Dina Boluarte conversó con el presidente Emmanuel Macron y recibió invitación para visitar Francia

La presidenta Dina Boluarte conversó con su homólogo francés Emmanuel Macron. El encuentro telefónico fue confirmado por ambos mandatarios a través de sus redes sociales. Desde Palacio de Gobierno tan solo se limitaron a indicar que la reunión sirvió “para fortalecer los lazos históricos entre ambos países. Un diálogo al más alto nivel en favor de la cooperación y el entendimiento bilateral”.

Por su parte, Macron publicó un texto más extenso que confirmó su deseo de reforzar la copración en defensa, lucha contra el crimen organizado, metales críticos, sector espacial, infraestructuras, entre otros. Además, indicó que Francia está a favor de la candidatura del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“También trabajamos codo a codo para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. El Perú puede contar con el respaldo de Francia para defender la alta mar, preservar los bosques y actuar a favor del medio ambiente”, escribió el presidente francés para luego indicar que extendió una invitación a Boluarte para que visite Niza durante la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Océano.

El medio estadounidense The Intercept publicó un informe en el que presenta a Dina Boluarte como la presidenta más impopular del mundo, basándose en encuestas que reflejan una desaprobación generalizada hacia su gestión. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, su aprobación nunca ha superado el 20% y ha disminuido constantemente desde marzo de 2023. Actualmente, su nivel de aprobación es inferior al de otros líderes con baja popularidad, como Yoon Suk-yeol de Corea del Sur (16%) y Emmanuel Macron de Francia (18%) .

El informe destaca que Boluarte, quien llegó al poder con una postura izquierdista, ha mantenido su cargo gracias al respaldo de una coalición mayoritariamente derechista en el Congreso. Esta alianza ha generado críticas, especialmente por la represión de las protestas que surgieron tras su asunción, en las que el ejército fue desplegado y se registraron muertes sin que se haya responsabilizado a nadie por estos hechos.

Además, se señala que Boluarte evitó responder a la prensa durante más de 107 días y enfrentó investigaciones por el caso ‘Rolex’, que incluyó allanamientos a su residencia y al Palacio de Gobierno. En respuesta, sus aliados promovieron rápidamente una ley que limitó la definición de crimen organizado, lo que fue criticado por periodistas como Marco Sifuentes .

A pesar de estas controversias, la presidenta ha minimizado las encuestas, afirmando que no gobierna en función de ellas y que percibe un respaldo diferente durante sus visitas al interior del país. Sin embargo, encuestas recientes indican que su aprobación ha caído hasta un 3%, mientras que la desaprobación alcanza el 95% .

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la nueva ley promulgada en Perú que modifica la legislación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La normativa refuerza el control gubernamental sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional, estableciendo sanciones severas, incluidas multas considerables y la posibilidad de suspensión o cancelación del registro de las organizaciones que infrinjan las disposiciones, especialmente si utilizan fondos internacionales en litigios contra el Estado peruano .

El Alto Comisionado, Volker Turk, instó al Gobierno peruano a respetar sus obligaciones internacionales y garantizar un entorno donde las organizaciones de la sociedad civil puedan desempeñar su labor en la defensa de los derechos humanos sin temor a represalias. Según Turk, la ley podría afectar gravemente el trabajo de las organizaciones que brindan asistencia jurídica a las víctimas de abusos cometidos por el propio Estado .

La presidenta Dina Boluarte defendió la ley, argumentando que busca garantizar la transparencia en el uso de fondos de cooperación internacional. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil consideran que se trata de un intento de control político sobre las ONG y una medida que debilita la democracia en el país .

Críticos señalan que la ley impone requisitos administrativos más estrictos y sanciones severas a las organizaciones que utilicen fondos internacionales para presentar demandas legales contra el Estado peruano, lo que podría restringir significativamente el acceso a la justicia para las personas más vulnerables .