Uno de cada cuatro trabajadores informales en el Perú ha pasado por la universidad o instituto superior, según datos oficiales del MTPE

De acuerdo con información oficial que recopila el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), aproximadamente 12,4 millones de personas en Perú se encuentran en situación de informalidad laboral. Entre ellas, un dato que llama la atención es que cerca de 1,6 millones han cursado estudios universitarios, mientras que 1,2 millones han accedido a educación superior no universitaria. Esto significa que uno de cada cuatro trabajadores informales en el país cuenta con formación profesional o técnica, lo que evidencia una desconexión entre el nivel educativo y las oportunidades laborales formales.

En un intento por abordar esta problemática, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó la creación del Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral mediante la Resolución Ministerial N° 057-2025-TR, publicada en el diario oficial El Peruano este jueves 24 abril de 2025.

Este registro tiene como objetivo recopilar información estadística y anónima sobre los trabajadores informales a nivel nacional, regional, provincial y distrital. La normativa también subraya que la publicación de los datos generados estará a cargo de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, siempre cumpliendo con las leyes vigentes sobre protección de datos personales.

El MTPE también detalla que la mayor concentración de trabajadores informales se encuentra en Lima, con un total de 4 millones 395.400 personas en esta situación. Otros departamentos como La Libertad, Piura, Arequipa, Lambayeque, Junín, Cusco y Callao registran cifras menores, con un promedio de 690.200 trabajadores informales o menos. Las ocupaciones más comunes entre estas personas incluyen labores como agricultores, obreros, vendedores, profesionales, trabajadores de servicios, empleados de oficina, técnicos, conductores, artesanos y trabajadores del hogar.

Según el ministro Daniel Maurate, la finalidad del registro es contribuir al diseño, implementación, evaluación y mejora de políticas públicas orientadas a reducir la informalidad laboral. La administración y actualización de esta base de datos estará a cargo de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral, dependiente de la Dirección General de Promoción del Empleo. Además, se establecerán mecanismos de coordinación con entidades públicas y privadas para garantizar que la información se mantenga actualizada.

El análisis del exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros Luque, en su estudio titulado “Principales Indicadores del Mercado Laboral y Propuestas de Políticas”, ofrece una visión más amplia sobre las causas estructurales de la informalidad laboral en Perú. Uno de los factores destacados es la precarización del empleo, que se ha intensificado tras la pandemia. Aunque el empleo agregado ha superado los niveles prepandemia, la calidad del empleo ha disminuido. Actualmente, solo el 50% de la población económicamente activa (PEA) cuenta con un empleo adecuado, mientras que el 44% está subempleada y el 6% se encuentra desempleada.

Otro aspecto relevante es la insuficiente generación de empleo asalariado formal, que afecta al 50% de la PEA ocupada. En comparación, en los países miembros de la OCDE, el 90% del empleo es asalariado, lo que garantiza mejores condiciones laborales. En Perú, la falta de demanda laboral formal obliga a la mitad de la población a generar su propio empleo, en su mayoría bajo condiciones precarias. De hecho, del 70% de informalidad laboral global, dos tercios corresponden a trabajadores autónomos y un tercio a asalariados informales.

El estudio también señala la debilidad de la remuneración mínima como un factor que contribuye a la informalidad. En Perú, no existe un mecanismo técnico vinculante para la revisión periódica del salario mínimo, lo que ha llevado a una pérdida del 14% en su poder adquisitivo desde 2018. Actualmente, este ingreso no cubre ni siquiera el componente alimentario de la canasta básica familiar.

Además, el uso intensivo y desnaturalizado de la contratación temporal afecta a dos de cada tres trabajadores formales en el sector privado. Muchos de estos contratos temporales se aplican a labores permanentes, lo que limita la capacidad de los trabajadores para sindicalizarse o negociar colectivamente por temor a no renovar sus contratos. Esta situación también desincentiva la inversión en capacitación laboral por parte de las empresas y dificulta el acceso de los trabajadores al sistema financiero formal y a la seguridad social.

Finalmente, otro punto crítico es la inequidad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo. Según el análisis, solo el 28% de la renta generada anualmente en Perú se destina a remuneraciones para los trabajadores, mientras que el 63% se concentra en la renta empresarial después de impuestos.

Esta cifra coloca al país en una posición desfavorable dentro de la región latinoamericana y en contraste con las economías desarrolladas, donde la distribución es más equitativa. La escasa cobertura de la sindicalización y la negociación colectiva, que apenas alcanza el 5%, ha impedido que las mejoras en productividad se traduzcan en incrementos salariales significativos. Así, la informalidad laboral no solo afecta a los trabajadores, sino que también limita el desarrollo económico y social del país en su conjunto.