
Lima Metropolitana y Callao se encuentran en estado de emergencia desde el pasado 17 de marzo. Durante este periodo, el gobierno de Dina Boluarte busca reducir la ola de criminalidad que azota a la ciudadanía a través de numerosos e incontrolables casos de extorsión y sicariato.
Al respecto, la población se mostró escéptica, puesto que recurrir a este estado de excepción anterior dejó demostrado que no es la medida idónea para reducir el índice delictivo y recuperar el orden público.
Entre los reclamos que hacen los peruanos, destaca la nula estrategia para luchar contra el crimen organizado y la errónea utilización de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
Gran parte de la opinión pública cuestiona que estos últimos solo estén posicionados en puntos específicos de cada distrito y no patrullen ni actúen cuando se produce un ataque extorsionador o un hecho delincuencial.

Mindef defiende actuación de las FF. AA.
Al respecto, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, salió al frente para defender el papel de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. Según explicó, el personal militar está sujeto a un marco legal, el cual dicta que solo puede apoyar las operaciones de la PNP, pero no actuar de forma independiente.
“Tú puedes querer muchas cosas, como toda la ciudadanía, entendemos perfectamente, pero existe un marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas: solamente pueden actuar en este caso apoyando las operaciones policiales. Eso tiene que quedar claro y tiene que entenderse. Estamos revisando con el ministro del Interior en los cuartos de guerra. Hay una inversión muy fuerte del gobierno”, indicó a la prensa desde el Congreso.
En ese sentido, dejó en claro que el gobierno de Dina Boluarte está decidido a derrotar este problema que afecta a los ciudadanos, tal como se hizo en décadas anteriores con el terrorismo.
“Voy a ser honesto en esta respuesta: nosotros vamos a vencer al crimen organizado, así como hemos vencido al terrorismo, el día en que todas las instituciones del Estado actúen articuladamente y eso incluye al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a todas las organizaciones sociales, a los medios de comunicación”, añadió.

No confían en policías ni militares
La confianza de los peruanos en la Policía Nacional ha caído a niveles alarmantes, con solo el 27% de la población respaldando la institución. Esta cifra refleja la profunda desconfianza que existe, especialmente en un contexto de creciente inseguridad.
Esta desconfianza se ve reflejada en diversas situaciones cotidianas. Como en la falta de presencia policial efectiva, la nula respuesta al llamado ante emergencias, personal policial involucrado en actividades ilícitas o en actos de corrupción o abuso de poder.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas, aunque también han experimentado una disminución en la confianza, siguen siendo percibidas de manera más positiva. Según el mismo estudio realizado por la empresa Datum para el diario El Comercio, el 59% de los encuestados confía en las Fuerzas Armadas, lo que indica una mayor valoración institucional en comparación con la PNP .
En cuanto a los serenazgos, su nivel de confianza es de 40%. En algunos distritos, como Miraflores y San Isidro, los serenazgos han implementado programas de seguridad comunitaria que han sido bien recibidos por los vecinos, aumentando así la percepción de eficacia y confianza en su labor.
Este panorama resalta la urgente necesidad de reformas profundas tanto en las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial para restaurar la confianza pública y garantizar la protección de los ciudadanos.
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