Ratifican prisión para policías que asesinaron a tres manifestantes en paro agrario del 2020

El Poder Judicial ratificó la condena de 10 y 12 años de cárcel a los suboficiales José Hoyos Agip y Víctor Bueno Alva por asesinar a tres manifestantes durante el paro agrario del 2020. Los protestantes rechazaban la Ley de Promoción Agraria, que obreros consideraban injusta por sus bajos salarios y precarias condiciones laborales.

Hoyos irá a prisión por disparar a Jorge Muñoz y deberá pagar a su familia una reparación de 150 mil soles, mientras que Bueno deberá pagar 340 mil por acabar con la vida de un menor de iniciales K. M. R. C. y Reynaldo Reyes. “Esta es la primera sentencia firme por represión en protestas en el Perú”, sostuvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

En agosto del 2024, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ya había decidido sentenciar con 12 años de pena privativa de libertad a Víctor Bueno. La tesis fiscal de la fiscal adjunto provincial Yanet Ñahue Gaona, elaborada el 30 de diciembre del 2020, indica que el efectivo, junto con otros cuatro agentes, fue comisionado a revelar a un grupo de policías que se encontraban en el distrito de Chao, lugar donde se venía desarrollando la medida de fuerza.

Al llegar al kilómetro 514 de la Panamericana Norte, en la provincia de Virú, un oficial de la PNP le ordenó bajar del vehículo en el que se trasladaba con sus colegas, para que brinde apoyo al personal que se encontraba controlando los disturbios. Es en este contexto que el sentenciado hizo cinco disparos que impactaron en las dos víctimas, causándoles la muerte.

El Ministerio Público utilizó pruebas como la declaración de testigos presenciales, fotografías tomadas en el preciso momento en que el acusado realizó los disparos. También se usó pericias de balística forense proveniente de Oficina de Peritaje del Ministerio Público, las cuales concluyeron que la bala encontrada en uno de los cuerpos corresponde al arma del efectivo. Finalmente, se decidió que deberá pagar una reparación civil S/ 90 mil para los deudos de Reynaldo Raúl Reyes Ulloa y S/ 250 mil para los parientes del menor K. M. R. C.

A fines del 2020, trabajadores del sector agroexportador convocaron a un paro. El conflicto, que tuvo epicentro en regiones como Ica, La Libertad y Piura, comenzó como una protesta contra la Ley de Promoción Agraria, que los obreros consideraban injusta por sus bajos salarios y precarias condiciones laborales. A lo largo de varios días, las carreteras fueron bloqueadas, generando una fuerte crisis en el transporte y el abastecimiento de productos.

Los trabajadores exigían la derogación de dicha ley, la mejora de sueldos, teniendo en cuenta que muchos de ellos ganaban un monto mínimo diario sin beneficios laborales completos. Además, pedían que se detengan los abusos por parte de empresas agroindustriales. Denunciaban también el uso de intermediarios o ‘services’ que tercerizaban el trabajo y recortaban derechos.

Durante las manifestaciones, se reportaron enfrentamientos entre protestantes y las fuerzas del orden, que terminaron con la muerte de al menos tres personas, entre ellas un menor de edad. Estos hechos generaron una fuerte condena pública y aumentaron la presión sobre el gobierno del entonces presidente Francisco Sagasti, quien asumió el poder luego de otra protesta contra la violencia policial, durante la gestión de Manuel Merino.

Frente a la presión social y los bloqueos que paralizaron importantes zonas productivas del país, el Congreso derogó finalmente la cuestionada Ley de Promoción Agraria. Días después, se aprobó un nuevo régimen laboral agrario que buscaba mejorar las condiciones salariales y asegurar ciertos beneficios mínimos para los trabajadores.