, las regiones que lideran en número de registros son Loreto, con 1.026 casos; Lima, con 852; Junín, con 431; y Cajamarca y La Libertad, ambas superando los 400 registros.

La desigualdad de género y la falta de acceso a oportunidades siguen siendo una realidad alarmante para muchas niñas en situación de pobreza, especialmente aquellas que residen en áreas rurales o alejadas. Estas menores enfrentan una discriminación que, aunque evidente, a menudo pasa desapercibida.

Obligar a una menor de edad a continuar con un embarazo producto de una violación ha sido calificado por organismos internacionales como una forma de “tortura”. Esta problemática se agrava en contextos donde las menores no tienen acceso a los derechos que las leyes peruanas les otorgan, como el caso en Ucayali.

El aborto terapéutico es legal cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer. Sin embargo, en la práctica, las menores de edad enfrentan múltiples obstáculos para acceder a este derecho. Existen barreras que han limitado la posibilidad de que las niñas puedan interrumpir un embarazo no deseado, incluso cuando su salud está en peligro.

El caso de la niña de 13 años hospitalizada en UCI evidencia cómo la falta de acceso oportuno al aborto terapéutico puede tener consecuencias devastadoras. Para Álvarez, esta situación no solo vulnera el derecho a la salud, sino también el derecho a la vida de las menores, quienes ya cuentan con un proyecto de vida y son ciudadanas con derechos plenos.

El doctor Enrique Guevara, secretario General de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, también precisa las consecuencias de que una menor continúe con un embarazo cuando es víctima de una violación.

“Si hay un embarazo producto de esa violación, ese daño es mucho más grave y puede ser permanente. Se puede producir depresión severa, ansiedad, intentos de suicidio, e incluso la muerte. Aún más riesgoso es cuando se trata de personas vulnerables, como menores de 18 años”, señaló.

Para la abogada existe la posibilidad que las menores que son madres no continúen con sus estudios, por lo que se ven obligadas a abandonar las escuelas y tengan un trabajo precario. Estas solo son algunas de las consecuencias que enfrentan, pero que algunos parlamentarios no quieren ver.

“Tendrá una responsabilidad que ella no deseó, sino que la sociedad y el Congreso le impusieron para cuidar a una criatura. ¿Y la gran pregunta es qué pasará con la criatura? Porque no es que el Estado le vaya a proveer educación, alimentación de calidad”, argumenta.

A pesar de que el caso es público, el Ministerio de Salud no ha emitido ningún comunicado. Mientras tanto, es deber del Ministerio de la Mujer garantizar el acceso al aborto terapéutico a la menor.

Un reciente estudio realizado por Proyecta Igualdad ha revelado que el 84 % de los procesos penales por aborto en Perú entre 2012 y 2022 se originaron en hospitales públicos, donde las mujeres acudieron en busca de atención médica tras emergencias obstétricas. Durante el periodo analizado, se procesaron a 9.962 mujeres, lo que equivale a un promedio de 1.000 casos anuales.

De acuerdo con el informe, las mujeres más afectadas por esta situación son jóvenes de entre 18 y 30 años (78 %), con bajos niveles educativos (77 % solo cuenta con educación básica) y que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema (71 %). Además, el 88 % de las procesadas son solteras y ninguna de ellas tenía antecedentes judiciales.

Estos datos reflejan un patrón de criminalización que afecta desproporcionadamente a mujeres en contextos de alta vulnerabilidad social y económica. La letrada Brenda Álvarez, mencionó que el personal médico no solo incumple con su deber de confidencialidad, sino que también expone a las mujeres a procesos penales sin garantías.

Además, estos procesos penales por aborto suelen extenderse durante un promedio de 32 meses, lo que genera una carga emocional, económica y social significativa para las mujeres procesadas. En muchos casos, estos procesos carecen de pruebas sólidas o respaldo legal. De estas carpetas fiscales, 6 de cada 10 mujeres terminan siendo condenadas.

Una situación que solo demuestra que las niñas y niños, adolescentes y mujeres están desprotegidas en el país. La abogada subraya que no se trata de ideologías, sino de la ciencia.

Ningún acto de violencia debe quedar en silencio. Cada mujer, niña o niño merece vivir libre de miedo, con respeto y dignidad, quienes deben recibir apoyo del Estado peruano. Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de abuso, puedes denunciar a los siguientes canales:

• Línea 100 del MIMP: este servicio es ofrecido por el Ministerio de la Mujer, donde especialistas podrán atender consultas y denuncias.
• Centro de Emergencia Mujer: puedes acudir a cualquier centro de atención ubicado en las comisarías, donde recibirás asesoría legal y ayuda psicológica.
• Solicita apoyo legal: a través de la página web: https://diana.org.pe/ o escribiendo al número 982 393 431 podrás pedir ayuda legal a la organización frente a la criminalización del aborto.