Beto Ortiz denuncia irrupción de “sicarios con uniforme de policías” en su casa de Chaclacayo: ANP pide investigación célere

El periodista Beto Ortiz denunció este domingo que dos sujetos, vestidos con chalecos de policías, se presentaron en su casa de Chaclacayo, donde realizaron preguntas intimidatorias al cuidador de la propiedad.

Según la denuncia emitida en Panorama, el dominical de la televisora a la cual pertenece, los individuos no se identificaron y se retiraron rápidamente tras hacer preguntas directas sobre su presencia en la vivienda. El guardián informó que el automóvil en el que llegaron ya había sido visto anteriormente estacionado frente a la casa, y que los sujetos no parecían ser oficiales.

En diálogo con Infobae Perú, Ortiz señaló que una fuente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP) le informó que se trataba de “falsos” agentes, ya que “no se realizan operativos los domingos y el automóvil no era oficial”. El caso ya es conocido por la dependencia policial local, que acudió a pedir los registros de las cámaras de seguridad.

“Estamos hablando de sicarios disfrazados de policías, que es algo que se ve todos los días (...) Esta fuente me dijo, textualmente, ‘te quieren dar vuelta’”, señaló al plantear la hipótesis de que el incidente podría estar relacionado con un intento de amedrentamiento por parte del empresario investigado por corrupción, Zamir Villaverde, quien lo denunció junto a sus colegas Rosana Cueva y Eduardo Quispe por cargos de organización criminal.

“Quizás estaríamos hablando de otro desenlace si hubiera abierto la puerta. La única explicación a la impunidad de Zamir es un pacto con el gobierno de Dina Boluarte (...) Lo primero que hace es quitar todo. Así es como ha fabricado su fortuna sangrienta, así ha robado todo un balneario en Cañete. Cuando empecé a denunciarlo fue ir a Registros Públicos a averiguar qué tengo. La SUNAT ya dijo que no tengo deudas tributarias, pero aun así la Fiscalía ha dado viabilidad a una de otras denuncias contra mí por defraudación tributaria”, agregó.

Después de la emisión de la denuncia, la conductora de Panorama, Carla Muschi, condenó que los periodistas sean amenazados “por cumplir con la labor de informar”. Por su parte, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), solicitó una investigación inmediata de los hechos.

“En este momento, Beto no está realizando labores periodísticas propiamente dichas, pero si hay una denuncia por reglaje debe ser investigada con celeridad. No es la primera vez que se denuncia a periodistas por pertenencia a organizaciones criminales. Parecería que ya no les sirve únicamente llevar a periodistas a tribunales por temas de difamación, sino que ahora quienes quieren acallar denuncias periodísticas le echan mano a interponer denuncias en el Ministerio Público”, declaró a este medio.

“Nosotros hemos sido críticos incluso con Beto, pero lo que no podríamos tolerar institucionalmente es que alguien, a consecuencia de su trabajo, sea víctima de prácticas delictivas. Aquí les toca a las autoridades esclarecer una situación”, continuó.

La semana pasada, la periodista Rosana Cueva, directora periodística de Canal N y América Televisión, calificó de “absurda” la denuncia presentada por Villaverde, por la cual el Ministerio Público abrió la investigación en enero pasado.

Cueva, Ortiz y Quispe son implicados en una presunta organización criminal que lideraría el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, y en la que también se encuentran incursos fiscales, policías y exfuncionarios. La denuncia se basa, en buena parte, en las declaraciones de la expareja de Otárola, Yaziré Pinedo.

La periodista refirió, además, haber sido víctima de acoso por parte de Villaverde, quien fue colaborador eficaz y reconoció haber entregado miles de dólares al recluido expresidente Pedro Castillo a través del exministro Juan Silva.

“No me queda ninguna duda de que tiene un vínculo con otras autoridades del Estado. Está ahí, latente. Eso podría explicar por qué una fiscalía haya aceptado un documento con todos estos problemas, ausencias, faltas de sustentación. Hay varias irregularidades o partes del proceso que no están claras. Creo que ha habido una prisa para que ese expediente camine rápido”, señaló.

Inicialmente, la investigación fue por cargos de organización criminal y tráfico ilegal de datos personales, aunque solo este último extremo fue archivado, a pesar de que el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) solicitaron que la Fiscalía se abstuviera de continuar con el caso.

Los gremios periodísticos subrayaron que la acusación se basa únicamente en la declaración de una sola persona, “lo que genera serias dudas sobre la solidez de la misma”. Además, consideraron que se trata de “una evidente estrategia de represalia y amedrentamiento, que debería motivar por lo menos sospechas en la Fiscalía”.