OEFA: presidente repuesto dura apenas 24 horas en el cargo, ¿Qué está pasando con el organismo de fiscalización ambiental?

En un giro inusual dentro de la administración pública peruana, Jaime Puicón Carrillo, quien ocupó brevemente la presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), fue repuesto en su cargo por un fallo judicial solo para ser destituido nuevamente en menos de 24 horas. Este episodio, que involucra decisiones judiciales y administrativas, ha generado interrogantes sobre la estabilidad y los procedimientos en la designación de altos funcionarios en el país.

De acuerdo con lo publicado en el diario oficial El Peruano, el 25 de abril de 2025 se oficializó la reposición de Puicón como presidente del OEFA mediante la Resolución Suprema N.º 002-2025-MINAM, en cumplimiento de una sentencia del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima. Sin embargo, al día siguiente, el 26 de abril, se publicó una nueva resolución, la N.º 003-2025-MINAM, que anulaba su reposición y restituía en el cargo a Juan Edgardo Narciso Chávez, quien había sido designado presidente del organismo en marzo de 2024. Ambas resoluciones, aunque publicadas con un día de diferencia, fueron firmadas el mismo 25 de abril por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, y la presidenta Dina Boluarte.

Jaime Puicón Carrillo, ingeniero zootecnista egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, asumió la presidencia del OEFA en diciembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, mediante la Resolución Suprema N.º 019-2022-MINAM. Sin embargo, su gestión fue breve, ya que en enero de 2023, tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta, fue destituido por decisión de la entonces ministra del Ambiente, Albina Ruiz, quien designó a Johnny Marchán Peña como su reemplazo mediante la Resolución Suprema N.º 002-2023-MINAM.

El cargo de presidente del Consejo Directivo del OEFA tiene un mandato de cinco años, salvo que el titular incurra en una falta grave o delito que justifique su remoción. Según el fallo judicial que ordenó la reposición de Puicón, su destitución en enero de 2023 no cumplió con los procedimientos legales establecidos, ya que no se especificaron causales válidas ni se le otorgó la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la jueza Malbina Saldaña, declaró fundada la demanda de amparo presentada por Puicón contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios. En su sentencia, el juzgado concluyó que la Resolución Suprema N.º 002-2023-MINAM, que dio por terminada su designación, carecía de motivación y era arbitraria. Entre los puntos clave del fallo se destacó que:

1. El cargo de presidente del Consejo Directivo del OEFA es de designación regulada, con un mandato de cinco años.
2. La remoción de Puicón no cumplió con las causales previstas en la ley.
3. No se realizó un procedimiento administrativo previo que permitiera a Puicón ejercer su derecho a la defensa.
4. La presidenta de la República no tiene discrecionalidad para remover a este tipo de funcionarios sin justificación legal.

El juzgado ordenó la reposición inmediata de Puicón en el cargo, lo que se materializó el 25 de abril de 2025.

Apenas un día después de su reposición, el gobierno emitió la Resolución Suprema N.º 003-2025-MINAM, que nuevamente destituyó a Puicón.

Según el documento, su remoción se basó en la Ley N.º 31419, conocida como la Ley de Idoneidad, y el Decreto Legislativo N.º 1544, que establecen requisitos específicos para el acceso y permanencia en cargos públicos de libre designación. Estas disposiciones, vigentes desde marzo de 2023 -dos meses después de su cuestionada salida-, exigen que los funcionarios cumplan con ciertos criterios de idoneidad en un plazo máximo de diez días hábiles desde su implementación.

El gobierno argumentó que, tras evaluar el legajo de Puicón, se determinó que no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa. Por lo tanto, su reposición fue declarada inválida, y se procedió a restituir a Juan Edgardo Narciso Chávez como presidente del OEFA.

El caso de Jaime Puicón Carrillo pone de manifiesto las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo en la designación y remoción de altos funcionarios. Si bien el fallo judicial respaldó la reposición de Puicón al considerar arbitraria su destitución inicial, el gobierno utilizó cambios normativos posteriores para justificar su nueva remoción.

Este episodio también resalta la inestabilidad en la gestión del OEFA, un organismo clave para la fiscalización ambiental en el Perú. Desde diciembre de 2022, la institución ha tenido tres presidentes en menos de tres años, lo que podría afectar su capacidad para cumplir con su misión de proteger el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales.

El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre los límites de la discrecionalidad del ejecutivo en la remoción de funcionarios y la aplicación retroactiva de nuevas normativas. Por ahora, el futuro de la presidencia del OEFA parece seguir marcado por la incertidumbre.