Las Bambas y una década de resistencia: la histórica absolución de 11 defensores que sella un precedente para la minería en el Perú

El caso de los once líderes comunales y defensores de derechos humanos de las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurímac, ha llegado a su fin tras más de diez años de proceso judicial. Según informó la Corte Superior de Justicia de Apurímac, los acusados fueron absueltos de los cargos relacionados con su participación en las protestas sociales de 2015 contra el megaproyecto minero Las Bambas, un fallo que subraya la falta de pruebas en su contra y marca un precedente en la lucha contra la criminalización de la protesta social en el Perú.

De acuerdo con la información publicada, los defensores enfrentaban inicialmente condenas de entre ocho y nueve años de prisión, además de reparaciones civiles, por su presunta implicación en actos delictivos durante las manifestaciones. Sin embargo, la defensa legal, encabezada por David Velazco, director de la organización Fedepaz, logró demostrar que las acusaciones carecían de sustento probatorio. Velazco explicó que la sentencia inicial se basó en hechos que no formaban parte de la acusación formal y que no se presentó evidencia que vinculara directamente a los imputados con los delitos atribuidos.

El prolongado proceso judicial dejó profundas secuelas en los acusados y sus familias. Lisbeth Abarca Peña, una de las defensoras absueltas, relató cómo la persecución judicial afectó no solo su vida personal, sino también la de sus seres queridos. Según detalló, las restricciones laborales y el estigma social derivado del caso impactaron gravemente a sus hijos, esposas, padres y madres. “Este proceso largo ha afectado a nuestras familias de manera irreparable”, expresó Abarca Peña.

Por su parte, Maximiliano Huachaca Mamani, quien enfrentaba una condena de ocho años y once meses, recordó que las protestas de 2015 dejaron un saldo de tres personas fallecidas, cuyos casos aún no han avanzado en el sistema judicial. Huachaca Mamani denunció que, mientras el proceso en su contra se aceleró, las investigaciones sobre las muertes permanecen estancadas, dejando a niños huérfanos y viudas sin justicia. Además, alertó sobre los graves impactos ambientales que las actividades mineras han generado en la región, como la contaminación de ríos y la presencia de plomo en la sangre de los niños.

El caso de Las Bambas ha puesto en evidencia la instrumentalización del sistema judicial para perseguir y criminalizar a defensores ambientales en el Perú. Según Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, este tipo de persecución constituye una de las formas más graves de violencia contra quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en el país. Pérez señaló que las grandes empresas mineras desempeñan un papel central en estos procesos, como lo demuestra la exigencia de una reparación civil de más de 80.000 dólares por parte de la empresa involucrada, dirigida contra familias campesinas que carecen de acceso a servicios básicos como agua potable.

La abogada también subrayó la necesidad de garantizar que las inversiones mineras respeten los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente. “Es fundamental que las actividades extractivas se realicen con pleno respeto a los derechos humanos y a la naturaleza”, afirmó Pérez, destacando la urgencia de establecer mecanismos que protejan a los defensores de derechos frente a este tipo de violencia estructural.

La absolución de los once defensores ha reavivado el debate sobre la importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos extractivos. Ronald Bello Abarca, uno de los líderes comunales absueltos, enfatizó que las comunidades no se oponen a las inversiones mineras, pero exigen que estas se lleven a cabo con respeto a la naturaleza y a los pueblos originarios. “Esperamos que las futuras inversiones mineras en el sur peruano se realicen con la aceptación y el debido respeto a nuestra naturaleza y a nuestras comunidades”, declaró Bello Abarca.

En este contexto, organizaciones como CooperAcción, representada por su fundadora Julia Cuadros, han participado activamente en las discusiones sobre el impacto del megaproyecto minero en las comunidades afectadas. Estas organizaciones han abogado por la implementación de medidas que garanticen la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos de las poblaciones locales.

La decisión de la Corte Superior de Justicia de Apurímac no solo representa una victoria para los defensores absueltos, sino que también establece un precedente en la lucha contra la criminalización de la protesta social en el Perú. Según David Velazco, el fallo demuestra que las acusaciones carecían de sustento y que el sistema judicial puede actuar con imparcialidad en casos de alta complejidad. El proceso incluyó múltiples audiencias de apelación, la última de las cuales se llevó a cabo en enero de 2025, y permitió desmontar las acusaciones iniciales al evidenciar la falta de pruebas y las irregularidades en el caso.

Este fallo histórico pone fin a una década de incertidumbre para los acusados y envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los derechos de las comunidades afectadas por proyectos extractivos. Además, refuerza la importancia de garantizar que las inversiones en el país se realicen de manera sostenible y con pleno respeto a los derechos humanos y ambientales.