El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que se están ejecutando acciones legales y administrativas contra funcionarios del sector vinculados al servicio de alimentación escolar, específicamente en los extintos Wasi Mikuna y Qali Warma. Las medidas incluyen tanto procesos penales como sanciones administrativas, en el marco de presuntas irregularidades que comprometen la correcta entrega de alimentos a estudiantes a nivel nacional.
Según detalló el sector, la Procuraduría Pública del Midis viene realizando procesos penales contra los involucrados por presuntos delitos contra la administración pública. Entre los cargos figuran corrupción de funcionarios, peculado en sus distintas modalidades -simple, agravado y doloso-, cohecho activo genérico y negociación incompatible.
A nivel disciplinario, se reportó que entre los años 2020 y 2024 se han iniciado 5,038 expedientes relacionados al servicio de alimentación escolar. De ellos, 2,247 han concluido con sanciones, entre las cuales se cuentan 57 destituciones.
En lo que va del 2025, el Midis informó que 529 servidores bajo el régimen CAS han sido involucrados en procesos administrativos. La cifra se desprende de una plantilla aproximada de 1,500 trabajadores contratados bajo este régimen en ese mismo periodo. Adicionalmente, se tiene registro de 134 sanciones aplicadas entre los años 2020 y 2025 en este marco.
El programa responsable del servicio alimentario -actualmente extinto- contaba con aproximadamente 2,500 trabajadores, incluyendo servidores CAS y personal contratado por órdenes de servicio.
Destituciones y denuncias desde la actual gestión
En ese sentido, la ministra Leslie Urteaga confirmó que un total de 20 funcionarios fueron destituidos en relación a los casos reportados durante el año 2024. De ese grupo, ocho fueron jefes de Unidades Territoriales del exprograma Qali Warma.
Cabe precisar que durante una declaración a la prensa, la titular del Midis explicó que estas acciones buscan enfrentar las irregularidades en el sistema de alimentación escolar. “Estamos tomando acciones, estamos sancionando como corresponde a quienes manifiestamente se han excedido en actividades, acciones y funciones, incluso omitiendo funciones”, indicó, en referencia a las decisiones adoptadas por su gestión.
Urteaga precisó que se busca frenar las malas prácticas que habrían afectado directamente a los beneficiarios del servicio: los escolares de las zonas más vulnerables del país. “Seguiremos así, poniendo mano dura a aquellos funcionarios y servidores que están inmiscuidos o involucrados en estas situaciones”, sostuvo, apuntando al impacto que los hechos habrían tenido en las familias.
Proveedores también enfrentarán denuncias
Las acciones legales no se limitan a los funcionarios del Midis. Según informó el ministerio, también se han iniciado acciones penales contra proveedores de alimentos que habrían incurrido en presuntos delitos contra la salud pública y la fe pública.
En lo que va del año 2025, la Procuraduría del Midis ha presentado 54 denuncias penales por delitos contra la salud pública, y 15 por delitos contra la fe pública. Estas cifras contrastan con los registros de 2024, donde se contabilizaron 9 y 31 denuncias, respectivamente.
Desde el inicio de la gestión de la ministra Urteaga, el 3 de febrero de 2025, hasta la fecha, se han presentado 44 nuevas denuncias por delitos contra la salud pública, todas vinculadas a proveedores del servicio de alimentación escolar. Además, se suman 15 denuncias por delitos contra la fe pública, de las cuales tres corresponden a trabajadores del programa y el resto a proveedores.
Estas acciones legales se vinculan con el exprograma Wasi Mikuna, que asumió funciones tras el cierre de Qali Warma, y que ha sido objeto de seguimiento y control por parte del Midis desde el inicio de su reestructuración.
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