¿Qué ocurre con las motos en Perú?: Problemas relacionados a prohibir que dos personas circulen en estos vehículos

La ola de inseguridad que golpea con fuerza a Lima y Callao orilló recientemente al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a optar por medidas controversiales con el objetivo de frenar el incremento de la delincuencia, entre ellas, la restricción de la circulación de dos personas en motocicletas. Esta disposición ha generado una amplia discusión en distintos sectores de la sociedad, especialmente entre los ciudadanos que utilizan este medio de transporte de manera cotidiana y legal.

Aunque desde el Poder Ejecutivo se asegura que la medida está específicamente orientada a combatir el crimen organizado, el sicariato y otras formas de delincuencia común, el consenso entre los integrantes de la comunidad de motociclistas es que su impacto resulta desproporcionado, afectando a ciudadanos de bien y a quienes utilizan este tipo de vehículo como un medio de transporte legítimo, eficiente, económico y accesible para desplazarse en el día a día.

La disposición, que tomó por sorpresa a buena parte de la población durante la Semana Santa 2025, limita la circulación de las motocicletas lineales en la capital peruana a un solo ocupante. Esto implica que queda prohibido que los motociclistas transporten a acompañantes en sus vehículos, una práctica habitual en diversos distritos tanto de Lima como del Callao y en muchas otras partes del país.

Sin embargo, esta medida no representa una infracción directa al Reglamento Nacional de Tránsito ni está tipificada como un delito en el Código Penal. En el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM se especifica que los más perjudicados por esta nueva disposición serían, en particular, los repartidores de delivery, quienes, a partir del mes de mayo, deberán estar correctamente registrados y empadronados ante las autoridades correspondientes para poder continuar trabajando sin restricciones legales.

Asimismo, en el documento oficial también se detalla que todos los motociclistas que conducen motos lineales están obligados a portar cascos de seguridad debidamente homologados, gafas protectoras transparentes, y chalecos elaborados con material retrorreflectante.

Estos chalecos deben mostrar en la parte trasera el número de matrícula correspondiente a la Placa Única Nacional de Rodaje del vehículo, de modo que las autoridades puedan identificar fácilmente la unidad en circulación, lo que forma parte de los esfuerzos por incrementar el control visual y operativo.

Según diversos expertos y líderes del sector transporte, esta nueva restricción únicamente afectará de forma negativa a la ciudadanía, pero no logrará impactar de manera significativa a los delincuentes que cometen delitos desde motocicletas. Para Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos y también extitular de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), estos anuncios reflejan, en su opinión, una falta de conocimiento técnico por parte de las autoridades, ya que no contribuirán a reducir los actuales índices de criminalidad.

“De todos estos motociclistas, menos del 1% está relacionado con actos delictivos. De hecho, la primera víctima cuando se comete un delito utilizando una motocicleta es el propio dueño del vehículo, ya que es a él a quien le roban la moto para emplearla en la ejecución del crimen. Ningún delincuente va a usar su propia motocicleta con matrícula visible y fácilmente rastreable para cometer un delito”, agregó.

Desde la perspectiva del gobierno central, la medida busca enfrentar de forma directa la criminalidad y reducir los niveles de impunidad en actos delictivos que, en muchos casos, son cometidos utilizando motocicletas como vehículo de escape.

La presidenta Dina Boluarte ya afirmó anteriormente: “Los que van con sus cascos totalmente cubiertos y llevan a un segundo pasajero en la moto son los que atentan contra nuestros hermanos de bien. Esto es lo que vamos a evitar con esta disposición”.

Para las autoridades del Ejecutivo, esta disposición representa una estrategia destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, ya que, según su enfoque, los delincuentes utilizan las motos como medio principal para ejecutar crímenes, sin dejar rastros que puedan ser identificados por la Policía Nacional del Perú.

“¿Realmente esta medida va a afectar a los sicarios? Dos sicarios se suben en una moto, recorren un par de cuadras, disparan contra su objetivo, cometen el delito, luego avanzan algunas cuadras más, uno de ellos se baja de la moto y la Policía ni se entera. Pasa como si fuera un ciudadano más. Este es el modus operandi que se busca cortar con la norma”, alegó Derteano.

Por su parte, Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (ASMOPE), resalta otro problema clave: la medida no cuenta con estudios técnicos previos, ni fundamentos sólidos, lo que, según su visión, atenta contra derechos constitucionales como el libre tránsito y la propiedad privada, pilares fundamentales en un Estado de derecho.

“Lo que sucede en el país es que hay un cáncer generalizado de corrupción y criminalidad. Y a nosotros, los motociclistas, nos quieren dar un paracetamol, una solución temporal que no resuelve nada. No están dispuestos a extirpar los tumores que ya están gangrenados dentro del Estado”, agregó con firmeza.

Aunque la PNP ha respaldado públicamente la medida, argumentando que podría reducir las capacidades operativas de los delincuentes, la falta de claridad sobre cómo se implementará la norma ha generado aún más incertidumbre entre los ciudadanos.

De acuerdo con declaraciones del general Enrique Felipe Monroy, las intervenciones a motociclistas que circulen con un acompañante se realizarán según el criterio de los agentes policiales que lideren los operativos. Esta falta de uniformidad, sumada a la ambigüedad en la interpretación de la norma, abre la puerta a confusiones y posibles abusos de poder por parte de algunas autoridades.

“Lo más preocupante de todo es que ni siquiera se sabe qué organismo será el encargado de implementar esta medida. ¿Será el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Justicia? Están tomando decisiones apresuradas sin considerar las consecuencias reales, y al final están perjudicando a más de tres millones de personas por intentar atrapar a un grupo muy reducido de delincuentes”, expresó nuevamente Edwin Derteano.

“Lo diré sin rodeos: estas acciones se prestan para la corrupción de algunos policías, porque dependerá de su criterio personal si deciden retener tus documentos o alegar que han visto algo sospechoso en tu trayecto. Ese es el verdadero problema de hacer normas ambiguas”, reclamó Millones.

Otro punto de controversia que ha generado preocupación dentro de la comunidad de motociclistas es la nueva exigencia relacionada con el tipo de cascos permitidos. Según la normativa, los conductores no deben usar cascos integrales que cubran completamente el rostro, lo cual podría representar un riesgo mortal en caso de accidentes.

“Se planteó una disposición ambigua respecto al uso de cascos de seguridad, señalando que no deben tener accesorios. Esto es problemático, ya que muchos de esos accesorios no son simplemente decorativos, sino elementos fundamentales para la seguridad del conductor, como visores resistentes a impactos, sistemas de ventilación o protección auditiva”, lamentó el presidente de ASMOPE.