
Ante la convocatoria de un paro de transportistas, el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, quien anteriormente gritó “viva el autismo”, preguntó a escolares de una nueva Escuela Bicentenario si preferían estudiar o parar, como si dependiera de ellos afrontar la ola de criminalidad en el país y priorizando, por su puesto, un interés político. Su actitud no es sorpresa al recordar que la misma jefa de Estado, Dina Boluarte, hace lo mismo. No solo no otorga una conferencia de prensa hace más de 100 días, sino que está desarrollando un peligroso gusto por dar fuertes anuncios desde las escuelas.
Uno de los más fuertes data del 17 de marzo. Fecha en la que aprovechó su participación en el inicio al Año Escolar 2025 desde la IE N.° 3049 ‘Imperio del Tahuantinsuyo’, en el distrito de Independencia, para lanzar la siguiente advertencia: “A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”. Por si no fuera poco, también dedicó un momento para defenderse, argumentando que los acusan falsamente.
En diálogo con Infobae Perú, Karen Pérez Maraví, miembro de la mesa coordinadora de la Asociación Latinoamericana para la formación y enseñanza de la Psicología (ALFEPSI), y Leonor Suárez Ognio, politóloga y docente en Gestión Pública de la EPG Continental, analizaron la actitud de ambos miembros del Ejecutivo y advirtieron sobre las implicancias para los niños, así como la negativa a rendir cuentas a la ciudadanía.
La psicoterapeuta cognitivo conductual (TCC) y profesora universitaria calificó de preocupante la manifestación de estos discursos y alertó que usar espacios como estos para dar mensajes políticos puede ser visto como una manera de instrumentalizar a los niños con fines ideológicos, lo cual vulnera su derecho a una educación libre, protegido por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. “Exponer a niños a mensajes políticos de alta carga emocional y controversia como por ejemplo la pena de muerte, la violencia o temas polarizantes, pueden tener varios efectos negativos”, entre ellos:
- Desarrollo emocional afectado: “Los niños no tienen todavía la madurez emocional ni cognitiva para procesar ideas complejas como la pena de muerte. Estos mensajes pueden generar ansiedad, miedo o confusión, especialmente si se presentan de forma directa o sin un contexto educativo adecuado”.
- Normalización de la violencia: “Si se habla de la pena de muerte como una solución válida a los problemas sociales, sin un enfoque crítico, los niños pueden internalizar ideas violentas como normales o aceptables, lo que contradice los valores de resolución pacífica de conflictos que se enseñan en la escuela”.
- Confusión de roles y autoridades: “Los niños ven a figuras como el presidente o la maestra como autoridad moral. Si estas figuras presentan temas de manera parcializada, puede distorsionar su sentido crítico o hacerles sentir que deben aceptar una visión sin cuestionamiento”.

En ese sentido, invocó a los padres y profesores a tomar acciones en favor del bienestar de los menores, sobre todo al considerar que protegerlos de contenidos no apropiados es parte de su rol en la etapa de desarrollo. “Ya sea a través de APAFAS (Asociaciones de Padres), consejos educativos o medios públicos, los padres y maestros tienen derecho a pedir que se respete el carácter neutral y protector de la educación básica”. Pero ello no es todo. Según mencionó, dado que las instituciones educativas no deben ser usadas como plataformas de propagandas, “se pueden tomar medidas formales como presentar quejas ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y Defensoría del Pueblo”.
Por su parte, la politóloga y experta en temas de Gestión Pública consideró que la estrategia de brindar estos discursos desde espacios como colegios responde al temor por la rendición de cuentas, el cual implica la obligación de los funcionarios y servidores públicos de explicar a la ciudadanía qué cosas están haciendo con el poder y los recursos que le han sido entregados.
“En algunas sociedades como la peruana, en la que no hay una debida formación en ciudadanía, muchos funcionarios consideran que ellos informan lo que quieren cuando quieren y a quienes quieren. Es un desconocimiento sobre sus obligaciones, o peor aún, una falta de respeto a la ciudadanía, que es ante quien deben rendir cuentas”, mencionó.
Agregó que comparecer ante la prensa, en sesiones en las cuales se pueda hacer las preguntas que la ciudadanía demanda, es la forma en que las democracias modernas permiten a los funcionarios cumplir su obligación y a la ciudadanía ejercer sus derechos. “La prensa es el vehículo de comunicación, de allí que se les denomine ‘medios’, para transmitir los mensajes de ida y vuelta. Su capacidad de difusión les permite llegar a ingentes masas de población de manera efectiva. Entonces, cuando la prensa no puede preguntar directamente se limita el ejercicio del derecho ciudadano”, explicó.

Asimismo, consideró que, incluso bajo el argumento de una prensa supuestamente manipulada por enemigos políticos con el interés de complotar contra el poder de turno, “es menospreciar la capacidad de los peruanos y peruanas de discernir, escuchando las respuestas de sus políticos”.
“Cuando tengamos una mejor democracia, en la que los peruanos y peruanas reconozcan que, cuando ejercen un cargo público están sometidos al escrutinio de la sociedad a través de la prensa, entenderemos que ser político o autoridad no es tener privilegios para elegir qué decir y qué callar, sino, por el contrario, es someter todos sus actos bajo la lupa de los medios”, sentenció.
El silencio de Dina Boluarte frente a la prensa
Aunque prometió distanciarse de su predecesor, Dina Boluarte replica la mala relación que Pedro Castillo tenía con los medios de comunicación. Desde la última conferencia de prensa, dada en octubre del 2024, han pasado más de 100 días. Previo a ello, el panorama era el mismo, pues no recibía a los medios de comunicación desde julio.
Su último recibimiento tampoco estuvo exento de críticas. El intercambio con los periodistas estuvo cargado de momentos de tensión. Boluarte, en varias ocasiones, solicitó a los reporteros que se identificaran con nombre y apellido, en lugar del medio, antes de formular sus preguntas y que se limitaran a un solo tema. Su actitud produjo el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el cual reprobó su actitud confrontacional tras 105 días de silencio. “Su discurso descalificante y su postura irreverente son inadmisibles dada su alta responsabilidad de Estado”, mencionaron.
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