América Latina: epicentro de la violencia contra defensores ambientales, con 85% de los asesinatos globales en la última década

En un contexto de creciente conflictividad socioambiental, América Latina se ha consolidado como la región más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente. Según el informe más reciente de Global Witness, al menos 2.016 defensores ambientales han sido asesinados en el mundo durante los últimos diez años, y el 85% de estos crímenes ocurrieron en países latinoamericanos. Solo en 2023, se registraron 196 asesinatos, casi la mitad de ellos contra personas indígenas o afrodescendientes.

El informe destaca que Colombia, con 79 asesinatos en 2023, lidera la lista de países más peligrosos, marcando la cifra más alta registrada en un solo país desde que se inició este monitoreo. Le siguen Brasil con 25 casos, México y Honduras con 18 cada uno, y Filipinas con 17. En total, de los 18 países donde se documentaron estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina. En Perú, por ejemplo, se han reportado 35 asesinatos de defensores ambientales en la última década, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

En respuesta a esta alarmante situación, del 7 al 10 de abril se llevó a cabo el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en Basseterre, Saint Kitts y Nevis. Este evento reunió a representantes estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales con el objetivo de avanzar en la implementación del Plan de Acción para Personas Defensoras y desarrollar una guía para la transversalización de género en el marco del Acuerdo de Escazú.

Durante el foro, Dina Juc, autoridad indígena de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), subrayó la necesidad de fortalecer las medidas de protección con un enfoque de género. “Es necesario proporcionar apoyo psicológico y acompañamiento legal a las familias y sobrevivientes de personas defensoras asesinadas. Muchas veces las mujeres quedan viudas y con hijos e hijas menores de edad, sin ninguna protección ante posibles represalias”, afirmó.

Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y también miembro de ALADTI, denunció la falta de acción por parte de los Estados. “A los pueblos nos toca organizarnos porque hay una ausencia del Estado en la aplicación de normativas de protección. Un líder indígena no tiene la misma protección que un funcionario público o un artista. Cuando atacan a un indígena, es como si fuera uno más”, expresó.

El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y vigente desde 2021, es el primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales. Este instrumento legal establece en su artículo 9 que los países deben garantizar entornos seguros, investigar agresiones y adoptar medidas con un enfoque interseccional, priorizando a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Además, exige prevenir y sancionar ataques, así como promover la participación de los defensores en decisiones ambientales.

Sin embargo, su implementación enfrenta importantes desafíos. Hasta la fecha, solo 17 países han ratificado el acuerdo, mientras que naciones con alta conflictividad ambiental como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú aún no lo han hecho, lo que limita su alcance. Según Gianella Guillén, especialista de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), “mientras los proyectos extractivos avanzan, la implementación plena de Escazú y la voluntad política siguen siendo claves para transformar la realidad de quienes defienden la vida en primera línea. Su protección no es solo un derecho: es una deuda de justicia con la Tierra”.

En el marco del foro, Óscar Daza, representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y miembro de ALADTI, propuso garantizar un cupo para representantes indígenas en los espacios de decisión del Acuerdo de Escazú. Según Daza, esta medida permitiría combatir desigualdades históricas y sistémicas, además de asegurar prácticas culturalmente adecuadas y dar voz a quienes han sido criminalizados por su labor en defensa de los derechos humanos y ambientales.

Por otro lado, la ALADTI reafirmó su compromiso de promover la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de un diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. Asimismo, se destacó la importancia de incorporar un enfoque de género en estas iniciativas, un tema que será central en la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, programada para agosto en Ciudad de México.

Aunque algunos países como Chile presentan cifras más bajas de asesinatos (tres casos desde 2012), el contexto no es menos preocupante. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile existen 238 conflictos socioambientales activos, muchos de ellos relacionados con actividades mineras y energéticas. Este panorama refleja la creciente presión de las industrias extractivas, muchas veces ilegales y sin regulación efectiva, sobre los territorios y comunidades locales.

El informe de Global Witness y las intervenciones en el foro subrayan la urgencia de adoptar medidas concretas para proteger a los defensores ambientales en América Latina. La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, junto con un enfoque interseccional y de género, se presenta como una herramienta clave para enfrentar esta crisis y garantizar la seguridad de quienes luchan por la protección de los ecosistemas y los derechos humanos en la región.