Desde hace más de tres décadas, el equipo liderado por la arqueóloga Ruth Shady trabaja en la investigación de la civilización Caral, considerada una de las más antiguas de América. Durante este tiempo, no solo se ha enfrentado al desafío de preservar estructuras milenarias y rescatar información clave para la historia del Perú, sino también a una amenaza persistente: el avance de los traficantes de terrenos que ven en la zona una oportunidad de negocio.
A medida que crece el valor de las tierras cercanas al sitio arqueológico, también aumenta el interés de grupos que buscan apropiarse ilegalmente del terreno. Según denuncias recientes de Shady, estas personas no dudan en recurrir a la intimidación. Las amenazas escalaron al punto de poner en riesgo no solo la integridad del patrimonio, sino la vida de los arqueólogos.
Durante una entrevista en Canal N, la directora de la Zona Arqueológica Caral relató la gravedad de la situación. “Las amenazas continúan porque lamentablemente no tenemos todavía las defensas que estamos esperando que nos dé el Estado”, dijo. En ese mismo espacio, detalló cómo antes contaban con cinco policías asignados al resguardo de la zona y un vehículo proporcionado por el Gobierno Regional. También se había construido una casa para los agentes. Sin embargo, todo esto desapareció en los últimos años, incluso antes de la actual gestión gubernamental.
Hoy, según Shady, la zona está completamente desprotegida. “No tenemos ni siquiera uno. La casa del policía ahora está vacía”, lamentó. El abandono por parte del Estado deja a Caral expuesta en un momento crítico, cuando el precio del suelo se multiplicó. “Si antes una hectárea podía costar 6 mil dólares, ahora no baja de 38 mil”, indicó.
Una amenaza con nombres y apellidos
Las denuncias no se limitan a hechos generales. En su testimonio, la arqueóloga mencionó con nombre propio a quienes, según sus investigaciones y reportes de la población, estarían vinculados con estas redes. Entre ellos figura Pablo César Mejía Solís, de quien señaló: “Es otro que tiene una serie de denuncias también, según me dicen”.
La situación llegó al punto de que se han producido reuniones en espacios públicos, como bares del distrito de Supe, donde se virtieron amenazas directas contra su vida y la de sus colaboradores. “Dijeron que cuando me maten a mí y lo maten al subdirector ya no va a haber quien se oponga y ellos van a poder elegir las tierras que quieran”, relató.
El año pasado, uno de los subdirectores del proyecto arqueológico tuvo que tomar una licencia de cuatro meses después de haber sido agredido por presuntos traficantes.
La respuesta del Estado: nula o desviada
En su relato, la cuidadora de Caral también detalló los intentos realizados para obtener apoyo de las autoridades. “Yo he ido a hablar con el representante de la Policía en Barranca, en el Puerto, en Huacho. En Végueta hemos tenido más apoyo, pero en Supe no”, indicó. La respuesta que recibió en uno de estos encuentros fue desconcertante: “La autoridad policial me dijo que su interés era estar en las playas y proteger a los que vayan a las playas, no a los sitios arqueológicos”.
Para Shady, esta postura no solo revela un desconocimiento sobre la importancia del patrimonio cultural, sino que también tiene un impacto directo en la seguridad de los visitantes y de los investigadores. “El Perú es reconocido por su patrimonio arqueológico. Ustedes deben tener en cuenta que los turistas que llegan son asaltados”, enfatizó durante la entrevista.
En agosto del año pasado llegaron apenas tres policías a la zona. En septiembre, la cifra subió a cinco, pero su estadía fue breve. “No garantiza la seguridad necesaria para proteger el sitio arqueológico”, advirtió la arqueóloga. Esta presencia intermitente ha sido insuficiente para disuadir a quienes buscan apropiarse del terreno.
Un patrimonio sin defensa
La civilización Caral no es un solo lugar. Según explicó Shady, el trabajo de investigación se realiza en 12 centros urbanos, siendo Caral solo uno de ellos. “Llevamos 30 años investigando la civilización de Caral, que incluye 12 ciudades”, señaló. Sin embargo, pese a la importancia del hallazgo, la respuesta del Estado ha sido limitada.
Además del peligro físico, el equipo enfrenta restricciones presupuestales que dificultan la continuidad del trabajo científico. “Las autoridades no parecen entender la magnitud de lo que está en juego”, agregó.
Para la arqueóloga, la conservación del patrimonio no debe considerarse una responsabilidad exclusiva de los investigadores, sino una obligación del Estado. “El patrimonio arqueológico es de todos los peruanos. Si destruyen el patrimonio vamos a perder una historia que nos es necesaria continuar conociendo”, expresó.
Hoy, el sitio arqueológico enfrenta un doble riesgo: la amenaza externa de los traficantes y la indiferencia de las autoridades. Mientras tanto, el equipo continúa con su labor, aunque bajo condiciones precarias y una presión que se agrava con el tiempo.
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