El reciente cierre del Centro Comercial Caminos del Inca, ejecutado por la Municipalidad de Surco, ha generado una profunda indignación entre los comerciantes y usuarios del lugar.
La decisión, tomada por las autoridades municipales, se debe a una serie de irregularidades encontradas en el centro comercial, como el mal funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas, además de la falta de licencia de funcionamiento de dos canchas deportivas. Sin embargo, los abogados que representan a los empresarios del centro comercial sostienen que muchas de estas observaciones ya habían sido corregidas previamente.
José Luis Noriega, abogado de los administradores del centro, explicó que la indignación de los comerciantes surge en parte debido al contexto de pánico provocado por la tragedia en Trujillo. “La indignación es mayor, porque a propósito de la desgracia de Trujillo vino el pánico y el acoso y la intimidación sorpresiva. Estábamos en un proceso de fiscalización de rutina normal y se precipita esta crisis”, afirmó en una entrevista con Canal N.
Desde febrero, más de 60 locales han sido clausurados, afectando a más de 900 trabajadores directos. Además, se critica que el cierre total del centro se ejecutó mientras aún había personas dentro, lo que representa un riesgo para la seguridad de los visitantes.
Abogado acusa a fiscalizadores de “inventar” observaciones
El abogado de la administración del centro comercial señaló que los fiscalizadores habrían inventado infracciones que no se habían observado en fiscalizaciones anteriores. En su declaración, Noriega explicó que las observaciones realizadas durante las últimas inspecciones no corresponden a problemas que hubieran sido señalados en ocasiones anteriores.
Además, afirmó que las fiscalizaciones no se realizaron de manera ordenada y que, tras la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo hace más de dos meses, la situación se había “radicalizado” y las autoridades municipales habrían comenzado a buscar infracciones donde no las había.
Defensa legal alerta sobre abuso de autoridad en fiscalización
En respuesta al cierre, el abogado José Ugaz, quien también representa a los comerciantes del establecimiento, denunció lo que consideró un abuso de autoridad por parte de los fiscalizadores de Surco.
Según Ugaz, las observaciones realizadas por las autoridades no justificaban el cierre total del establecimiento, ya que muchas de las irregularidades señaladas ya habían sido subsanadas con anterioridad. Además, destacó que el cierre repentino de todos los locales contraviene los derechos de los comerciantes, quienes se han visto privados de su fuente de trabajo sin una causa legal clara.
“Esto ha rebasado largamente los límites del abuso de autoridad”, afirmó Ugaz, señalando que la medida tomada por los fiscalizadores de Surco fue excesiva e inapropiada. El abogado criticó la forma en que se ejecutó el cierre, considerando que no hubo un análisis adecuado de las circunstancias ni una evaluación proporcional de las infracciones cometidas.
Comerciantes esperan que se levante el cierre hoy
Los abogados que representan al Centro Comercial Caminos del Inca han expresado su esperanza de que el cierre se levante en las próximas horas. Según ellos, la decisión de clausurar el centro comercial fue precipitada y no tenía base legal suficiente para justificar el impacto económico y social que ha causado. Los representantes legales de los comerciantes consideran que el cierre atenta contra sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y a la defensa.
“Esto es un atropello al derecho de defensa, al derecho al trabajo y al derecho empresarial. Como ha explicado el colega José Ugaz, esta situación demuestra una falta de coherencia con los procesos de fiscalización, que deberían ser rutinarios”, sostuvo Noriega.
En este sentido, los abogados han solicitado que las autoridades municipales reconsideren la medida y levanten el cierre. Además, han mostrado su disposición para entablar un diálogo con el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, con el fin de encontrar una solución que permita la reapertura del centro comercial. Según los abogados, es fundamental que el alcalde esté debidamente informado sobre el estado del establecimiento para que tome una decisión informada y justa.
“Creo que el alcalde debería ser quien esté debidamente informado por sus funcionarios. Debe escucharnos para conocer nuestro punto de vista y, obviamente, tomar la decisión correcta, que es abrir el centro comercial de inmediato, ya que el perjuicio es inminente para todas las personas que trabajan y tienen un negocio aquí”, resaltó
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